Por Redacción Es Noticia
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El Departamento de Justicia realiza un adiestramiento multidisciplinario para capacitar y certificar como peritos a funcionarios y ciudadanos que ofrecen servicios directos a las víctimas sobrevivientes a los fines de que puedan declarar en el tribunal como expertos en el tema de estrangulamiento.
Esta actividad denominada Curso Experto: Certificación como Perito en Casos de Estrangulamiento No Fatal se celebra junto al Instituto de Prevención de Estrangulamiento, los días 29 al 31 de mayo, e impacta a sobre 300 funcionarios y personal de organizaciones no gubernamentales, entre los que se encuentran fiscales, jueces, enfermeros, policías, investigadores forenses, doctores en medicina, psicólogos, trabajadores sociales, educadores y primeros respondedores, entre otros.
“Los participantes podrán ser cualificados como peritos en el tema de estrangulamiento, lo que permitirá mejorar su función y desempeño, público o privado, para fortalecer las investigaciones, el procesamiento adecuado de los casos y la atención médica que ameritan las víctimas adultas y pediátricas que sobreviven”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
“Los peritos nos ayudan a presentar casos más sólidos en el tribunal y facilitan la comprensión de la prueba, tanto a los jueces como a los jurados. De esta forma, procesaremos esta conducta con el rigor que amerita, pues estudios demuestran que quien comete estrangulamiento no fatal es un potencial asesino y que su víctima tiene un riesgo de 700% de morir a manos de éste. El adiestramiento nos permite procesar efectivamente a potenciales feminicidas, lo que contribuye a la prevención de muertes”, añadió el titular de Justicia.
La actividad, que se realiza en el hotel Caribe Hilton, cuenta con recursos experimentados en el tema de estrangulamiento fatal y no fatal. Entre los conferenciantes, se encuentran educadores del Training Institute on Strangulation Prevention de San Diego, organización internacional líder enfocada en el adiestramiento de profesionales para la identificación, documentación, investigación y procesamiento de casos de estrangulamiento en relaciones de pareja.
Dicha organización ha colaborado en casos de alto perfil en los Estados Unidos y se ha dedicado a educar, prevenir y alertar sobre las consecuencias del estrangulamiento no fatal en las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual.
“Esta iniciativa es parte del compromiso continuo del Departamento de Justicia en combatir la violencia de género. La capacitación de fiscales y peritos en temas especializados tiene el objetivo de maximizar las destrezas necesarias para el procesamiento efectivo de este tipo de casos para poder probarlos más allá de duda razonable”, puntualizó la jefa de fiscales, Jessika Correa González.
El evento es organizado por la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores (DCUE) del Departamento de Justicia con el apoyo de la Oficina de la Jefa de los Fiscales. Los participantes se reúnen en mesas de trabajo multidisciplinarias para educarse, promover la discusión, trabajar en equipo, conocer la función de los demás y establecer nuevas estrategias que tengan como fin mejorar la respuesta a las personas que sobreviven estos actos.
Los casos de estrangulamiento no fatal son frecuentemente minimizados y malentendidos por los profesionales que intervienen en estos incidentes. «La certificación ofrece una capacitación de altura a todos los funcionarios, fiscales, agentes y primeros respondedores que se encargan de trabajar en los casos de estrangulamiento. Al completarlo, los participantes podrán explicar al juzgador de los hechos aspectos como la ausencia de lesiones visibles, cómo el trauma afecta el cerebro y por qué las víctimas se retractan, entre otros”, explicó la fiscal Laura Hernández Gutiérrez, directora de la DCUE.
El adiestramiento especializado también permitirá implementar adecuadamente las disposiciones de la nueva ley que tipifica el delito de estrangulamiento, para disminuir la incidencia de feminicidios y crear consciencia social sobre los peligros, riesgos y consecuencias a la salud física y mental en los casos de estrangulamiento no fatal.
La Ley 71-2024 define y tipifica este tipo de conducta en sus distintas modalidades, y lo incorpora en el Código Penal, la Ley 54-1989 y la Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores. Al mismo tiempo, dicha ley ordena al Departamento de Salud a crear un protocolo de atención y servicios médicos a las personas que sufren este tipo de ataque. Puerto Rico se unió a 49 estados que cuentan con legislación en este tema.
