Por Luis Valentín Ortiz
Centro de Periodismo Investigativo
CPI – En abril de 2025, el secretario de la Gobernación Francisco Domenech anunció la firma de una orden administrativa que, según él, pondría control y transparencia a los cabilderos en el Gobierno. “Es la primera vez que se emiten normas”, dijo entonces Domenech, quien fue cabildero durante casi 15 años.
A un año de este anuncio, hay agencias y cabilderos que incumplen con el memorando y con varias de las normas que rigen el ejercicio de esta práctica en Puerto Rico, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Por ejemplo, el memorando 2025-001 requiere a los cabilderos que notifiquen por escrito a una agencia antes de realizar cualquier gestión a favor de sus clientes, como sería solicitar una reunión o presentar alguna propuesta. Al recibir esta notificación, y antes de atender cualquier solicitud, las agencias tienen que asegurarse de que los cabilderos están debidamente enlistados en el Registro de Cabilderos que mantiene el Departamento de Justicia, añade el memorando.
Como parte de una demanda por acceso a información pública, el CPI pidió a la Oficina de la Secretaría de la Gobernación (OSG) todas las comunicaciones, investigaciones realizadas y consultas recibidas de parte de entidades públicas relacionadas a la directriz de Domenech.
La OSG contestó que no tiene documentos en sus archivos que respondan a la solicitud del CPI.
Además, tres de las principales agencias del Gobierno —el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y el Departamento de la Vivienda— aseguraron al Tribunal que no tienen comunicaciones recibidas de parte de cabilderos, según ordenan las directrices anunciadas por Domenech. Lo mismo ocurrió con la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), una entidad cuya ley orgánica le permite recibir propuestas del sector privado, sin la necesidad de que haya un proceso de subasta o de solicitud de propuesta vigente.
Antes de presentar la demanda, la Oficina de Tecnología e Innovación (PRITS) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ya habían rechazado al CPI tener documentos relacionados al memorando.
Esto supondría que, durante casi un año, ninguna de las seis entidades públicas recibió acercamientos o visitas de cabilderos, o que incumplieron con lo dispuesto por la orden de Domenech, según lo que consignaron en sus respuestas. De existir documentos en su posesión relacionados al memorando 2025-001, estarían mintiendo al tribunal, lo que conlleva posibles sanciones y multas.
Tras la solicitud del CPI, Salud entregó un nuevo protocolo que implementó para hacer cumplir el memorando 2025-001, además de documentos relacionados a un adiestramiento que brindó internamente sobre este asunto. También entregó una hoja donde asegura que registrará a los cabilderos que visiten esa oficina para realizar trámites a favor de sus clientes.
Educación entregó solo un correo electrónico que instruye a sus empleados a incluir en los contratos de la agencia el lenguaje que requiere el memorando de Domenech.
En el caso de Vivienda y la AAPP, estas entregaron al tribunal “certificaciones negativas” en las que aseguran que no tienen ningún documento, comunicación, reglamento o bitácora relacionado a la implementación del memorando 2025-001 emitido por Domenech desde La Fortaleza.
Lo ocurrido con el nuevo memorando de Domenech es un reflejo más de la ruta que han tenido los esfuerzos para regular la práctica del cabildeo en Puerto Rico: proyectos de ley detenidos, implementación nula o a medias, y el incumplimiento de personas que ejercen labores de cabildeo sin estar registrados en el Departamento de Justicia, la Cámara o el Senado.
Una supuesta “guerra de cabilderos”
Tres fuentes dijeron al CPI por separado que existe una guerra entre varios grupos de cabilderos desde que comenzó la administración de Jenniffer González Colón.
Algunas de estas batallas han aflorado en la discusión pública, como la de Genesis Security y GM Group. Las dos compañías de seguridad, que durante años han tenido millones de dólares en contratos gubernamentales, se han visto las caras en más de una ocasión en subastas por servicios en las agencias de mayor presupuesto, como Educación y Salud.
Según el Registro de Cabilderos, Politank representa los intereses de GM Group. Su competidor, Genesis Security, no aparece como cliente en el Registro de Cabilderos de Justicia, como tampoco en el de la Cámara ni en el del Senado.
Al menos cuatro fuentes dijeron al CPI que hay personas que ejercen funciones de cabildeo, pero que no están registrados. Tres de estas fuentes identificaron casos cercanos a la administración de Jenniffer González Colón, como el director de finanzas de su campaña, Oriol Campos, el ex secretario de Estado y contratista del Gobierno, Raúl Márquez, y el colaborador de la Gobernadora y contratista de AAFAF, Michael Ayala.
Ninguno aparece registrado como cabildero en Justicia.
Tanto Márquez como Campos negaron categóricamente que realicen actividades de cabildeo ante el Gobierno.
“No soy ni he sido cabildero en ningún momento. No realizo ni he realizado actividades de cabildeo ante el Gobierno de Puerto Rico ni ante sus cuerpos legislativos. Por consiguiente, no existe obligación alguna de registro a esos fines”, contestó Márquez.
