Por Redacción Es Noticia
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Las organizaciones cívicas Somos Más y Sembrando Sentido han lanzado un llamado a los candidatos a la gobernación de Puerto Rico para que incluyan en sus programas de gobierno un conjunto de medidas anticorrupción de cara a las elecciones.
Estas propuestas buscan fortalecer la transparencia y la integridad en la gestión pública, abordando diversas áreas críticas como las donaciones políticas, la denuncia de actos de corrupción, y la prevención de prácticas que faciliten la corrupción dentro del gobierno.
Entre las medidas propuestas se destacan la prohibición de donaciones políticas por parte de personas con contratos gubernamentales y la prohibición de donaciones en efectivo en las campañas políticas. Además, se sugiere la implementación de un proceso más robusto para la denuncia de actos de corrupción y la restricción en la contratación inmediata de empleados de confianza en puestos de carrera, una práctica comúnmente conocida como «atornillamiento».
Johnny F. Rullán Schmidt, director ejecutivo de Somos Más, destacó la importancia de que los candidatos adopten estas medidas como un compromiso programático. Según Rullán, este sería un paso fundamental para recuperar la confianza del pueblo en las instituciones públicas. Por su parte, Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido, subrayó que las propuestas cuentan con el respaldo de entidades internacionales líderes en políticas anticorrupción y ya han sido implementadas exitosamente en otras jurisdicciones, incluyendo 20 estados de EE.UU. donde se prohíben las donaciones políticas por parte de contratistas gubernamentales.
Las medidas que Somos Más y Sembrando Sentido proponen incluyen proyectos que ya fueron radicados en la pasada sesión legislativa, pero que no prosperaron. Entre estos se encuentra el Proyecto de Cámara 1012, que busca prohibir las donaciones en efectivo en las campañas políticas, y el Proyecto del Senado 0628, que pretende impedir el «atornillamiento». Además, se incluyen enmiendas a la Ley de Reclamaciones Fraudulentas, para permitir que cualquier persona con evidencia de fraude relacionado con fondos públicos pueda llevar el caso directamente al tribunal.
Otras propuestas que quedaron pendientes de radicación al finalizar la pasada sesión legislativa incluyen enmiendas al Código Anticorrupción de Puerto Rico. Estas enmiendas buscan, entre otras cosas, extender el Código de Ética de Contratistas a la Rama Legislativa y Judicial, fortalecer los mecanismos para la denuncia de corrupción, y mejorar la transparencia y coordinación del Grupo Interagencial Anticorrupción. Además, se propone la creación de un Observatorio de Anticorrupción para diagnosticar y recomendar cambios en la política pública que prevengan la corrupción.
Los proyectos radicados durante este pasado cuatrienio y que no prosperaron fueron los siguientes:
1. Proyecto de Cámara 1012, Prohibición de donaciones en efectivo en las campañas políticas: Esta medida busca prohibir las donaciones en efectivo a las campañas políticas.
2. Proyecto del Senado 0628, Prohibición del atornillamiento: El proyecto pretende impedir la contratación inmediata de empleados de confianza en puestos de carrera a menos que transcurran dos años desde que no ejerce su puesto de confianza.
3. Proyecto de Cámara 1014, Enmienda a la ley de reclamaciones fraudulentas: Permitir que cualquier persona que tenga evidencia de fraude en relación con fondos públicos pueda ir directamente al Tribunal, con su propio abogado, para recuperar el dinero a nombre del Pueblo de Puerto Rico, sin que el Gobierno pueda detenerlo. Esta fue vetada en el 2023. (Esta medida fue vetada por el gobernador Pedro Pierluisi).
4. Proyecto de Cámara 1015, ‘Hatch Act’ para Puerto Rico: tiene como fin prohibir que los empleados y contratistas de agencias públicas puedan llevar a cabo gestiones políticas durante horas laborables y/o en su capacidad oficial y que, a su vez, nadie les pueda solicitar donativos o gestiones políticas, dentro de sus horarios laborales.
El segundo paquete de seis medidas que se quedaron pendientes de radicación al finalizar la pasada sesión ordinaria, redactadas por ambas entidades cívicas. Los proyectos principales que se están presentando buscan:
- Enmendar el Título III del Código Anticorrupción de Puerto Rico (Ley Núm. 2-2018) para extender el Código de Ética de Contratistas a la Rama Legislativa y a la Rama Judicial para prohibir las donaciones políticas de personas con contratos gubernamentales, limitando espacios que se presenten para el nepotismo cruzado y las puertas giratorias.
- Enmendar el Título IV del Código Anticorrupción de Puerto Rico para robustecer el proceso para alertar o denunciar sobre posibles actos de corrupción; proveer un recurso legal externo al gobierno para asesorar a posibles alertadores; garantizar otros derechos a las personas alertadoras y asegurar la educación a los empleados públicos, contratistas y ciudadanos sobre el proceso.
- Enmendar el Título VI del Código Anticorrupción de Puerto Rico para aumentar la información contenida en el Registro de Personas Convictas por Corrupción; asegurar que toda entidad evidencie que contratistas a contratarse no hayan sido convictos y asegurar la actualización de estos datos.
- Enmendar el Título VII del Código Anticorrupción de Puerto Rico para mejorar la coordinación y estrategias del Grupo Interagencial Anticorrupción y asegurar la transparencia de sus procesos y desempeño, al igual que la inherencia de representantes de la Sociedad Civil en el trabajo de dicho cuerpo. Se propone, además, la creación de un Observatorio de Anticorrupción con la finalidad de diagnosticar esquemas, patrones, conductas, valores y factores que propician, permiten o fomentan la corrupción gubernamental y recomendar cambios a la política pública.
- Proyecto de Recuperación de lo Perdido para enmendar el Artículo 5.2 del Código Anticorrupción de Puerto Rico para hacer mandatorias las reclamaciones del Estado por el triple de las pérdidas al erario causadas por cualquier persona natural o jurídica a consecuencia de las acciones u omisiones negligentes, culposas, o ilícitas y para otros fines.
- Proyecto de Sumario Fiscal: Para establecer normas mínimas para garantizar la apertura razonable, la apertura limitada y los mecanismos de inspección que propicien la divulgación ciudadana del expediente del sumario fiscal.
