Por Rafael R. Díaz Torres〡Centro de Periodismo Investigativo
Tras varios días de expresiones enérgicas en las que prácticamente responsabilizaba a los ciudadanos por el repunte de COVID-19 en Puerto Rico, aduciendo a que aún una parte significativa de la población no se ha vacunado por “rebeldía”, el gobernador Pedro Pierluisi reconoció que desconoce los factores de desigualdad socioeconómica que han marcado el proceso de vacunación y el bajo porcentaje de personas que han vacunado en los residenciales públicos de la Isla.
Al 9 de julio las clínicas de vacunación financiadas por el gobierno -a través de la contratación de la organización VOCES- solo habían vacunado al 5% de los 100,000 residentes de los 300 complejos de vivienda pública, según reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
“Esto de los residenciales a mí me impacta. Es la primera vez que yo oigo esto”, dijo el gobernador.
El proceso de vacunación contra el COVID-19 comenzó en Puerto Rico el 15 de diciembre de 2020, y la primera clínica en un residencial público fue en abril de 2021, según los datos del registro de vacunación del Departamento de Salud y tablas desglosadas provistas por la Administración de Vivienda Pública.
Pierluisi fue abordado por el CPI sobre el tema durante una conferencia de prensa el miércoles -28 de julio- en La Fortaleza, donde además estaba el secretario de Salud, Carlos Mellado.
Tras el Gobernador cuestionarle públicamente en torno a la vacunación en los residenciales, Mellado también reconoció que desconocía el dato de un esfuerzo que origina en su agencia.
Al explicarle que, más allá de “rebeldía”, la investigación arrojó que la falta de medios de transporte, bajos niveles de educación y escasos recursos económicos son algunos factores para la baja tasa de vacunación en comunidades como Mansión del Sapo y Maternillo en Fajardo, Punta Santiago en Humacao, Ensenada en Guánica, y el residencial Luis Llorens Torres en San Juan, Pierluisi dijo: “En cuanto a las poblaciones que están en áreas como [las que mencionas], yo me solidarizo”.
“Quiero que se impacten áreas remotas en Puerto Rico, campos, en Maricao. Tú mencionaste esa área en Humacao, pero mira, hay tantas áreas en Puerto Rico rurales, remotas, que yo los he visto”, expresó.
Aprovechó para tratar de aclarar lo que, presuntamente, quiso decir por rebeldía de la población que no se ha vacunado, diciendo que se refería a las personas que no se quieren vacunar y se niegan a presentar en sus empleos evidencia de pruebas COVID-19 negativas.
No explicó cómo su administración asumirá la responsabilidad de convocar, educar y llevar la vacunación a estas comunidades vulnerables, más allá de proponer las visitas de un autobús del Departamento de Salud.
Su solución inmediata fue instar a la ciudadanía a acudir a la farmacia más cercana. Esto a pesar de que el CPI hizo hincapié en que hay muchos residentes de las citadas comunidades que son adultos mayores y que no cuentan con un auto ni con medios de transporte colectivo y, en algunos casos, la farmacia más cercana está a 40 minutos a pie.
No proveyó solución para atender los casos de personas encamadas en estas comunidades.
“Cuando yo digo que aquí hay farmacias por todo Puerto Rico es exhortándole a toda la gente que vaya a la farmacia y pregunte, pero también a cualquier centro de servicios de salud”, dijo Pierluisi a preguntas del CPI.
En la conferencia de prensa, el gobernador anunció una nueva Orden Ejecutiva (OE) que obliga a los empleados de agencias gubernamentales a vacunarse contra el COVID-19, exceptuando a los trabajadores que demuestren su objeción por razones religiosas.
La OE solo aplica a agencias bajo el poder ejecutivo. En el caso de los municipios, la rama judicial y el poder legislativo, la vacunación obligatoria es solo una recomendación del Gobierno. Su anuncio surge en momentos que hay un repunte de casos positivos al COVID-19.
Días antes del anuncio de la nueva OE, Pierluisi hizo llamados para que las personas que aún no se habían vacunado lo hicieran y que no se dejaran llevar por información no corroborada sobre los supuestos efectos de las dosis. Sus expresiones responsabilizaron a quienes no cuentan con la información correcta sobre las vacunas, pero ignoraron los problemas de falta de acceso a centro de salud y las fallas del gobierno central y de algunos municipios en llegar a comunidades remotas o de escasos recursos económicos.
Cuando el CPI cuestionó a Pierluisi sobre el problema de falta de acceso a las vacunas en algunas comunidades, el gobernador movió su cabeza en discrepancia con el planteamiento y expuso que la nueva OE solo aplica a empleados públicos y que estos no tienen problemas de transportación.
“El que vive en un área tan remota como la que tú mencionas no está laborando en una agencia del Gobierno. Esta orden le aplica a un empleado público, que llega a su trabajo por vía de transportación pública o de algún otro método, pero llega a su trabajo”, afirmó Pierluisi.
A insistencias de la prensa, el primer ejecutivo admitió desconocer la información que el CPI publicó utilizando la información del gobierno e instó al Departamento de Salud a actuar para impactar un mayor número de residenciales públicos.
“Realmente eso no hace sentido. Si eso es así, el Secretario que lo explique porque hay farmacias por todo Puerto Rico y cerca de los residenciales públicos. Ahí si acaso lo que hay que hacer es impactar esos residenciales públicos y ya. Que vaya el autobús que estamos mencionando, el Vacu [Tour Toca tu] Puerta, que vaya a cada residencial entonces para que se acabe de atender, porque los residenciales tienen todo el derecho, las personas que residen ahí, de vacunarse. Es más, es que es tan sencillo como ir a una farmacia o ir a un centro de salud”, dijo Pierluisi.
Por su parte, el secretario Mellado expresó que la preocupación sobre la vacunación en los residenciales públicos “es algo súper válido” y que el interés será continuar impactando estas comunidades, dando énfasis a la población de adultos mayores.
Según los datos de VOCES, hasta el 9 de julio se llevaron a cabo un total de 59 VacuTours en residenciales públicos de Puerto Rico. A esa fecha, un total de 5,393 residentes fueron vacunados con la primera dosis de Moderna y 465 con la de Pfizer.
El total de residentes vacunados con la segunda dosis era de 4,713 con Moderna y 462 con Pfizer. Mientras, siete personas de residenciales públicos recibieron la dosis única de Janssen.
Un total de 158 encamados fueron vacunados en estas comunidades.