Por medio de su firma Legislative Assessment, el abogado y esposo de la principal asesora legal de la Gobernadora, Lylybeth Echeandía, tiene contratos que suman $200,000 con la AAPP, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles y el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales. Desde el año pasado, Márquez también aparece como la persona autorizada del Estudio Legal Echeandía y Asociados, una entidad que tiene poco más de $415,000 en contratos vigentes con la Compañía de Turismo, la Autoridad de Edificios Públicos y varios municipios.
En el caso de Campos, éste también negó ser cabildero. “No soy cabildero. No cabildeo proyectos ante la Legislatura, ni en el ejecutivo. Soy abogado licenciado y brindo servicios de asesoría legal a empresas en el sector privado, con particular énfasis en derecho administrativo, corporativo y de recursos humanos”, dijo Campos.
Otra vez Politank
La semana pasada, en anticipo a la Comisión Total que convocó para este martes, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz envió una carta con quince páginas de preguntas dirigidas a Domenech y cuyo tema principal es su relación con Politank.
Una de las figuras mencionadas en el documento es Michael Ayala, un exasesor de asuntos federales de la Gobernadora y amigo cercano de Domenech. Desde febrero, es contratista de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), que dirige Domenech, por medio de su firma Stonepath Solutions, según publicó el CPI en diciembre.
Al menos cuatro fuentes identificaron por separado a Ayala como cabildero, a pesar de que no está registrado en el Departamento de Justicia. Dos de las fuentes lo ubican como cabildero de IEM, un contratista de Vivienda en temas de reconstrucción. Según la carta de Rivera Schatz, Ayala también habría realizado gestiones en Educación.
El CPI contactó a Ayala para una reacción, pero no obtuvo respuesta.
La misiva del Presidente senatorial señala que los clientes de Politank han visto un aumento en los negocios que realizan con el Gobierno de Puerto Rico, desde que inició la administración González Colón en enero de 2025.
El CPI preguntó a Domenech, por medio de su oficial de prensa, si ha intervenido a favor de Politank o sus clientes, y qué medidas ha tomado para evitar conflictos en asuntos relacionados a la firma de cabildeo que fundó en 2010, pero no obtuvo respuesta.
En una entrevista con El Nuevo Día en mayo de 2025, el funcionario rechazó que haya “atendido asuntos de Politank, que haya referido sus clientes a agencias de gobierno o terceros, o que le haya recomendado a alguien contratar sus servicios”.
El Secretario de la Gobernación —quien goza de amplios poderes sobre los procesos de contratación en el Gobierno por virtud de la orden ejecutiva 2025-008— nunca ha revelado qué medidas, si alguna, ha tomado para evitar conflictos en asuntos relacionados a Politank.
En octubre del año pasado, el CPI reveló que de las 25 compañías que Politank identifica como clientes, casi la mitad había conseguido o renovado contratos con el Gobierno en el 2025, por más de $295 millones. Además, el ex contralor electoral y actual presidente de Politank, Manuel Torres Nieves, aseguró al CPI que él es el único dueño de la firma de cabildeo y negó la existencia de socios pasivos en la entidad, algo que ha sugerido el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
“Las acciones de Politank se dividen entre mi persona, como accionista principal, y la propia corporación”, dijo entonces Torres Nieves.
Fue en este contexto de denuncias contra Politank durante el comienzo de este cuatrienio que el Secretario de la Gobernación convocó a la prensa en abril de 2025 para anunciar las normas “sin precedentes” que regularían las actividades de cabildeo en el Gobierno bajo la administración de Jenniffer González Colón.
Para verificar el cumplimiento con esta directriz, el CPI solicitó en noviembre a seis entidades públicas las comunicaciones, documentos y registros que tuvieran relacionadas a la implementación de este memorando. También les pidió cualquier consulta realizada a la Oficina de la Secretaría de la Gobernación, según dispone el memorando.
Además, el CPI pidió a esa oficina todas las comunicaciones, investigaciones realizadas y consultas recibidas de parte de entidades públicas relacionadas a la directriz de Domenech. La Oficina contestó que la implementación “no requiere comunicaciones ulteriores”— a pesar de que el propio memorando dice lo contrario — y que, hasta el pasado 9 de febrero, no había recibido ninguna consulta ni tampoco iniciado investigación alguna bajo el memorando.
Hay otras normas de cabildeo, pero no se cumplen
En julio del 2019, días antes de que salieran las primeras páginas del chat de Telegram que le costarían la gobernación, el entonces gobernador Ricardo Rosselló creó un Registro de Cabilderos mediante la orden ejecutiva 2019-31, y asignó al Departamento de Justicia su implementación.
El Registro de Cabilderos del Gobierno requiere identificar, por medio de una declaración jurada, el nombre de cada cabildero, ya sea a nivel individual o bajo una firma o bufete, y la lista de los clientes que representa. La declaración jurada debe ser renovada anualmente.
