Por Redacción Es Noticia
Carmelo Ríos, portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, radicará una medida que propone crear la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos.
El Proyecto del Senado 48 detalla que la oficina tomará acciones en contra del abuso, la negligencia u otras formas de negación de derechos. Además, buscará garantizar que se implementen los programas requeridos para personas con impedimentos.
Asimismo, contará con una Junta de Directores que velará la gobernanza, autonomía, transparencia, rendición de cuentas y fiscalizará el cumplimiento de las metas. La junta consistirá de 13 miembros, la mayoría de los cuales deberán ser representantes de la población de personas con impedimentos y conocedores de este tema.
La Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos, además, proveerá asistencia legal o administrativa para la defensa de sus derechos, investigar incidentes de abuso o negligencia y capacitar a funcionarios sobre derechos de esta población, entre otros.
Aunque ya existe la Defensoría de Personas con Impedimentos, Ríos señaló que “se ha visto plagada de irregularidades y señalamientos por parte del gobierno federal”.
“Es urgente la aprobación de una legislación con la cual se establezca una entidad pública independiente que opere exclusivamente conforme a los requerimientos de las leyes federales. Con la misma se logrará que los fondos no estén catalogados como alto riesgo, se mantenga el personal y las facilidades para ofrecer los servicios. Además, garantizar la protección y defensa que tanto necesita esta población”, afirmó Ríos en declaraciones escritas.
“La implementación de un programa federal exigido para la subvención de los fondos, no puede depender de las decisiones administrativas del estado ni afectarse por la dinámica y controversias de la dirección de la defensoría ni cualquier otra entidad que brinde servicios, como ha sucedido hasta el momento. Con esta ley se viabiliza una política pública enfocada en aumentar la autonomía, fiscalización y rendición de cuentas”, agregó.
