La rectora de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, Rochellie Martínez Vivas reaccionó el viernes a los planteamientos realizados por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico por despidos de empleados.
“Los contratos a los que se hace referencia corresponden a nombramientos especiales sufragados con fondos no recurrentes relacionados con la respuesta a la pandemia del COVID-19. Por su naturaleza, estos nombramientos fueron otorgados con un término de vigencia definido y conocido por las partes desde el momento de su otorgación, culminando el pasado 30 de junio de 2026, conforme a las condiciones establecidas en los contratos suscritos”, dijo Martínez Vivas en declaraciones escritas.
“Actualmente, la Universidad lleva a cabo un análisis administrativo y presupuestario para determinar las necesidades operacionales del recinto y los recursos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios que ofrece a la comunidad universitaria dentro de la disponibilidad presupuestaria. Como parte de ese proceso, se determinará la cantidad de nombramientos especiales necesarios para que la UPR Cayey continúe cumpliendo con su misión académica y de servicio”, añadió.
El presidente del Sindicato, David Muñoz acusó a la rectora por el despido de dieciséis trabajadores luego que el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitiera, el pasado 8 de mayo de 2026, una sentencia que confirmaba el laudo del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo, del 27 de enero de 2023, el cual determinó que el despido de un trabajador a contrato con siete años de servicio fue ilegal.
“En cuanto al caso judicial al que hace referencia el sindicato, es importante señalar que corresponde a un caso específico, con hechos y circunstancias particulares, por lo que no guarda relación con los procesos administrativos que actualmente atiende la Universidad de Puerto Rico en Cayey”, expuso la rectora.
“No conforme a lo anterior, la Administración Universitaria ha dado instrucciones para reducir aproximadamente cien dólares mensuales del salario de trabajadores que actualmente laboran en horarios y condiciones protegidas por el Convenio Colectivo”, expresó Muñoz.
“No es correcta la afirmación de que la administración universitaria impartió instrucciones para reducir el salario de empleados adscritos a dicho gremio”, contestó la rectora.
“Las acciones anti obreras de la Administración Universitaria, respaldadas por la presidencia de la Universidad, representan una verdadera “Declaración De Guerra” contra los trabajadores del Sindicato y serán atendidas mediante todas las acciones que ello requiera, incluyendo de manera segura, una Huelga General al comienzo del próximo semestre académico, a menos que la administración deponga su actitud, reinstalando a los dieciséis (16) trabajadores despedidos, el otorgamiento de nombramientos permanentes a todos aquellos empleados que hayan completado dos (2) años de servicio y la culminación del proceso de negociación para la implantación del Plan de Clasificación y Retribución”, sentenció el sindicalista.
