Por Centro de Periodismo Investigativo
Wilma Maldonado, Tatiana Díaz Ramos y José M. Encarnación Martínez
redaccion@esnoticiapr.com
Apenas soplaban las primeras ráfagas del huracán Fiona cuando decenas de alcaldes tuvieron que improvisar soluciones. Cuando llegaron a los lugares certificados como refugios por el Gobierno de Puerto Rico, los encontraron sin cisternas ni generadores de energía. A esas horas descansaba en algún escritorio una copia de la Ley 88 que, desde abril de 2018, obliga al Departamento de Seguridad Pública (DSP) a redactar un reglamento para garantizar que todo refugio tenga fuentes alternas para los servicios de agua y luz. Esto nunca ocurrió.
Desde el viernes, 16 de septiembre, antes del paso del huracán Fiona, alcaldes como el de Comerío, Josean Santiago, advirtieron públicamente que los refugios certificados no tenían fuentes alternas de energía para cuando fallara el servicio eléctrico, y algunos tampoco tenían cisternas o duchas. Posteriormente, el alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez García, también dio a conocer la necesidad de un generador de energía y de duchas para uno de los refugios que se abrió en su municipio.
A medida que era inminente el azote del huracán, vecinos de Guánica que temían los daños que los vientos o las lluvias podrían provocar en sus hogares acudieron a la Escuela María McDougall, designada como refugio por el Departamento de la Vivienda. Cuando el grupo creció, el alcalde Ismael “Titi” Rodríguez Ramos tomó la decisión de abrir un segundo refugio en la Escuela Agripina Seda, que sí tenía generador y cisterna, contrario a la McDougall, y que también estaba designada por el DV como refugio.
“Cuando nos movimos para allá, no había nadie del Departamento de Educación que prendiera el generador. Nos comunicamos con Educación pero no apareció nadie”, indicó el ejecutivo municipal. A Rodríguez Ramos no le quedó más remedio que, en medio de la emergencia, mover a los refugiados a la Escuela McDougall y también “tuvimos que poner el generador y donde ahora mismo [dos días después del paso del huracán] nosotros también estamos poniendo una cisterna”, narró Rodríguez Ramos.
La Escuela Agripina Seda quedó destruida luego de los temblores de 2020. Tras una inversión de $7.5 millones en 2021, los estudiantes reanudaron sus clases en enero de este año en una estructura modular de acero y aluminio que el propio gobernador Pedro Pierluisi catalogó como “espectacular, agradable y bien seguro”. Sin embargo, esto no sirvió para brindar los mejores servicios a los refugiados por Fiona.
La edad promedio de los refugiados en la Escuela María McDougall fluctuó entre los 60 y 80 años, según informó al Centro de Periodismo Investigativo personal en el plantel, quienes también señalaron la falta de protocolos y de monitoreos efectivos en caso de que algún refugiado necesitara asistencia médica o tratamientos durante la emergencia. El señalamiento se dio luego que un adulto mayor llegó al refugio con una herida abierta. A este refugio sin agua y sin luz también llegó una mujer embarazada con dos niños pequeños, quien recibió servicios en la escuela luego de perder el techo de su residencia. Este plantel estaba abierto en su totalidad a pesar de que tiene una estructura “parcialmente apta” a raíz de los temblores, según catalogada por ingenieros que la inspeccionaron. Allí no había áreas restringidas o con avisos sobre los riesgos a los que se exponían sus ocupantes.
Guánica no fue el único municipio del sur que enfrentó problemas con las escuelas identificadas como refugio. Más de la mitad, o 14 de los 27 refugios identificados por el DV en la zona cero de los temblores de 2020, al sur de Puerto Rico, fueron escuelas públicas. Ocho de esas 14 escuelas que sobre el papel estaban listas o certificadas para ser refugio no tenían generador eléctrico, según cotejó el CPI en los documentos entregados por el DV.
