Por Redacción Es Noticia
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La administración de la gobernadora Jenniffer González Colón presentó ante el Tribunal Superior de San Juan un nuevo recurso de sentencia declaratoria contra LUMA Energy LLC, con el objetivo de impugnar la validez de la llamada Carta de Extensión del 30 de noviembre de 2022 y solicitar remedios adicionales en protección del interés público.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria expresó que el gobierno está preparado para enfrentar posibles dilaciones por parte de la empresa. “Estamos conscientes de que van a buscar seguir atrasando los procesos para no ser responsables de lo que el gobierno de Puerto Rico le ha venido pagando por todo este tiempo. Pero estamos listos. Sabíamos que esto venía y tenemos varios recursos preparados para cualquier acción que venga de esta empresa”, sostuvo.
En el recurso judicial, el Gobierno de Puerto Rico solicita al tribunal que emita una sentencia declaratoria y remedios equitativos actuando en su carácter de parens patriae, es decir, como representante del interés público y protector de la ciudadanía, más allá de su rol como parte contractual afectada.
Entre los reclamos principales, el Ejecutivo solicita que se declare nula, inválida y sin efecto jurídico la Carta de Extensión firmada en 2022. Asimismo, pide que se determine que LUMA mantiene la obligación de colaborar en una transición ordenada, incluyendo la entrega de datos operacionales, expedientes, sistemas y la coordinación de personal, conforme a lo dispuesto en el contrato original.
El gobierno también solicita que el tribunal ordene cualquier remedio adicional necesario para proteger el interés público y garantizar una transición ordenada, transparente y segura del sistema eléctrico, tomando en consideración la emergencia energética que enfrenta el país y el bienestar general de la ciudadanía.
En la demanda se argumenta que la Carta de Extensión fue suscrita de manera ultra vires, en contravención al derecho puertorriqueño, y que su nulidad conlleva el fin automático del acuerdo interino bajo el cual LUMA pretende operar el sistema eléctrico. De igual forma, se solicita que se declare la terminación del contrato de Operación y Mantenimiento de Transmisión y Distribución (T&D OMA), ambos con fecha del 22 de junio de 2020, conforme a sus propios términos.
El escrito sostiene que la extensión indefinida del contrato eliminó ilegalmente el término fijo de dieciocho meses del acuerdo suplementario y lo sustituyó por un plazo condicionado al arbitrio exclusivo de LUMA, lo que —según el gobierno— viola la Ley de Alianzas Público Privadas (Ley 29), la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico (Ley 120) y el Código Civil de Puerto Rico.
Además, el Gobierno argumenta que la Carta de Extensión no fue aprobada válidamente por la Junta de la APP, careció del voto afirmativo de los representantes del interés público, no obtuvo el Certificado de Cumplimiento Energético del Negociado de Energía y nunca fue sometida a aprobación legislativa ni al aval de la Gobernadora, como exige la ley.
Finalmente, la demanda plantea que mantener a LUMA operando bajo un acuerdo indefinido, más oneroso y sin métricas claras de desempeño, ha perpetuado un servicio eléctrico deficiente que pone en riesgo la salud, la seguridad pública y la estabilidad económica del país, en un contexto ya reconocido de emergencia energética.
