Por CyberNews
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El juez superior Anthony Cuevas Ramos desestimó el viernes, una petición presentada por la periodista Sandra Rodríguez Cotto y Nuestro, Inc. para que el Departamento de Justicia y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), suministren el contenido de una investigación que realizan en torno al hallazgo de suministros en un almacén de la Guancha en Ponce ocurrido a principios del 2020.
“No cabe duda que el sumario fiscal es uno de los pocos documentos que crea el Gobierno que la Asamblea Legislativa ha entendido debe ser protegido, para, de tal manera, proteger las investigaciones en curso. Artículo 4(viii) de la Ley Número 122-2019. Ahora bien, los Peticionarios alegan que la ley no especifica que el informe preliminar de la Secretaria de Justicia es confidencial o debe ser confidencial solo por ser parte del sumario fiscal. Luego de analizar el procedimiento investigativo de un caso de la OPFEI, debemos concluir que el informe preliminar es parte de una investigación que en estos momentos se encuentra en curso. El informe preliminar está protegido, no solo por lo ya resuelto por el Tribunal Supremo sobre el sumario fiscal, sino por la protección que contiene la investigación en curso bajo la Ley Número 2″, reza el documento.
El juez resuelve que se trata de un informe detallado con los hallazgos que la Secretaria de Justicia entiende son necesarios para que la OPFEI continúe con la investigación del caso. Estos hallazgos pueden incluir impresiones y opiniones de la Secretaria de Justicia, nombres y declaraciones de los testigos, además de análisis específico de la prueba y conclusiones. Toda esta información es esencial durante el proceso investigativo del FEI y, de ser publicada, «pudiera tener efectos negativos en cuanto a la investigación en curso. El Gobierno tiene un interés extremadamente apremiante de, no solo, proteger la investigación criminal en curso, sino de proteger a los testigos y la prueba que se pudo haber discutido en el Informe por la Secretaria de Justicia para establecer su entendimiento de que procede que el FEI continúe la pesquisa contra el empleado público».
«Reconocemos la importancia del derecho constitucional al acceso a la información pública, pero entendemos que, en este caso y en estos momentos de la investigación, el interés del estado de mantener estos documentos confidenciales es apremiante. Entendemos también que no se trata de un acto meramente caprichoso con la intención de coartar los derechos de los Peticionarios.