En Peñuelas, tres de las siete escuelas en el municipio están certificadas como refugio pero ninguna tiene generadores eléctricos. En la Escuela Daniel Webster, la cisterna para el comedor no funciona desde los temblores, situación que se ha reportado al DE en al menos tres ocasiones sin recibir respuesta ni soluciones, indicó al CPI el director escolar, Joel Castro.
Guayanilla puede considerarse una excepción ya que la única escuela identificada como refugio, la Gloria M. Borrero, cuenta con generador y cisterna. En cambio, el municipio de Salinas, el pueblo más afectado por Fiona, contaba con cuatro refugios, todos escuelas públicas, y, según el DV, solo una, la Escuela Carlos Colón Burgos, tenía un generador.
Cuando se le indicó a Vivienda las deficiencias encontradas en estos albergues temporeros, la agencia se limitó a comentar que un comité evaluador “certifica los refugios y que cualquier deficiencia encontrada es notificada a los dueños de los planteles escolares (Departamento de Educación o Autoridad de Edificios Públicos), quiénes son los responsables de subsanar las mismas. La apertura de los refugios se encuentra en manos de los municipios”. Vivienda también señaló que cuando se hace el registro de entrada a un refugiado se solicita información médica y que presuntamente se “coordina con el Departamento de Salud las necesidades médicas de los refugiados para la provisión de servicios”.
Falta de servicios básicos en refugios en el sur, oeste y norte
Contrario a lo que observó el CPI en varios municipios y a una semana del paso del huracán Fiona, el DV comunicó que “al momento de abrir un refugio siempre se prioriza aquel lugar que esté en la lista y que cuente con un generador o cisterna”.
“Cada agencia miembro del comité evaluador somete al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NEMEAD) la documentación que avala la determinación de incluir la instalación como refugio disponible. Al momento de la emergencia es el municipio quien toma la decisión de abrir el refugio”, lee la comunicación de Vivienda.
La falta de servicios básicos, incluyendo los médicos, fue observada por el CPI en refugios en la región sur, oeste y norte. Es más, el mismo secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, durante una conferencia de prensa el viernes pasado narró que tuvo que, personalmente, supervisar que se proveyera un generador en la Escuela José Robles Otero en Toa Baja. El Secretario de Estado afirmó que “los refugios deben estar en la mejor condición posible, cumpliendo con los requisitos para asegurar que en caso que lleguen pacientes encamados o una población particular vulnerable se atienda”.
“Tan pronto yo llegué el alcalde [Bernardo “Betito” Márquez García] me dice inmediatamente que se necesita un generador [en el refugio], había un paciente encamado, había unas necesidades particulares, que hacían no un lujo sino una necesidad imperiosa que eso se atendiese”, relató Marrero Díaz. “Yo mismo personalmente di seguimiento para asegurar que ese generador llegase a esa escuela y llegó”, agregó.
El Secretario de Estado también explicó que en esta ocasión el Gobierno de Puerto Rico está autorizado a utilizar fondos para vivienda temporera bajo la categoría de medidas de protección en emergencia tras la declaración de desastre del presidente Joe Biden. Esta es la categoría B del programa de Asistencia Pública. Además de los refugios, con estos fondos está permitido llegar a un acuerdo con hoteles, paradores y pequeñas hospederías para proveer vivienda temporera.
En el Municipio de Arecibo, por ejemplo, solo se abrió un refugio en el área urbana, en la Escuela María Cadilla de Martínez, y otro en la ruralía, en la Segunda Unidad del barrio Sabana Hoyos, que es el más grande de Puerto Rico y es el más alejado del centro urbano de la Villa del Capitán Correa. Según la lista del DV, sólo la escuela de Sabana Hoyos tenía generador eléctrico.
Los hermanos Gladys y Norberto Nieves, quienes abandonaron la urbanización Reparto Martell, en Arecibo, cuando ya se había metido dentro de su casa varios pies de agua, se encontraron con la escuela María Cadilla de Martínez a oscuras y sin servicio de agua, por lo que la higiene en los baños no era la más adecuada. “Cuándo yo pregunté cuáles eran los derechos de los refugiados se molestaron. No (había) agua ni luz. Sí había alimentos y meriendas”, comentó Gladys.
