Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
La gobernadora Jenniffer González Colón informó que no ha visto el informe preparado por el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, relacionado con el caso del centro de inspección vehicular que fue propiedad de la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, por lo que el documento fue remitido al Departamento de Justicia para su evaluación.
“Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no he querido intervenir de ninguna manera en ese proceso porque ya hay unas querellas. Ustedes recordarán que yo le había pedido al secretario de Transportación y Obras Públicas un informe sobre qué había encontrado él en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, sobre el trámite que se le adjudica a la secretaria de Vivienda, que no tiene que ver con su función como secretaria”, expresó la mandataria en conferencia de prensa.
La gobernadora indicó que el titular del DTOP sometió el informe a Justicia el viernes de la semana pasada, mientras ella se encontraba en Washington, y recalcó que no ha discutido el contenido del documento ni se ha reunido con el funcionario para evaluarlo. Asimismo, señaló que legisladores radicaron querellas ante Justicia, por lo que corresponde a esa agencia atender el asunto.
Según González Colón, el foro correspondiente es el Departamento de Justicia, que deberá aquilatar las querellas y la información sometida por el DTOP para determinar si hubo alguna irregularidad que ponga en entredicho la conducta de la secretaria de Vivienda en su ámbito personal.
La controversia gira en torno a presuntas irregularidades operacionales en el centro de inspección vehicular Yabucoa Auto Services, negocio que estuvo registrado a nombre de Pérez Peña hasta finales de 2025. Entre los señalamientos, se le acusa de haber utilizado sus influencias para propiciar la destitución del exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP, Arturo Deliz Vélez, tras hallazgos relacionados con la operación del establecimiento.
El DTOP confirmó que detectó irregularidades y que realizaba una evaluación administrativa, mientras que el Departamento de Justicia acogió los referidos a través de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), que tiene hasta el 9 de marzo para determinar si asume el caso o lo refiere al Panel del Fiscal Especial Independiente.
La gobernadora insistió en que no intervendrá en el proceso investigativo y que no trabajará con especulaciones. “Como gobernadora no intervine ni voy a intervenir en el manejo de esa información”, sostuvo, al tiempo que expresó que espera que la investigación se atienda con celeridad y transparencia.
Además, subrayó que las querellas no están relacionadas con las funciones oficiales de Pérez Peña al frente del Departamento de la Vivienda, por lo que la mantendrá en su cargo mientras Justicia completa la investigación. “Ninguna de estas querellas incide sobre la función de la secretaria en gestiones de vivienda”, afirmó.
Por su parte, Pérez Peña ha reiterado públicamente que no renunciará y sostuvo que no ha cometido ninguna ilegalidad, al asegurar que estaba desvinculada del negocio antes de asumir el cargo público. Sin embargo, documentos divulgados apuntarían a que figuró como dueña del centro de inspección hasta diciembre de 2025 y que realizó gestiones relacionadas con su operación en años recientes.
González Colón también enfatizó que la agencia de Vivienda continúa operando con normalidad y que los trabajos de reconstrucción y los servicios no se verán afectados mientras se dilucida la controversia.
