Por Redacción Es Noticia
El alto número de casos positivos al COVID-19 en las instituciones penales de la isla motivó al representante popular Jesús Manuel Ortiz González a radicar la RC 248 para investigar los protocolos del manejo de la pandemia entre la población penal.
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En especial, tras la muerte del oficial de custodia de Las Cucharas en Ponce, Víctor González Silva.
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“Durante los pasados días, se han levantado cuestionamientos sobre la forma en que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) está manejando la pandemia de COVID-19 en las instituciones correccionales de la Isla. Es de todos conocido que se han reportado muertes de confinados y oficiales de corrección, esto en adición a los brotes que se han confirmado en las instituciones de Ponce y Bayamón. Por eso, es necesario conocer de primera mano cuales son las medidas de salubridad y los planes que está ejecutando la designada secretaria Ana Escobar Pabón para evitar más muertes de confinados y personal de corrección”, señaló.
El DCR informó que el 72% de sus empleados fueron vacunados, mientras que sólo un 17% de los sumariados han sido vacunados.
“Si solo el 17% de la población correccional ha sido vacunada, la nominada para el DCR debe estar ejecutando un agresivo plan de higiene para evitar más brotes y contagios. Por eso entendemos pertinente indagar sobre las condiciones de trabajo de los oficiales de corrección y de los confinados, específicamente los protocolos y el manejo de casos positivos”, añadió.
Por otra parte, Ortiz González-quien también es presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara-radicó la RC 252 que ordena una investigación exhaustiva sobre la anulación del proceso de subastas que siguió el pasado Secretario de Corrección, Erick Rolón, para la adquisición de monitoreo electrónico y supervisión activa a los agresores de casos de violencia doméstica.
La resolución busca que el DCR presente un informe que incluya las razones por las cuales se anuló dicho proceso y el estatus actual del sistema de supervisión electrónica para estos casos.
“Es imperativo que el estado le provea a las víctimas de Ley 54, las garantías necesarias de que su victimario está siendo supervisado y que no entra en las zonas restringidas. La anulación de la subasta pudo haber afectado la eficacia del servicio, por lo que se hace necesario conocer el estatus del mismo, para la tranquilidad y seguridad de las víctimas”, reiteró.