El presidente de la Asociación de Alcaldes y ejecutivo municipal de Villalba, Luis Javier Hernández, confirmó que el problema de las escuelas identificadas como refugio se extendió a los pueblos del centro de la isla. “Yo fui al refugio de la Escuela Superior Vocacional de Villalba [Cristina Martínez], que todos los años se anuncia como refugio certificado. Entonces, nosotros entendemos que ‘certificado’ significa que [la escuela] funciona [como refugio], que tiene todo para atender una emergencia: generadores, cisterna, comedores, área para personas encamadas, etcétera. Cuando llegué al refugio el generador no funcionaba”, denunció, subrayando la falta de coordinacióninteragencial en el Gobierno.
La Escuela Cristina Martínez aparece en la lista del DV y especifica que no tiene generador. Incluso, la Escuela Silvia Torres, el otro plantel identificado para ser refugio en Villalba, tampoco aparece en los documentos con el equipo necesario. Hernández sostuvo que ni siquiera recibió una comunicación por parte de las agencias a nivel central y que, al igual que el municipio de Guánica, tuvo que responder en medio del paso del huracán.
“El año pasado le dije al Secretario [de Educación] que revisara bien [las escuelas]. Cuando por fin hicieron la lista de refugios certificados, me dijeron que el generador estaba funcionando y que lo revisaron. Pues no, tuvimos que pedir un generador de emergencia y en medio del huracán conectarlo para que la gente allí tuviera luz”, destacó en una conferencia de prensa que celebró la Asociación de Alcaldes el miércoles pasado en Ponce.
Sin electricidad, pobre iluminación y poca seguridad
En el centro de la Isla, el CPI visitó la Escuela Bernardo González Colón, en Utuado, un día después del huracán Fiona. La instalación no tenía electricidad, la iluminación era pobre y ofrecía poca seguridad. Al menos, tenía agua potable.
Asimismo, en Cabo Rojo, municipio por donde entró y salió el huracán Fiona, el alcalde Jorge Morales Wiscovitch, confirmó que la Escuela Superior Monserrate de León Irizarry, en Boquerón, no tuvo generador eléctrico para brindar mayor comodidad, seguridad y la posibilidad de conectar aparatos de asistencia médica. “Se hicieron las gestiones, pero nos cogió la tormenta y no pudieron resolver”, expresó Morales Wiscovitch. “Esa escuela siempre se ha usado como un refugio sin un generador”. Según el ejecutivo municipal, los refugiados rehusaron moverse a otra escuela, ya que preferían permanecer en su comunidad.
Cuando el CPI preguntó cuál era la entidad gubernamental a cargo de los generadores eléctricos, el alcalde respondió que la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) porque son los responsables del mantenimiento de los planteles públicos, una tarea que es compartida con la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP). Además, la Ley 88 impone a Vivienda y a Educación el deber de que las escuelas refugio tengan cisternas y fuentes alternas de energía. Morales Wiscovitch agregó que, durante una emergencia, el NEMEAD también tiene la responsabilidad de que esto se subsane para que no ocurra de nuevo.
En Hormigueros, el refugio en el Centro de Convenciones Bobby Cruz tenía comida, electricidad, servicios médicos y baños accesibles para los refugiados, según pudo observar el CPI cuando visitó la facilidad cuatro días después del paso de Fiona. Quedaban todavía 48 refugiados. El empleado municipal a cargo de los refugios, David Vázquez Ortiz, explicó que el municipio utilizó el centro comunal Valle Hermoso Arriba y el centro de convenciones como refugios debido a que la Escuela Superior Segundo Ruiz Belvis no tenía cisterna o generador eléctrico.
