Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
La demolición de las estructuras que el terremoto hizo inservibles en Guayanilla se encuentra en los tribunales mientras no cesan las controversias y las familias esperan el desenlace del pleito.
La subasta para seleccionar la empresa que se encargaría de una parte de los trabajos -las labores de dicho proceso están segmentadas por especialidad- fue impugnada por uno de los licitadores, por lo que el municipio espera la conclusión del pleito para adjudicar ese trabajo, explicó el alcalde Raúl Rivera.
No obstante, el líder de oposición Nery Velázquez Dip, del Partido Popular Democrático (PPD), acusa al alcalde novoprogresista, de detener los trabajos de demolición que había iniciado la administración del exalcalde popular Nelson Torres Yordan.
Velázquez Dip explicó que el Programa de Demoliciones que encaminó la pasada administración municipal había logrado demoler ocho residencias con una asignación de fondos otorgada por la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA), cuya cuantía total rondaba los $10 millones.
Empero, la nueva administración canceló el programa, según Velázquez Dip, era “para dar paso a otra subasta». El líder del PPD catalogó la subasta del incumbente como “inexplicable” porque supuestamente no favorece al postor más bajo.
“Aquí las acciones no solo se limitan a una subasta en aparente disloque y mal trabajadas, sino que se afectan de manera injusta a cientos de familias de las cuales 38 habían sometido todos sus documentos y se encontraban en turno para que se iniciaran los trabajos de demolición de sus estructuras afectadas. La cancelación de golpe y porrazo de este programa es otro terremoto en nuestro municipio y lo peor es que el Alcalde no sabe ni dónde está parado”, dijo Velázquez Dip en declaración escrita.
No obstante, el Alcalde catalogó esas expresiones de falsas porque asegura que no ha detenido la demolición de viviendas y que al presente han demolido 10 y continuará realizándolo en los próximos días a la espera de si la parte que impugnó decide recurrir al Supremo, esto luego que en las demás jurisdicciones determinaron “no ha lugar”.
Explicó que los trabajos de demolición han continuado porque la parte que impugnó cobrará por vivienda que demuela y los empleados del municipio, al presente, se mantiene demoliendo las que son pequeñas y de menos impacto o que no necesiten permisos especiales como las que conllevan tratamiento por tener asbesto o plomo.
Precisó que unas 45 casas están listas para demoler y que entre ellas hay 35 que cumplen con todo para derrumbarlas.
Señaló que un inventario, el cual estarán actualizando, identificó 800 estructuras como insegura, pero en los pasados meses varias familias hicieron trabajos de reparación y podrías estar sacándolas de ese listado. Mientras, otras que no sufrieron daños inicialmente, como los temblores se mantiene, pudieran estar en peores condiciones que hace un año.
Los trabajos de demolición continuarán el próximo martes 12 de octubre.
