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Senado en defensa de la industria de gallos en Puerto Rico

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Por Redacción Es Noticia

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El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, presentó hoy -lunes- un escrito de “amicus curiae” (amigo de la corte) a nombre del Senado uniéndose a la solicitud de los defensores del deporte de los gallos en Puerto Rico.

El escrito exige que se declare inconstitucional la ilegalización de la práctica contenida en el “Farm Bill of 2018” y se revoque la decisión del Primer Circuito de Apelaciones sosteniendo la prohibición.

“Hemos acudido al Supremo federal, como amigos del Tribunal, para defender nuestra tradición cultural del deporte de los gallos y a los miles que dependen del mismo, frente a una prohibición inconstitucional establecida por el Congreso, por ser un ejercicio excesivo y ultra vires de los poderes del gobierno federal bajo la Cláusula de Comercio Inter estatal», explicó Dalmau Santiago en comunicación escrita.

Dalmau Santiago argumentó que «el deporte de los gallos es una práctica estrictamente local, altamente regulada por las leyes de Puerto Rico, que no incide de forma alguna en el comercio Inter estatal de los Estados Unidos”.

El presidente del Senado también señaló que el escrito legal presentado ante el más alto tribunal federal busca defender y reafirmar las prerrogativas del Senado y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para legislar sobre asuntos estrictamente locales o “intra-estatales”.

“El propio Tribunal Supremo de Estados Unidos ya resolvió desde 1982, en el caso de Rodríguez v. PPD, que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por ende las leyes aprobadas por su legislatura, tienen al menos un grado de soberanía sobre los asuntos no regulados por la Constitución de Estados Unidos similar al de un estado. Esto bajo los términos establecidos por las leyes federales 600 de 1950 y 447 de 1952. Por ellos acudimos a reafirmar la autoridad del Senado para legislar sobre asuntos exclusivamente puertorriqueños”, sostuvo Dalmau Santiago.

El recurso de amigo de la corte del Senado fue firmado por los abogados Edwin Quiñonez del Bufete Quiñonez, Arbona y Candelario y por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien prestó sus servicios ad honorem. Igualmente laboró en la preparación del recurso el licenciado Luis Vega Ramos, exlegislador y asesor legal del presidente del Senado, así como el licenciado Joseph Feldman del Bufete Quiñonez, Arjona y Candelario.

El recurso discrecional de certiorari ante el Supremo federal, identificado con el epígrafe de Ángel Martínez Ortiz-Díaz, et al v. United States, et al, fue presentado el pasado 11 de junio.

El Tribunal Supremo abrió el expediente judicial el 17 de junio y hoy es el último día para presentar escritos solicitando intervención en el pleito.