Por CyberNews
redaccion@esnoticiapr.com
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, anunció hoy -domingo- que demandó, junto a un grupo de legisladores y alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD), a la Junta de Control Fiscal (JCF), en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
“Los Populares reclaman ante el Tribunal Federal que la Junta se compone de siete tiranos impuestos por el Congreso. El Tribunal Federal atenderá reclamos de inconstitucionalidad e ilegalidad incoados por representantes, senadores y alcaldes” del PPD, señaló.
“La garantía de un sistema de gobierno republicano con balance de poderes es un derecho fundamental y uno de los principios fundamentales de la creación de los Estados Unidos de América. La imposición burda y antidemocrática de siete tiranos contradice los valores democráticos estadounidenses garantizados por su Constitución”, indica el parte de prensa
“Después de cinco años sin resultados positivos podemos adjudicar que el experimento fracasó”, indica Hernández Montañez.
En la demanda se expresa que el efecto de que el Congreso creara la JCF le dio a esa entidad poderes que solo le pertenecen a la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa.
La demanda señala que las acciones del Congreso relacionadas a los territorios, como la creación de entidades, están sujetas a los principios de separación de poderes y deben asegurarse que los ciudadanos estadounidenses que viven en los territorios disfruten de una forma de gobierno que los proteja de la tiranía de la autocracia.
Indica, además, que aunque luego de la creación de la JCF, el Gobernador, a nombre de la Rama Ejecutiva, sigue presentando un presupuesto y la Rama Legislativa lo analiza y aprueba, la JCF puede de manera unilateral pasar sobre la decisión de ambas ramas y presentar su propio presupuesto.
Antecedente en ese tipo de demanda
En abril de 2019, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) mantuvo un pleito ante la jueza de quiebras Laura Taylor Swain, reclamando que los nombramientos de los integrantes de la JCF fueran declarados inconstitucionales.
Para esa fecha (abril de 2019), trece organizaciones solicitaron al entonces presidente Donald Trump la renominación de los integrantes de la JCF. El Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston dio un plazo hasta 16 de mayo (de 2019) para mantener los nombramientos o designar nuevos miembros. A finales de diciembre de 2018, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo que no haría campaña a favor de los miembros de la JCF.
El abogado de la UTIER, Rolando Emmanuelli, manifestó -en ese entonces- que la renominación no era para un nuevo término de tres años. “Es una estrategia para tratar de decretar que el caso se convierta en académico. (Trump) los renomina solamente a los fines de que completen sus términos que vencen el 31 de agosto. No está nombrándolos por tres años más”, dijo el representante legal de la UTIER.
Explicó que la JCF solicitó al Primer Circuito de Apelaciones de Boston que se extienda la moratoria de su mandato más allá del 16 de mayo (de 2019) mientras el Tribunal Supremo de Estados Unidos evalúa un recurso de certiorari que radicaron, pues no favorecen esa determinación. Ese pedido fue impugnado por la UTIER y por Aurelius.
“La renominación es importantísima y buenísima porque da la oportunidad de que el Senado evalúe los méritos de la Ley PROMESA, su viabilidad como ley colonial, los intereses de ellos (los miembros de la JCF), las actuaciones de ellos”, indicó.
Señaló que la UTIER se opondrá al recurso de certiorari de la JCF, mientras que cabildearán en el Senado contra la Ley PROMESA y llevarán la información completa sobre los nombramientos.
