San Juan, Puerto Rico — Los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Proyecto Dignidad y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) reiteraron el lunes su oposición al Proyecto del Senado 717, medida que propone enmendar el Código Electoral de Puerto Rico, al considerar que no atiende los problemas estructurales del sistema ni la desconfianza ciudadana en los procesos electorales.
La comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte, sostuvo que las enmiendas contenidas en el proyecto mantienen una lógica de representación “profundamente problemática”, ya que —según explicó— no reconocen como criterio principal a quien gana una elección, sino a quien obtiene una cantidad determinada de votos íntegros. A su juicio, esta disposición provocaría una crisis de representatividad dentro de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Por su parte, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Javier Márquez, expresó preocupación por enmiendas que, alegó, aumentan la discrecionalidad administrativa y reducen la fiscalización, al colocar decisiones clave “en manos que no pueden ser observadas, impugnadas o auditadas por el pueblo”. En ese contexto, propuso que el proyecto incluya una cláusula de protección para los partidos minoritarios que garantice acceso pleno a todas las etapas de fiscalización y una auditoría electoral independiente tras cada evento electoral.
Mientras, el comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte, planteó que el Código Electoral debe asegurar la representación de los cinco partidos políticos en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) durante el año electoral. Además, propuso establecer controles sobre el número de empleados destacados de otras agencias gubernamentales en funciones político-electorales y la restitución del concepto de candidatos o partidos coligados.
En contraste, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, rechazó los señalamientos de que el proyecto beneficie a los partidos principales. “Decir que no hay participación o que se está legislando para que un partido principal, el PPD o el PNP, estén beneficiándose, no es correcto. Cualquier partido puede cambiar su franquicia si pierde el respaldo”, afirmó.
Finalmente, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Lynette Gómez Torres, presentó varias enmiendas técnicas al proyecto, entre ellas disposiciones para precisar el manejo del voto adelantado y ausente, fortalecer la fiscalización y trazabilidad de papeletas, y clarificar los procesos de referido y atención de irregularidades electorales. Asimismo, recomendó mejorar la coordinación entre la CEE y las agencias con funciones investigativas.
“El Departamento de Justicia avala completamente el Proyecto del Senado 717; solo hacemos recomendaciones técnicas mínimas. Se garantiza a toda persona el derecho al voto, que es un derecho constitucional. El código propuesto moderniza, agiliza y garantiza mayor transparencia”, sostuvo Gómez Torres.