Además, la orden creó el “Código de Transparencia Total para jefes de agencia de la Rama Ejecutiva”, que al igual que la orden de Domenech, prohíbe a los jefes de agencia reunirse con cabilderos si no están debidamente inscritos en el Registro.
Varias fuentes de esta industria dijeron al CPI que existe un gran número de cabilderos que incumplen con los requisitos del Registro, y que uno de los problemas principales para lograr una regulación efectiva es que existe un área gris entre los servicios legales y de cabildeo. Por ejemplo, muchos abogados no están registrados ya que aseguran que actúan como representantes legales y no como cabilderos, por lo que consideran que no están sujetos a registrarse.
El CPI preguntó a Justicia si esta interpretación de la norma es correcta, y qué medidas toma la agencia para asegurar el cumplimiento con el Registro de Cabilderos que custodia, pero la agencia no contestó al cierre de esta edición.
Tampoco respondió si rinde informes cada 90 días sobre la implementación del Registro o si ha recibido alguna notificación de parte de algún jefe de agencia luego por recibir alguna solicitud de cabilderos sin registrar, según requiere la orden ejecutiva 2019-13.
Mientras, en la Legislatura, tanto el Senado como la Cámara manejan sus propios registros de cabilderos.
En el 2005, el entonces presidente senatorial, Kenneth McClintock, aprobó la orden administrativa 05-16, que establece el registro de cabilderos en ese cuerpo.
Bajo esta directriz, que permanece vigente, toda persona “que se dedique, total o parcialmente, a la representación de intereses de terceros en los procesos legislativos en que medie compensación económica”, tendrá que registrarse como cabildero e identificar a sus clientes. Pero la orden administrativa sólo requiere la publicación del nombre del cabildero, y no la de sus clientes. Tampoco establece cada cuanto tiempo se debe actualizar la información, ni las multas o sanciones por incumplir con esta disposición.
La Cámara de Representantes estableció su propio registro de cabilderos en el 2021, mediante una orden administrativa firmada por Carlos “Johnny” Méndez. Además de requerir el nombre del cabildero y sus clientes, este registro también exige identificar los asuntos a cabildear y si el cabildero o su cliente realizó aportaciones políticas a miembros de la Cámara durante el ciclo electoral.
Con requisitos más amplios que el Senado, el registro de la Cámara refleja una menor cantidad de cabilderos registrados que en su cuerpo hermano. Para el periodo 2025-2026, en la Cámara hay registrados 15 compañías de cabildeo y cabilderos individuales mientras que en el Senado hay 20. En el Departamento de Justicia hay 23. Para el Senado, los récords están disponibles desde 2017, mientras que Justicia y la Cámara solo incluye récords desde 2025.
Más allá de las normas establecidas mediante órdenes ejecutivas y administrativas tanto en La Fortaleza como en la Legislatura, un proyecto de ley para reglamentar la práctica del cabildeo en Puerto Rico ha sido presentado en al menos nueve ocasiones desde 2009, pero nunca ha logrado convertirse en ley. De esas nueve, cinco corresponden a proyectos de ley presentados por Méndez.
El más reciente, el proyecto de la Cámara 42 para crear la Ley del Registro de Cabilderos y de Entidades que Realizan Gestiones Relacionadas al Cabildeo y sus Representantes, fue aprobado por ese cuerpo en marzo de 2025, pero desde entonces permanece ante la consideración de la Comisión de Gobierno del Senado, que preside el senador Ángel Toledo. Lo mismo ocurrió en el 2021, con un proyecto similar que corrió con la misma suerte: aprobado en la Cámara y detenido en el Senado, bajo la presidencia de José Luis Dalmau. Lo mismo ocurrió en el 2009 y en el 2017: aprobado en la Cámara pero engavetado en el Senado, bajo la presidencia de Thomas Rivera Schatz. En el 2013, Méndez también presentó el mismo proyecto, pero ni siquiera fue aprobado por la Cámara presidida entonces por Jaime Perelló.
El CPI solicitó una entrevista con Méndez, pero no estuvo disponible para atender preguntas de este tema.
El proyecto crearía un registro en el Departamento de Estado, el Senado, la Cámara y el Tribunal Supremo, en los que deberán aparecer toda persona y entidad que realice cualquier actividad de cabildeo. El registro, que deberá ser público, incluirá información general del cabildero y sus clientes, así como los temas a cabildear.
En cuanto a incumplimiento, la medida dispone sanciones que incluyen la prohibición de ejercer el cabildeo durante al menos 10 años, una multa de $10,000 —$25,000 en caso de una entidad jurídica— y tres años de cárcel.
A nivel federal, la Ley de Divulgación de Cabildeo regula el ejercicio de esta profesión en el Congreso y exige la divulgación de clientes, asuntos a cabildear, oficinas congresionales contactadas y los ingresos por concepto de estos servicios.
