Por CyberNews
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La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, presentó acusación contra Tonatiuh Antonio Leal-Matos por violar la Ley de Producción de Defensa al aumentar el precio de equipo de protección personal, mascarillas y toallitas desinfectantes, durante la emergencia del coronavirus, anunció hoy -jueves- W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.
“El acusado sabía que el precio que cobraba por las mascarillas y las toallitas desinfectantes excedía los precios vigentes en el mercado. Vio la devastadora pandemia de COVID-19 como una oportunidad para obtener ganancias ilegales con los PPE necesarios”, dijo Muldrow en comunicación escrita.
“Las autoridades policiales federales y estatales continuarán interviniendo cada vez que los especuladores y estafadores violen la ley al capitalizar el miedo del público a enriquecerse”, advirtió.
Según las alegaciones del Gobierno, entre abril y julio de 2020, Tonatiuh Antonio Leal-Matos vendió mascarillas y toallitas desinfectantes PPE con un margen de beneficio sustancial y a precios superiores al precio de mercado vigente.
Leal-Matos operaba los perfiles de Facebook en línea “Pide Que Hay”, “COVID Plaza”, “Miami Collection PR” y “Club Gafas” que se utilizaron para publicitar y vender esos productos.
El acusado acumuló más de 5,000 mascarillas que cubrían la nariz y la boca del usuario. Algunas de las máscaras faciales que acumuló el acusado ofrecían protección contra materiales particulados a un nivel de eficiencia de filtración N95, mientras que otras no.
El acusado vendió las máscaras que adquirió por entre $10 y $35 por mascarilla; estos precios de venta fueron al menos dos veces su costo de adquisición.
Tonatiuh Antonio Leal-Matos también vendió la mayoría de las toallitas desinfectantes de grado clínico que acumuló en varias transacciones. El demandado compró contenedores de toallitas desinfectantes de grado clínico por $6.95 por contenedor y posteriormente vendió esas toallitas desinfectantes por aproximadamente $39 por contenedor, con un margen de beneficio de aproximadamente 461%. El precio del fabricante por cada contenedor era de aproximadamente $6.75 a $8.45.
La fiscal federal Marie Christine Amy, de la Unidad de Corrupción y Fraude Financiero, está a cargo del procesamiento del caso. Si es declarado culpable de los dos cargos, el acusado enfrentaría hasta dos años de prisión y una multa de hasta $20,000.
