Por Redacción Es Noticia
La delegación legislativa electa del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) denunció este martes que la Junta de Control Fiscal (JCF), en violación a la propia Ley PROMESA, presuntamente le impone una política pública al Gobierno de Puerto Rico.
El MVC indicó que mientras la Ley PROMESA establece que el rol de la Junta de Control Fiscal debiera ser estrictamente relacionado al fisco y al presupuesto, esta ha acogido un modelo de política pública, elaborada por una empresa privada que contrata, que conlleva los recortes presupuestarios drásticos que ha exigido desde sus inicios. La delegación de Victoria Ciudadana hace un llamado a oponerse a estos recortes a través de la movilización y el trabajo legislativo.
Señalan que los recortes que la Junta de Control Fiscal (JCF) pretende imponer a la Universidad de Puerto Rico (UPR) son parte de un problema más amplio. Se trata, explicó Ana Irma Rivera Lassén, Senadora-electa por Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), «de la implantación de una política pública que elabora una empresa privada, McKinsey & Company, contratada por la JCF. Esta política pública se adopta a espaldas del pueblo de Puerto Rico, en violación de las disposiciones de la misma ley PROMESA, de acuerdo con criterios no publicados y que sin tomar en cuenta las necesidades y la situación particular de Puerto Rico».
Según Rafael Bernabe, también integrante de la delegación electa del MVC, «hace cuatro años la Junta contrató a la firma McKinsey para formular propuestas para recortes en el sector público, a los que se refieren con el eufemismo de «rightsizing«. En el caso del plan fiscal de la UPR, esa empresa ha tomado como guía (benchmark) el financiamiento de algunas universidades públicas en Estados Unidos».
Pero, señaló Bernabe, «ese no es el único modelo posible de financiamiento de las universidades públicas. Nada obliga a que Puerto Rico adopte ese modelo o benchmark. Además, la situación de Puerto Rico (ingreso per cápita, niveles de pobreza, etc.) es muy distinta». Bernabe añadió que lo mismo ha ocurrido con las propuestas presupuestarias para otras agencias.
Según el Representante-electo José Bernardo Márquez, «adoptar esos modelos es formular política pública, para lo cual la Junta no tiene facultad, pues su rol, según PROMESA, es estrictamente fiscal y presupuestario. La formulación de política pública es responsabilidad del gobierno de Puerto Rico sus funcionarios y funcionarias electas».
Mariana Nogales, representante electa del MVC, explicó que, «a pesar de que a la Junta le encanta hablar de transparencia, los estudios que se supone fundamenten esos recortes no se publican, más allá de comentarios breves en los planes fiscales. Para colmo», añadió, «la Junta está implantando recortes que socavan la capacidad del gobierno para proveer servicios esenciales, lo cual contradice la disposición del Título II de PROMESA que ordena financiar los mismos».
Rafael Bernabe, Senador-electo, añadió que la empresa McKinsey ha sido criticada, «no solo por repetir el mismo modelo neoliberal y privatizador en todo el mundo, con efectos devastadores sobre la gente y el ambiente, sino por llevar esas prácticas a extremos particularmente escandalosos».
Según Márquez, «recientemente se ha revelado su conexión a las políticas de empresas farmacéuticas que favorecieron la adicción a opiáceos, con un impacto terrible en la salud de millones de personas. De igual forma fue parte de la elaboración de la política migratoria de la administración Trump, incluyendo la infame política de separación de los niños y niñas de sus padres. En el caso de Puerto Rico, el New York Times y otros medios informaron que una de las divisiones de McKinsey es dueña de parte de la deuda de Puerto Rico, deuda cuyo cobro depende en parte de las políticas que la Junta está implantando asesorada por McKinsey. Es un claro conflicto de interés».
Hasta abril 2019 la empresa había cobrado $72 millones por sus servicios. «Son fondos del pueblo de Puerto Rico», señaló Bernabe. «Estas ya son razones suficientes», indicó, «para exigir que se detenga la imposición del llamado «rightsizing» diseñado por esta empresa y que se hagan públicos sus estudios y criterios con los que se pretende justificar esos recortes».
Los legisladores electos del MVC expresaron que «gracias al sacrificio y las privaciones de nuestro pueblo durante cuatro años, según el reciente informe de AAFAF, se ha generado un fondo de cerca de $10.3 mil millones que ahora puede usarse para una de dos cosas: para la reconstrucción económica de Puerto Rico o para pagar a los bonistas a través de un acuerdo insostenible que de seguro conducirá a una nueva quiebra. Tenemos que asegurarnos que nos movilicemos y que aprobemos medidas para asegurar el primer desenlace”.
