Por Redacción Es Noticia
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La gobernadora Jennifer González Colón defendió la decisión de cancelar el contrato con Physician Correctional, empresa encargada de brindar servicios médicos a la población correccional, luego del asesinato cometido por Hermes Ávila Vázquez, un confinado que fue liberado bajo pase extendido por razones médicas. González calificó el manejo del caso como un acto de “negligencia” y sostuvo que no permitirá que continúe una contratación bajo esas condiciones.
“Soltaron a este preso, lo tiraron a la calle y mató a la mujer. Eso es negligencia. Yo no voy a permitir un contrato así”, expresó la mandataria.
Las declaraciones se producen en momentos en que Physician Correctional ha demandado al Estado para impugnar la cancelación del contrato, que tiene vigencia hasta 2028 y está valorado en $11 millones anuales. En su recurso judicial, la empresa alega violaciones constitucionales, incumplimiento de contrato y represalias político-partidistas.
“La negligencia fue del Estado”, responde empresa
El abogado Frank Torres-Viada, representante legal de Physician, rechazó las imputaciones de negligencia y aseguró que la evaluación médica del confinado Ávila Vázquez fue realizada conforme al reglamento vigente. Además, argumentó que fue el Estado el que falló al evaluar los criterios sociales y penales necesarios para conceder el pase extendido.
El abogado añadió que la condición incapacitante del confinado fue validada por varios especialistas, incluyendo médicos del Fondo del Seguro del Estado, y que las auditorías utilizadas por el gobierno para justificar la cancelación fueron realizadas por una firma sin experiencia en entornos correccionales, aplicando criterios incorrectos.
Señalan represalias políticas
Los abogados de la empresa alegaron entretanto que la cancelación del contrato responde a represalias políticas. Según indicaron, los dueños de Physician Correctional apoyaron la candidatura del exgobernador Pedro Pierluisi en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP), y afirman que González Colón había prometido cancelar el contrato durante su campaña.
“Esto es un caso de discrimen político. La propia Gobernadora dijo en campaña que cancelaría este contrato, y ahora el secretario ejecuta esa orden”, sostuvieron los abogados.
El contrato con Physician fue renovado en 2023 por cinco años bajo la administración de Pierluisi.
