Por Redacción Es Noticia
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La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, desmintió las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez Garced en torno a que los contratos de compra bajo estado de emergencia no pueden ser evaluados por la entidad federal.
Jaresko solicitó que antes del 13 de abril de 2020, los contratos deben ser entregados al ente federal para su evaluación aún cuando hayan sido cancelados. La información se desprende de una carta que directora ejecutiva de la JCF le envió al gobierno local.
“El 6 de abril de 2020, la Junta le envió una carta solicitando confirmación de que el gobierno había cancelado los acuerdos para la compra de productos médicos, incluidos los rapid kits para coronavirus, por un monto aproximado de $40 millones con varias compañías, incluidas 313 LLC y Apex General Contractors, y que los fondos públicos correspondientes habían sido reembolsados al fondo de emergencia. El 8 de abril de 2020, el Gobierno confirmó que el pedido de kits de prueba Promedical de coronavirus por un monto de $38 millones se canceló el 2 de abril de 2020 y que el depósito de $19 millones relacionado con el mismo fue reembolsado en su totalidad al Gobierno el 6 de abril de 2020”, dijo Jaresko en una misiva.
“Además, como se destacó en nuestra carta, el Gobierno no había presentado los acuerdos para comprar los kits de prueba rápida antes mencionados para la revisión de la Junta según sea necesario bajo la política de revisión de contratos de la JCF de conformidad con la Sección 204 (b) (2) de PROMESA. Además, como lo indica nuestra carta, los acuerdos para la compra de productos médicos tuvo que ser presentado a la Junta de conformidad con la Orden Ejecutiva Número 2020-24, que requiere que cualquier contrato ejecutado de acuerdo con dicha Orden Ejecutiva se presente a la Junta en la fecha de ejecución”, añadió.
Sin mencionar a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, Jaresko indica en la carta que «el gobierno de Puerto Rico declaró en una conferencia de prensa celebrada el 8 de abril de 2020 que no presentó para la revisión de la Junta los acuerdos de compra en cuestión porque fueron hechas a través de “órdenes de compra” y “órdenes de compra” no son contratos. Deberías estar alerta que desde una perspectiva legal, un acuerdo para la compra de bienes o servicios, ya sea designado como “orden de compra” o cualquier otro término, es un contrato para la compra de bienes bajo la Ley de Puerto Rico, independientemente de su título. Ver artículo 1334 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. segundo 3741.
«Hasta la fecha, el Gobierno de Puerto Rico no ha presentado a la Junta documentos que evidencian la forma en que se contrató la compra de los kits de pruebas rápidas», advierte Jaresko.
“En relación con lo anterior, la Junta quisiera aclarar que la Sección 204 (b) (2) de PROMESA se aplica a cualquier contrato o acuerdo, como órdenes de compra emitidas por el gobierno, que sean exigibles acuerdos contractuales bajo la ley y práctica administrativa de Puerto Rico, que se propone celebrado por el gobierno (que incluye el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ramas del gobierno) o cualquier instrumento cubierto, y de otra manera cumplir con los requisitos de la Sección 204 (b) (2) de PROMESA. Además, la Sección 204 (b) (2) de PROMESA se aplica a todos los contratos en los que el Estado Libre Asociado o cualquier otra instrumentalidad es una contraparte, incluidos aquellos con el gobierno federal, los gobiernos estatales, organizaciones privadas y organizaciones sin fines de lucro”, sentenció Jaresko.
“En consecuencia, según la descripción que se ha divulgado públicamente con respecto a estos acuerdos y la documentación presentada ayer, previa aprobación de la Junta habría sido requerido por la Sección 204 (b) (2) de PROMESA. Por lo tanto, de acuerdo con lo anterior, envíe a la Junta para revisión de los acuerdos de compra en cuestión a más tardar el 13 de abril de 2020, independientemente de si han sido cancelados. Si el Gobierno no cumple, la Junta puede tomar las medidas que considere necesarias, incluso de conformidad con la Sección 204 (b) (5) de PROMESA”, concluyó la difrectora ejecutiva de la JCF.
