Por Redacción Es Noticia
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La Legislatura tiene ante su consideración la Resolución 902 que busca investigar el proceso de aprobación del acuerdo de privatización de la generación de electricidad pactado entre la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la empresa Genera PR.
La Resolución se dirige a investigar la posibilidad de otro aumento en la tarifa eléctrica, las potenciales consecuencias del contrato de privatización de la generación de electricidad, las similitudes entre dicho acuerdo con el contrato de privatización de las fases de transmisión y distribución de electricidad con LUMA Energy, si Genera PR fue creada con miras a participar del proceso de privatización, el proceso de licitación y si la puesta en marcha de lo acordado es contraria a que en el futuro previsible Puerto Rico pueda experimentar transformar la producción de electricidad con fuentes energéticas renovables.
“Con la privatización de la generación de electricidad, la administración actual da el paso final en la carrera por entregar a los intereses privados una de las funciones cruciales que el sector público ha desempeñado desde siempre. Se trata de la violación al derecho humano a la energía, fundamental en nuestra sociedad”, manifestó el autor de la medida, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón.
Explicó que ese acuerdo ¨impone una carga económica a la AEE, que podría traer como consecuencia más aumentos en la factura del servicio eléctrico, pero sobre todo se trata de una carga económica innecesaria toda vez que la agencia ha invertido recursos para estabilizar el sistema de producción (generación) de energía y ha aprobado un plan para atender las situaciones que enfrenta debido a la fragilidad de su infraestructura. Lo menos que podemos hacer desde la Legislatura es investigar exhaustivamente este contrato”.
El también abogado señaló, además, que el referido acuerdo entrega al consorcio Genera PR el derecho a administrar por los próximos diez años las centrales termoeléctricas de la AEE, lo que la convertiría a la esa empresa privada, de facto, en un monopolio con las implicaciones que ello acarrea.
Márquez resaltó también, que la investigación incluye analizar las consecuencias sobre los empleados de la AEE, sus convenios colectivos y su sistema de retiro.
“Este contrato no exigirá a Genera PR ningún tipo de inversión de capital, es decir, no desembolsará fondos en el desempeño de un rol fundamental para el sistema eléctrico del país y, por ende, para la estabilidad de nuestra economía. Varios sectores han planteado que el contrato de privatización podría carecer de herramientas para fiscalizar al privatizador, como ha sido el caso con el contrato de LUMA Energy y por eso desde nuestro espacio en la Legislatura insistiremos en investigar en cumplimiento con nuestra labor fiscalizadora”, dijo.
