La gobernadora Jenniffer González Colón confirmó el martes que el suministro de gas natural de New Fortress Energy se agotó durante la madrugada del sábado y anunció que su administración inició negociaciones con Crowley y Naturgy para conseguir combustible de proveedores alternos.
La gestión ocurre luego de obtener una orden del Tribunal federal que permite gestionar el acceso a las instalaciones utilizadas por la empresa.
“A esos efectos, en el día de ayer hubo reunión con Crowley y estuvieron visitando las instalaciones, así que estamos esperando la información para el suplido de gas natural a la zona de San Juan. Y mañana llega el grupo que viene de España con Naturgy, que es la otra compañía, porque estamos buscando más de un suplidor”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.
La mandataria explicó que representantes de Crowley visitaron las instalaciones el lunes, mientras que una delegación de Naturgy llegará el miércoles para evaluar las facilidades y discutir posibles acuerdos de suministro.
“Así que estamos en este momento en dos negociaciones, una con Crowley, mañana llega el grupo de España de Naturgy para ver las facilidades y poder establecer contrataciones. Vamos a ver cuál es la mejor oferta que se le hace al pueblo de Puerto Rico para bajar los costos de gas natural”, expresó.
González Colón confirmó que el combustible disponible de New Fortress se agotó antes de la fecha que la empresa había estimado durante una vista pública de la Cámara de Representantes.
“Por eso, el pasado sábado de madrugada se acabó el suplido de gas natural que suplía New Fortress”, sostuvo.
La gobernadora indicó que las unidades generatrices de San Juan y Palo Seco están utilizando diésel, combustible más costoso que el gas natural, mientras se atiende la situación.
Las negociaciones ocurren luego de que el juez federal Pedro A. Delgado Hernández concediera un interdicto provisional solicitado por la Autoridad de Energía Eléctrica para facilitar el acceso de otros suplidores a las instalaciones de NFEnergía.
La orden obliga a la compañía a identificar las instalaciones disponibles para recibir y procesar combustible de terceros, entregar información operacional y abstenerse de obstaculizar el suministro alterno.
González Colón sostuvo que la determinación judicial permite activar una disposición contractual incorporada durante su administración, conocida como tolling, que contempla el uso de la infraestructura de New Fortress cuando la empresa no pueda cumplir con las entregas.
“Eso fue parte de las enmiendas que logramos incluir en ese contrato. Así que esto es lo que se incluyó por parte del tribunal, el Tolling Agreement, así que el tribunal determinó que en efecto se puede conseguir un tercer suplidor”, indicó.
La mandataria explicó que la administración busca evitar que Puerto Rico dependa nuevamente de una sola empresa para obtener gas natural.
“Yo creo que después de la experiencia que el gobierno de Puerto Rico ha tenido con una contratación exclusiva para proveedor de gas natural, nosotros vamos a estar buscando múltiples proveedores”, afirmó.
Según González Colón, también se examina una tercera alternativa de suministro, aunque no identificó a la compañía.
En cuanto a la posibilidad de cancelar el contrato de New Fortress, la gobernadora sostuvo que no descarta esa medida, pero advirtió que una terminación contractual no resolvería por sí sola los derechos de uso sobre las instalaciones portuarias.
“Nosotros no descartamos, ¿verdad?, el que estos contratos se cancelen, pero tenemos que hacerlo como el tribunal nos está pidiendo que sea”, expresó.
La mandataria atribuyó las dificultades actuales a los acuerdos de largo plazo negociados en 2018 y sostuvo que su administración tuvo que incorporar mecanismos para permitir la entrada de suplidores adicionales.
“Así que al final del camino estamos hablando de tener acceso a ese muelle, que es uno de los elementos que con la cancelación del contrato no resuelves, que es volver a tener acceso. Por eso, en este momento tenemos que resolver tener el gas, ¿verdad?, tener el acceso a que tengamos el servicio para que se le abarate el costo a la gente”, sostuvo.
González Colón recordó que el Gobierno mantiene una reclamación judicial superior a 100 millones de dólares por los costos adicionales relacionados con el uso de combustible sustituto.
“Tenemos una reclamación de más de 100 millones de dólares, que es lo que el gobierno de Puerto Rico ha incurrido y que obviamente una vez se adjudique y se pague, nosotros solo tenemos que adjudicar a la factura de la gente, porque cuando tú gastas el diésel, significa que estás cobrando, estás pagando más por la electricidad”, expresó.
Mientras continúan las negociaciones, la gobernadora indicó que también se evalúan propuestas de alivio económico para consumidores residenciales y comerciales afectados por el aumento en las facturas eléctricas.
“Así que hemos identificado posibles fuentes para mitigar eso para los meses de noviembre y diciembre. Así que estamos trabajando los números y trabajando la data que nos ha pedido la Junta”, sostuvo.
