Por CyberNews
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El gobernador Pedro Pierluisi dijo este lunes que está complacido con la labor de la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega.
“Yo estoy muy satisfecho con el trabajo de la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez en los dos o tres meses que lleva a cargo del puesto. Su confirmación no está ahora mismo en peligro en lo más mínimo. Ella no ha sido designada para asumir el cargo en propiedad. Esa designación yo la pudiera hacer, pero yo estoy muy satisfecho con el trabajo que ha hecho”, dijo Pierluisi preguntas de la prensa.
“No solo con el trabajo que hizo en la Reserva de la Bahía de Jobos (de Salinas), sino que ahora en esa área que no está en la Reserva, pero en la que ella identificó unos muelles que a todas luces no tienen los debidos permisos. Ella está actuando como debe actuar por eso yo estoy muy satisfecho con su labor hasta el día de hoy”, añadió.
Rodríguez Vega ordenó el viernes, la demolición de nueve estructuras y muelles construidos ilegalmente en la zona marítimo terrestre y terrenos aledaños a la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas.
“Queremos ponerle fin al continuo daño ambiental que representan estas estructuras levantadas ilegalmente en la zona marítimo terrestre y terrenos aledaños a la Bahía de Jobos. Así que no vamos a posponer las acciones correctivas necesarias”, sostuvo la funcionaria en declaraciones escritas.
Mediante Resolución y orden emitida a esos efectos, Rodríguez Vega concedió 30 días para llevar a cabo esas acciones, las cuales deberán ser coordinadas con el DRNA.
Igualmente, ordenó a los que violaron las leyes ambientales causando daños a la flora y fauna a que restauren el área y la devuelvan a las condiciones naturales en que se encontraba antes de ser impactada por dichas actividades ilegales.
El DRNA determinó que dichas estructuras y muelles construidos en la protegida área de mangle no cuentan con los permisos y autorizaciones correspondientes y resultan en un aprovechamiento ilícito de los bienes de dominio público. Las construcciones habrían violado la Ley 23 de 1972 (Ley orgánica del DRNA), así como varios artículos del Reglamento 4860 (Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo éstas y la Zona Marítimo Terrestre) y la Ley de Puertos.
Asimismo, los querellados tienen 10 días para mostrar causa ante el DRNA por la cual no se deban ejecutar las órdenes emitidas.
Por otro lado, bajo la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, los querellados tienen el derecho a solicitar ante el DRNA la reconsideración de la Resolución y, de sostenerse la determinación de la agencia, acudir en revisión ante el Tribunal de Apelaciones.
