El Senado evalúa las posibles repercusiones que tendrían en la Isla los cambios propuestos por el Gobierno federal a las normas que regulan el programa Head Start, particularmente en áreas como la seguridad de los menores, currículo, transportación, personal, tamaño de los grupos y gastos administrativos.
El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, encabezó una mesa redonda para analizar la propuesta federal Reducing Federal Burden for Head Start Programs y anticipar las medidas que podrían ser necesarias a nivel local para garantizar la continuidad de los servicios dirigidos a niños y familias.
La discusión ocurre mientras culmina el periodo para presentar comentarios sobre la propuesta federal, que contempla la eliminación de alrededor de 1,400 disposiciones regulatorias relacionadas con la operación de Head Start.
Entre los cambios propuestos figura la reducción de 15 % a 5 % del límite permitido para gastos administrativos, además de modificaciones a los requisitos sobre currículo, transportación, personal, tamaño de los grupos, licenciamiento, enseñanza del inglés y supervisión.
Ríos Santiago advirtió que, de aprobarse la propuesta, Puerto Rico podría tener que asumir mayores responsabilidades en materia de regulación y licenciamiento.
“Una de las cosas que queremos atender aquí, y lo que nos trae a esta mesa, es la propuesta que desaparecería las normas de desempeño actuales y eliminaría unas 1,400 regulaciones sobre grupos, currículo, personal y transporte. De ser exitosa esta propuesta, se seguirían las normas estatales de licenciamiento; o sea, nos va a tocar a nosotros”, sostuvo.
Por su parte, la senadora Wandy Soto Tolentino, quien participó en representación del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, destacó que Head Start tiene un impacto que trasciende la educación y alcanza directamente a las familias.
“Cuando hablamos de Head Start, hablamos de mucho más que un programa de educación. Hablamos de niños, hablamos de padres, de madres, hablamos de un presente y hablamos también de un futuro”, expresó.
Preocupación por seguridad y supervisión
Durante la discusión, la administradora de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), Amy D. Vega Ojeda, adelantó que la agencia defenderá aquellas disposiciones federales que considera esenciales para garantizar la salud y seguridad de los menores.
Vega Ojeda expresó particular oposición a la posible eliminación de los requisitos relacionados con las verificaciones de antecedentes del personal y los adiestramientos sobre maltrato de menores.
“Eliminar el requisito de adiestramiento sobre la ley de maltrato, para nosotros, es inconcebible. Eso no lo vamos a tolerar, no lo vamos a permitir”, afirmó.
La funcionaria también defendió la permanencia de mecanismos de monitoría y supervisión en los programas Head Start y adelantó que ACUDEN presentará sus comentarios formalmente ante el Gobierno federal.
En cuanto a la enseñanza del inglés, Vega Ojeda sostuvo que Puerto Rico debe promover el aprendizaje del idioma desde las primeras etapas educativas, pero mediante un proceso que también fortalezca el español como lengua materna. Mencionó como posible modelo el programa Little Voices Speak Dreams, implementado a través de Child Care y que, según indicó, ha impactado a más de 250 centros.
Gobierno continuará gestiones en Washington
La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, aseguró que las gestiones ante el Gobierno federal continuarán después de concluir el periodo para presentar comentarios.
Boffelli informó que funcionarios puertorriqueños tuvieron la oportunidad de plantearle al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., las posibles consecuencias que los cambios a Head Start podrían tener en Puerto Rico.
“Esto no termina hoy. Hoy es el día que sometemos los comentarios, pero las conversaciones continúan”, afirmó.
Según Boffelli, también existe la posibilidad de que se emita una nueva regla antes de que finalice el año, mientras continúan otros procesos, incluyendo gestiones legislativas a nivel del Congreso federal.
Directores advierten sobre impacto en empleados
El presidente de la Asociación de Directores de Head Start de Puerto Rico, Javier Negrón Olivieri, identificó como principales preocupaciones la reducción del límite para gastos administrativos, los cambios relacionados con la enseñanza del inglés y la necesidad de aclarar cómo la nueva normativa definiría y trataría a Puerto Rico.
Negrón Olivieri estimó que los cambios podrían tener repercusiones sobre unos 12,000 empleados vinculados a los programas Head Start en la Isla.
“No estamos apoyando la reducción del 15 al 5 por ciento porque debilita áreas clave de los programas Head Start, como recursos humanos, administración fiscal, tecnología y cumplimiento”, sostuvo.
A la vez, aclaró que los programas no se oponen al aprendizaje del inglés, pero reclamó un periodo de transición que permita continuar ofreciendo educación bilingüe y preparar adecuadamente al personal.
El directivo también reconoció algunos aspectos favorables de la propuesta federal, entre ellos una mayor flexibilidad en determinados procesos de cumplimiento relacionados con evaluaciones y seguimientos de salud, aunque aseguró que los programas mantendrían sus controles de calidad en áreas como visión, audición y condición física de los menores.
La presidenta de la Asociación de Empleados de Head Start de Puerto Rico, Gisela Díaz, también expresó preocupación por el posible impacto laboral de la reducción de los gastos administrativos y destacó la importancia de mantener capacitado al personal ante los cambios que puedan surgir.
Amplia participación
En la mesa redonda participaron funcionarios gubernamentales, alcaldes, directores de programas Head Start, empleados, organizaciones de padres y representantes de entidades dedicadas a servicios para la niñez.
Entre los participantes estuvieron el alcalde de Guaynabo, Edward A. O’Neill Rosa; el director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Facundo Miguel Di Mauro Vázquez; y representantes de programas Head Start de Guaynabo, San Germán, Manatí, Barceloneta, Yabucoa y Utuado.
También participaron representantes de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Centros Sor Isolina Ferré y Boys & Girls Clubs de Puerto Rico.
El Senado continuará evaluando el desarrollo de la propuesta federal y las posibles medidas que tendría que adoptar Puerto Rico para garantizar la continuidad y calidad de los servicios que reciben miles de niños y familias a través de Head Start.