“Los únicos [refugios] que tenemos habilitados son los centros comunales de nosotros, que son facilidades municipales, ya que las escuelas del gobierno central no están en condiciones”, expresó Vázquez Ortiz. El municipio es el dueño del generador eléctrico y el responsable del combustible, dijo. No habían tenido la necesidad de usar la cisterna, aunque tienen una. El municipio también pagó para proveerle a los refugiados servicios de un doctor y dos enfermeras, dijo Vázquez Ortiz. En tanto, el desayuno, el almuerzo, la cena y las meriendas de los refugiados se coordinan con la Autoridad Escolar de Alimentos.
Según Vázquez Ortiz, las tareas cotidianas en el refugio las realizan los empleados municipales y el personal de la compañía JA Machuca & Associates, contratada por la Administración de Vivienda Pública (AVP) para operar el refugio. El empleado municipal expresó que, en cierta parte del día, el personal de la AVP también los asiste.
Qué dice la Ley 88 de 2018
La responsabilidad de proveer esos servicios básicos en los albergues de emergencia es compartida entre el Departamento de Vivienda (DV) y el Departamento de Educación, según la Ley presentada por el entonces presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y los ex senadores Henry Newmann y Luis Daniel Muñiz Cortés. La “Ley de Garantía de Prestación de Servicios” se hizo para mitigar los efectos de un evento catastrófico.
El estatuto obliga a Vivienda y a Educación a proveer una cisterna en los refugios con abasto suficiente para al menos cinco días, así como garantizar el servicio de energía por medio de una fuente alterna. La función de fiscalizar el cumplimiento recae en las Oficinas Municipales de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMMEAD).
Más de cuatro años después de la aprobación de la Ley 88, el DSP le dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que “estaban trabajando” en el reglamento. Ningún funcionario de esa agencia contestó la petición de entrevista del CPI para explicar por qué no hay reglamento. Asimismo, el CPI se comunicó con el senador Rivera Schatz, como autor del proyecto, para evaluar el resultado de la medida, pero el funcionario electo afirmó que no “le interesaba hablar” con esta organización periodística.
Esta ley se aprobó en respuesta a los problemas que enfrentó Puerto Rico tras el paso del huracán María en 2017 con los servicios médicos y las facilidades para albergar refugiados. Sin embargo, cuando el CPI le preguntó al DV que mencionara las leyes que regulan los refugios en Puerto Rico, la agencia no mencionó la Ley 88 de 2018. De hecho, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, dijo una semana antes de que llegara Fiona que “los refugios no necesariamente tienen que tener planta eléctrica”, pues no es un requisito indispensable. “Nuestra meta es, eventualmente, que todos los refugios tengan su planta eléctrica y su cisterna”, aseguró, aunque esta no es la realidad de los 365 refugios certificados.
La lista de inspección inicial de estos albergues de emergencia según la Guía para la Operación de Refugios de Emergencia revisada en junio de 2020 tampoco toma en consideración la obligación de tener cisterna y una fuente alterna de energía que impuso la Ley 88.
Los contratos de los refugios
La AVP tiene 11 contratos vigentes hasta junio de 2023 con el mismo número de compañías para operar y administrar los refugios a través de toda la isla. Los contratistas facturan $10 por día por refugiado. Además, reciben $250 por cada refugio que se requiera abrir y otros reembolsos de gastos incurridos relacionados a la operación. En total, los contratistas pueden facturar hasta un máximo de $150,000 al año, de los que pueden adelantarse $50,000 para cubrir gastos de operación en el establecimiento y operación de los refugios.
“Todos los contratos para la administración de refugios cuentan con una vigencia de un año fiscal, puesto que las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento del año”, dijo el DV. La agencia también detalló que la supervisión de los administradores de refugio es del DV y la AVP, “por conducto del coordinador interagencial de Seguridad y Emergencia”. Este funcionario tiene entre sus responsabilidades coordinar con el Comité Evaluador de Refugios — compuesto por personal de varias agencias — las inspecciones anuales a las instalaciones que serán utilizadas como refugios en casos de emergencias y, verificar y certificar que los refugios cumplan con los parámetros y requerimientos establecidos para ser utilizados en caso de emergencias.
Luis Joel Méndez González, Cristina del Mar Quiles y Vanessa Colón Almenas colaboraron en esta historia.
