Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
El senador por el Distrito de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, Juan Oscar Morales Rodríguez, radicó el Proyecto del Senado 1190, una ambiciosa pieza legislativa que busca establecer un marco regulatorio más estricto para el cabildeo en Puerto Rico.
La medida, titulada “Ley para el Establecimiento de un Marco Regulatorio Estricto del Cabildeo en Puerto Rico”, responde a la necesidad de reforzar la transparencia en la gestión pública, prevenir la corrupción y asegurar que las decisiones gubernamentales se tomen en función del interés colectivo, sin influencias indebidas.
Según la exposición de motivos, aunque el cabildeo constituye una expresión legítima del derecho de petición al gobierno, su práctica sin controles rigurosos puede derivar en conflictos de interés y actos de corrupción. En ese contexto, el senador destacó que la experiencia histórica de la Isla, marcada por escándalos de soborno y tráfico de influencias, ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
“Con esta legislación buscamos elevar los estándares éticos de nuestra gestión gubernamental a niveles comparables con las jurisdicciones más estrictas del mundo. El acceso al poder no puede depender de la capacidad económica de unos pocos, sino del bienestar de todos los puertorriqueños”, expresó Morales Rodríguez.
Como parte de su fundamentación, la medida toma como referencia leyes federales de Estados Unidos como el Lobbying Disclosure Act y el Honest Leadership and Open Government Act, además de marcos regulatorios en estados como Nueva York y California. Asimismo, se inspira en modelos internacionales implementados en Canadá y el Reino Unido, donde existen sistemas robustos de registro y fiscalización de cabilderos.
Uno de los elementos más destacados del proyecto es la imposición de un periodo de enfriamiento de cuatro años para exfuncionarios públicos de las ramas ejecutiva, legislativa, judicial, municipal y agencias federales en Puerto Rico. Durante ese tiempo, estas personas no podrán ejercer labores de cabildeo, una medida dirigida a frenar el fenómeno conocido como la “puerta giratoria”.
La propuesta también amplía esta restricción a los cónyuges de los exfuncionarios, reconociendo que en ocasiones los vínculos familiares han sido utilizados como vías indirectas para evadir regulaciones éticas.
Además, el proyecto fortalece el Registro de Cabilderos adscrito al Departamento de Justicia de Puerto Rico, otorgándole mayores facultades para verificar el cumplimiento de requisitos antes de autorizar cualquier inscripción.
De aprobarse, la legislación establecería sanciones severas para quienes incumplan con sus disposiciones, incluyendo multas de hasta 100,000 dólares, la inhabilitación permanente para ejercer el cabildeo y posibles consecuencias penales.
