Por Redacción Es Noticia
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El Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano reclamó este miércoles, que sea su oficina la que tenga la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las Alianzas Públicas Privadas, como parte de la defensa del interés público y el consumidor.
García Feliciano hizo un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que faciliten los mecanismos de transferencia de estas responsabilidades.
Tras anunciarse la aprobación del traspaso a manos privadas para la Administración, Servicios y Manejo de la generación de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica, García Feliciano señaló que el momento es propicio para que un ente externo a todo el procedimiento realizado por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) sea el que verifique sobre la marcha, si todo está dentro del marco acordado.
“Se está dando un paso gigante en la transformación del sistema energético de la Isla, lo que hace imprescindible separar claramente las jurisdicciones de quien otorga y quien supervisa”, afirmó García Feliciano en una comunicación.
El Procurador del Ciudadano sostuvo que su oficina, con la base legal para defender a la ciudadanía, es el instrumento idóneo para asumir estas funciones.
“Creo firmemente que hay que seguir posicionando al Ombudsman en los nuevos delineamientos y modalidades que están surgiendo para administrar o brindar servicios a entes públicos, y así defender vigorosamente al ciudadano”, destacó.
García Feliciano indicó que, de asignarle el presupuesto necesario para esa tarea, se puede mantener el peritaje e independencia de criterio responsable, para analizar y asegurar las métricas de cumplimiento contratadas.
“Nos parece, sin ánimos de levantar sombras sobre el trabajo que ya se ha desplegado, que la AAPP debe buscar igualmente, no ser juez y parte en este particular”, manifestó el funcionario.
Entiende el Ombudsman que las entidades a las que les adjudiquen las alianzas, deben sentir el peso de que hay otra entidad a la que tienen que rendir cuentas, que no tuvo nada que ver con el proceso de adjudicación, ni con cualquier error cometido en el mismo.
“Se sirve mejor a la transparencia que sustenta el gobierno en todos sus actos, que el examen de la conducta contractual esté liberado de presiones inherentes que puedan desprenderse de las bases iniciales para el otorgamiento. Es decir, se tendría un criterio mucho más objetivo, independiente y con mayor fuerza legal para reclamar lo que exige el contrato, ajeno a elementos de complacencia o repercusiones personales de los que aprobaron concederlo”, comentó el Procurador del Ciudadano.
