Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
El Departamento de Justicia demandó a más de 30 convictos por corrupción para recobrar los fondos públicos y los daños que le ocasionaron al pueblo mediante esquemas ilegales que han provocado pérdidas millonarias a las arcas gubernamentales.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, reveló hoy -miércoles- que, tras un análisis jurídico completo y meticuloso, el Departamento de Justicia presentó las 15 demandas ante el Tribunal de San Juan, fundamentadas en el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, por una cuantía total que supera los $30 millones.
Entre los primeros demandados por el Departamento de Justicia figuran:
Exalcaldes:
- Abel Nazario Quiñones – Yauco
- Eduardo Cintrón Suárez – Guayama
- Ángel Pérez Otero – Guaynabo
- Luis Arroyo Chiqués – Aguas Buenas
- Félix Delgado Montalvo – Cataño
- José Luis Cruz Cruz – Trujillo Alto
- Javier García Pérez – Aguas Buenas
- Reynaldo Vargas Rodríguez – Humacao
Exlegisladores:
- María Milagros Charbonier
- Nelson Del Valle Colón
- Néstor A. Alonso Vega
Codemandados:
- Oscar Santamaría
- Orlando Montes Rivera
- Frances M. Acevedo Ceballos
- Javier Benítez Cardona
- Edwin Torres Gutiérrez
- Claribel Rodríguez Canchani
- Humberto Oscar Pagán Sánchez
- Kelvin Ortiz Vergara
- Ramón Enrique Martes Negrón
- Juan Rosario Núñez
- Erick Rondón Rodríguez
- Eugenio García Jiménez
- Stephen Kirkland
- Alejandro José Riera Ferrnández
- Joseph Kirkland
- Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry
- Roberto Mejil Tellado
- Raymond Rodríguez Santos
- Mario Villegas Vargas
Corporaciones:
- J. R. Asphalt, Inc.
- Waste Collection Corp.
“Vamos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño y a reclamarles una cuantía que suma tres veces el daño causado por parte de quienes se han apropiado ilegalmente de los fondos públicos», expresó el Secretario de Justicia.
Explicó que el Código Anticorrupción permite reclamar, mediante demandas civiles en la jurisdicción estatal, el dinero público malversado o apropiado ilegalmente, ya sea por parte de funcionarios o personas del sector privado que le han fallado a Puerto Rico.
«La indemnización monetaria es equivalente al triple del daño económico ocasionado al Gobierno de Puerto Rico mediante actos de corrupción”, indicó.
A los fines de asegurar el pago de las sentencias, el Código Anticorrupción establece que el Estado podrá solicitar al tribunal cualquier orden provisional que sea necesaria. “El tribunal podrá conceder cualesquiera de los remedios provisionales dispuestos en las Reglas de Procedimiento Civil incluyendo sin que se entienda como una limitación el embargo, el embargo de fondos en posesión de tercero y la prohibición de enajenar”, lee el estatuto.
“Con esta acción enviamos un mensaje claro y contundente de que la corrupción tiene consecuencias severas en Puerto Rico. Esperamos que sea un disuasivo el tener que devolver con creces lo que le han robado al pueblo que depositó su confianza en muchos de ellos. Cuando lo comiencen a sentir en sus propios bolsillos y tengan que pagar con su patrimonio, lo pensarán mil veces antes de tocar el dinero que les pertenece a los ciudadanos, a quienes les fallaron”, destacó el titular de Justicia.
