La gobernadora Jenniffer González Colón evitó hoy -martes- adelantar si removerá de su cargo a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, ante las investigaciones relacionadas con supuestas irregularidades en gastos de viajes oficiales y los reclamos para que se aparte de la dirección de la agencia.
“Vuelvo y te digo, esto está bajo investigación de no solamente agencias estatales, agencias federales. Yo no voy a permitir que nos desenfoquemos de la gestión que se tiene que hacer en uno de los departamentos precisamente más delicados que tiene que ver con niños, que tiene que ver con adultos mayores, donde hay tantas cosas ocurriendo”, respondió González Colón a la prensa.
La mandataria fue cuestionada sobre las expresiones del alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, quien planteó que la funcionaria debería abandonar el cargo debido a la controversia, sin que ello implique dar por probados los señalamientos.
Las investigaciones incluyen referidos sobre alegadas inconsistencias en el reembolso de gastos de viajes oficiales y declaraciones ofrecidas ante el Senado.
“Así que estamos ya en principio de noviembre. Esto es un asunto que yo voy a seguir atendiendo”, expresó la gobernadora.
Cuando se le insistió sobre la importancia de la agencia y las repercusiones de los cuestionamientos, González Colón reiteró su respuesta.
“Precisamente voy a seguir atendiendo”, sostuvo.
La mandataria también reaccionó a la querella administrativa presentada por la Oficina de Ética Gubernamental contra la exsubsecretaria de la Gobernación, Itza Marie García Rodríguez, por alegadamente intervenir en gestiones contractuales que beneficiaron a su pareja sentimental.
“Bueno, yo creo que eso va a tener que explicarlo y va a tener que probarlo y defenderse de esas imputaciones”, expresó González Colón.
Según la querella de Ética Gubernamental, García Rodríguez habría intervenido en gestiones relacionadas con un contrato de 120,000 dólares entre el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Oficina de Gerencia de Permisos y la empresa Next Wave Solutions, LLC, representada por Luis Alberto Sánchez Andino, con quien compartía residencia.
La agencia atribuyó a la exfuncionaria presuntas violaciones a disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental relacionadas con conflictos de intereses y actuaciones que ponen en duda la imparcialidad de la función pública.
En otro asunto, González Colón también reaccionó a los señalamientos relacionados con el supuesto traslado de estudiantes de Loíza a una actividad en Camuy sin autorización de sus padres, controversia vinculada mediante un referido al senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez.
“Son unos señalamientos bastante serios que involucran menores en Puerto Rico. En este momento hay investigaciones corriendo tanto en el Departamento de Educación como en el Departamento de Justicia, así que están en una fase de investigación. Vamos a esperar a ver qué arrojan esas investigaciones”, sostuvo la gobernadora.
