El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó ayer -viernes- que no existe causa suficiente para designar un fiscal especial al alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres Ortiz, por posibles irregularidades en la concesión de donativos municipales, pero refirió el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental.
La determinación acogió la recomendación del Departamento de Justicia, que no encontró base para creer que Torres Ortiz incurrió en conducta delictiva relacionada con los hechos señalados en una auditoría de la Oficina del Contralor.
Esa auditoría examinó la concesión y el desembolso de 77 donativos municipales por la cantidad de $5,000, tras las inundaciones ocurridas el 7 de mayo de 2024. Las ayudas fueron otorgadas bajo un estado de emergencia a ciudadanos afectados por las lluvias torrenciales.
Como parte de la investigación preliminar, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia revisó prueba documental, realizó entrevistas y obtuvo declaraciones de funcionarios, empleados municipales, auditores y personas vinculadas con los donativos.
Los investigadores evaluaron posibles violaciones al Código Penal, relacionados con incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.
El análisis respondió a señalamientos de que se concedieron ayudas por cantidades superiores a las permitidas por el Código Municipal y a deficiencias identificadas en los desembolsos.
También se examinó una posible infracción a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental ante la posibilidad de que funcionarios utilizaran las facultades de sus cargos para obtener, directa o indirectamente, beneficios personales o para terceros.
Según el Panel, la investigación no demostró que el Alcalde actuara deliberadamente para incumplir la ley, provocar una pérdida ilegal de fondos públicos u obtener un beneficio indebido para sí o para otra persona.
Por el contrario, el análisis destacó que los hechos ocurrieron durante una emergencia y al amparo de disposiciones municipales.
Tras cerrar el asunto en el ámbito penal, el PFEI remitió copia de su resolución a la Oficina de Ética Gubernamental para que determine si procede una investigación administrativa y adjudique cualquier posible violación a su ley orgánica.
