Por Redacción Es Noticia
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La Asociación de Alcaldes aprobó una resolución en la que repudia las expresiones de la saliente contralora Yesmín M. Valdivieso Galib y exige que se investiguen presuntas presiones indebidas para perseguir selectivamente a alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD).
En la resolución, emitida hoy jueves, la matrícula de la Asociación expresó gran preocupación ante las declaraciones públicas de la saliente Contralora, quien alegó haber recibido presiones para que su oficina emprendiera investigaciones contra los ejecutivos municipales populares.
La organización enfatizó que este tipo de planteamiento amenaza la imparcialidad de la función fiscalizadora del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y pone en entredicho la credibilidad del sistema de auditoría pública en Puerto Rico.
Demandas específicas de la Asociación:
- Repudiar las expresiones vertidas por la Contralora, que socavan la confianza en el sistema de control gubernamental.
- Exigir una investigación inmediata e independiente, con la participación de jueces, auditores externos, entidades de supervisión y otras instancias fuera del control político.
- Solicitar que la Contralora declare bajo juramento sobre las alegadas presiones indebidas, detallando las circunstancias, interlocutores y documentación que respalden sus señalamientos.
- Reafirmar el compromiso de los alcaldes y alcaldesas con la transparencia y el manejo responsable de los fondos públicos, rechazando cualquier uso político de la Oficina de la Contralora.
El presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge ‘Georgie’ González Otero, destacó que la Resolución será remitida a la Gobernadora, la Asamblea Legislativa (Cámara y Senado), la Rama Judicial, la Oficina de Ética Gubernamental (ORG) y a los medios de comunicación, con el fin de asegurar que este reclamo se atienda con seriedad y urgencia.
“Los municipios no pueden ser tratados como instrumentos de persecución política. Exigimos que se esclarezca si estas presiones existieron y que se proteja la integridad del proceso fiscalizador en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, expresó González Otero.
