Por Redacción Es Noticia
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La Junta de Supervisión Fiscal reiteró su preocupación sobre las leyes de los sistemas de retiro que fueron aprobadas y que considera tendrían costos «inasequibles» para el Gobierno.
«Nuestro propio análisis muestra que estas leyes crearán costos enormes e inasequibles, a largo plazo, para el Gobierno. No obstante, seguiremos trabajando con el Gobierno y analizando la información que ha provisto, así como la información adicional que esperamos nos proveerá durante esta semana», señaló el organismo en declaración escrita.
«La historia de legislar aumentos en los beneficios de retiro, que han probado ser inasequibles o simplemente no eran financiados adecuadamente, representa una de las causas principales de que exista hoy un sistema de retiro prácticamente sin fondos».
Recordó que el pasado año publicaron un análisis independiente y comprehensivo sobre los sistemas de pensión del Gobierno, el cual reveló numerosas deficiencias.
El informe está disponible en la página web de la Junta de Supervisión en el siguiente enlace.
Explicó que le dieron seguimiento al Gobierno de Puerto Rico para que entregara la información restante y un análisis del efecto fiscal de las Leyes 80, 81 y 82 del 2020, con tal de poder determinar si estas leyes, que expanden los beneficios de retiro para los empleados públicos, son financieramente factibles al presente y en el futuro.
«Hasta la fecha, el Gobierno no ha provisto la información requerida para tomar una determinación fiscalmente responsable sobre si puede pagar los aumentos en beneficios que ha propuesto para los futuros jubilados en el servicio público, o si ha analizado concienzudamente el efecto fiscal de estas leyes antes de aprobarlas», indicó.
La Junta de Supervisión dijo que tratarán de resolver esta situación lo antes posible. «Hemos recibido muchos correos electrónicos y mensajes de empleados públicos que piensan planificar para su retiro a la luz de estos estatutos. Esos empleados merecen un grado de certidumbre que no se puede proveer sin un análisis apropiado sobre el costo y viabilidad de estos decretos», señaló el organismo.
Los beneficios de retiro son uno de los compromisos más importantes que cualquier gobierno puede llevar a cabo, advirtió.
«El Gobierno de Puerto Rico debe asegurar que realmente puede costear las promesas que les hace a aquellos que dedican su vida profesional a servir al pueblo, velar por nuestra seguridad y educar a nuestros hijos».
«La Junta de Supervisión trabajará con el Gobierno de Puerto Rico para asegurar de que solo se hagan las promesas que se puedan cumplir. Ese es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y nuestro mandato bajo PROMESA”, advirtió.
