Varias organizaciones ambientales, científicas y comunitarias expresaron hoy -martes- su oposición al Proyecto de la Cámara 25, medida que busca actualizar la definición de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).
“La definición propuesta en el proyecto no protege adecuadamente las costas, la infraestructura, los recursos naturales ni la seguridad de las comunidades costeras ante el cambio climático y la erosión costera”, aseguró Maritza Barreto Orta, directora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico.
Barreto sostuvo que la medida utiliza criterios limitados y desactualizados para delimitar la ZMT, al depender principalmente de datos de mareas astronómicas. Añadió que la propuesta deja fuera factores científicos como la erosión costera, la línea de vegetación, las dunas, las marejadas y otros eventos atmosféricos extremos.
La pieza legislativa propone enmendar varias leyes para redefinir los límites entre el dominio público y la propiedad privada en las costas de Puerto Rico. Según la medida, el objetivo es establecer parámetros más precisos para los procesos de deslinde y garantizar acceso público a las playas.
“La ZMT es un bien de dominio público protegido por la Constitución de Puerto Rico y cualquier redefinición debe responder a criterios científicos y a la realidad climática actual”, dijo Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico.
Escudero Rodríguez advirtió que la medida podría reducir significativamente las áreas consideradas de dominio público y facilitar reclamaciones privadas sobre terrenos costeros históricamente protegidos. Añadió que el proyecto no toma en cuenta adecuadamente el aumento del nivel del mar ni la pérdida de hábitats naturales como manglares y dunas.
También se expresaron en contra del proyecto representantes del Puerto Rico Sea Grant Program de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez; Hispanic Federation; la organización comunitaria Rescate Playas Isabela; y la capellana ecológica Yaisha Vargas Pérez.
“Preocupa las serias implicaciones que tendría la implementación de este proyecto para la protección de las costas y las playas de Puerto Rico”, dijo Francisco Félix, en representación del Puerto Rico Sea Grant Program.
Durante la vista pública de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado, los deponentes recomendaron revisar la medida para incluir criterios geológicos, geomorfológicos y ecológicos, además de considerar el impacto del cambio climático en las costas de Puerto Rico.
