Por Sandra Caquías Cruz
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GUÁNICA – La “implosión controlada” del Centro Vacacional de Playa Santa de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA), en la comunidad Salinas Providencia, en este municipio, está pautada para el 19 de diciembre a las 9:00 am. cuando comiencen a caer -mediante detonación de explosivos- los 13 pisos de la estructura.
Empero, el director ejecutivo de la AEELA, Pablo Crespo Claudio, informó a Es Noticia que esa fecha no es certera porque el caso enfrenta un litigio judicial con el municipio relacionado al pago de arbitrios y contribuciones. El municipio dijo que la AEELA se resiste a cumplir con ese pago alegando que están exentos de pagar el impuesto.
El alcalde de Guánica, Ismael Rodríguez Ramos, luego de hacer la salvedad que fue la AEELA quien llevó el caso al tribunal ante la negativa de entregarle un documento que permite proceder con la implosión, explicó que en la última vista judicial -celebrada en noviembre- el juez determinó que la demolición podría ocurrir en lo que se dilucidaba el proceder o no del pago.
En medio de esa pugna está la comunidad Salinas Providencia, donde estiman residen unas 500 personas.
Un grupo de vecinos se reunió con Es Noticia e indicó que están conscientes que el edificio quedó muy afectado por los terremotos y hay que destruirlo, pero temen por la manera en que será el proceso porque de la década de 1980 al presente han perdido entre 10 y 20 pies de orilla en la playa.
Comunidad reclama información
Explicaron que la primera prueba de detonación que realizaron en el lugar fue sin avisarles y toda la comunidad se sorprendió porque no sabían lo que ocurría.
La segunda prueba, de la cual mostraron un vídeo, aunque sabían que ocurriría, no dejó de sorprenderlos. Se trata de una comunidad cercana al epicentro del terremoto del 6 de enero de 2020.
“Esas pruebas, además de ruido, generaron un fuerte movimiento de tierra”, planteó una de las residentes, quien no quiso que publicaran su nombre.
“La comunidad Playa Santa está muy preocupada por las consecuencias que, en un futuro, puedan generar estas explosiones a nuestros hogares, ya previamente afectados por los terremotos”, indicó. “Urge que las agencias pertinentes evalúen esta demolición y expliquen a la comunidad las verdaderas consecuencias al utilizar explosivos”, solicitó.
“El edificio en esto momentos representa un peligro”, dijo Crespo Claudio antes de señalar que teme a que la estructura en cualquier momento caiga.
Alcalde asegura apoya residentes
Mientras, el Alcalde indicó que los residentes, quienes pertenecen al Consejo de Seguridad Vecinal, tiene razón en sus planteamientos. “Es muy poca la información que han recibido… quedaron en orientar casa por casa y no lo han hecho. No hay comunicación. La preocupación de la comunidad es valida”, dijo.
Un opúsculo que colocaron en un negocio de la comunidad informa que será “derribo controlado” del edificio, construido en la década de 1970.
Otro de los residentes explicó que la empresa Alpha Demolition Inc., contratada para la demolición, los reunió y le explicó que el día de la implosión no puede haber nadie en un perímetro de 500 pies y que los que se encuentren en un radio de 500 a 1,000 pies no podrán estar en el exterior.
“Residentes desalojados podrán ver el evento desde las facilidades del parque de pelota”, informaron.
También le explicaron que los explosivos serían colocados en los primeros niveles con el fin de que la caída sea vertical y no lateral. Le dijeron que las detonaciones serían durante un minuto y que la nube de polvo, supuestamente, deberá moverse sobre el mar, esto según la brisa. La nube de polvo duraría varios minutos, según les explicó la empresa encargada de la demolición.
Presencia de asbesto y plomo
El Memorial Explicativo del proyecto, copia del cual nos entregó la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), establece que se trata de un edificio que salió positivo a asbesto y plomo.
“Los reportes de laboratorio de asbesto y plomo dieron positivo, se solicita el permiso de demolición condicionado a que se someta la certificación final de no presencia de asbesto y plomo y la certificación final de los trabajos de mitigación según serán aprobados por el Departamento de Recursos Naturales”, reza el documento.
El presidente de la AEELA indicó que ese material fue removido del lugar como se había solicitado porque sería un impedimento para dar la aprobación de la demolición.
El documento también señala que solo demolerían la estructura de 13 niveles, área de la piscina y terraza exterior y un techo de metal. No demolerán la verja, las canchas, caseta del guardia, caseta de la ATH ni la entrada principal.
El costo de la demolición, según informó la comunidad, es de $2.5 millones.
