Por Miguel Díaz Román
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Miles de policías, bomberos, técnicos de emergencias médicas y empleados públicos de múltiples agencias del gobierno no podrán jubilarse por medio de las dos ventanas de retiro que firmó la gobernadora Wanda Vázquez Garced antes de las primarias, porque ambas estructuras de jubilación carecen de fondos para financiar las pensiones y por lo tanto no tienen el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), sostuvo Carlos Morales Rodríguez, presidente de Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS).
Morales Rodríguez indicó que la JSF le informó que ni la Legislatura ni la Fortaleza han identificado los fondos recurrentes para garantizar los pagos mensuales de las pensiones vitalicias que ofrecerían ambas ventanas de retiro.
El presidente de COPS dijo que la información la ofreció personalmente la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, durante una reunión virtual que a través de la plataforma “zoom”, sostuvieron el pasado miércoles los representantes de las organizaciones que representan a los policías.
En la reunión Jaresko les informó que no hay dinero asignado para las ventanas del retiro firmadas por Vázquez Garced, indicó Morales Rodríguez.
Además de COPS, en la reunión virtual participaron portavoces del Frente Unido de Policías, del Sindicato de Policías Unidos y del Concilio Nacional de Policías.
“Ella nos dijo que las medidas se aprobaron sin el aval de la JSF. Y si la JSF no los aprueba no se implementan. Lo que Jaresko dice es
que no hay dinero recurrente asignado. Yo entiendo que esto se hizo para buscar votos. No busquemos votos, vamos a hacer las cosas como es….si la gobernadora lo hizo para hacer sentir bien a las diferentes agencias que iban a entrar al sistema, pues yo entiendo que se hizo mal. Si no hay el dinero, pues no lo hagamos. Para qué lo vas a firmar? Para que te lo denieguen más arriba y luego digas: no es mi culpa.Yo creo que debemos hacer las cosas bien”, indicó Morales Rodríguez un tanto decepcionado.
Las medidas firmadas por la gobernadora son el llamado proyecto 1623, conocido como proyecto para el retiro digno, que se convirtió en la Ley 81. Esta medida la radicó el senador Gregorio Matías.
La segunda medida es el proyecto 1616, conocido como proyecto para la ventana del retiro de los empleados públicos, que se convirtió en la Ley 80. Esta medida la presentó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la delegación del Partido Nuevo Progresista.
Las medidas proponen que los empleados públicos que se acojan al retiro recibían una pensión que oscila entre el 50 % y el 55 % del salario que reciben actualmente. Además, la mayoría de ellos también recibirían una aportación de $100 para plan médico.
Los dineros para las pensiones serían pagados del Fondo General, que también es responsable de pagar las pensiones de lo jubilados que estaban acogidos al desaparecido Sistema del Retiro del gobierno, y cuyo costo asciende a más de $2,000 millones anuales.
El presidente de COPS indicó que Jaresko les advirtió que el fondo general necesitaba una fuente de ingresos recurrentes que sustituyera el monto de dinero que se invertirá en el pago de las pensiones de los empleados públicos que se acogerían a las ventanas de retiro aprobadas.
Una fuente de ingresos recurrentes es aquella que recibe el gobierno regularmente como lo son los ingresos que se obtienen de las contribuciones sobre ingresos, de impuestos nuevos, del alza a un impuesto vigente o por medio del cargo que se le cobra a la ciudadanía para determinado servicio.
Aunque de las leyes 80 y la Ley 81 se desprende que los fondos para el pago de las pensiones surgirán del fondo general, no se ordena la imposición de un nuevo impuesto o cargo.
Otro factor que podría incidir en la aprobación de las dos medidas de parte de la JSF es que debido a la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus, los ingresos del fondo general sufrieron una merma sustancial durante el pasado año fiscal y se espera que en el presente año fiscal se registrará una baja en ingresos de más de $1,000 millones.
El presidente de COPS también mencionó que Jaresko les informó que la administración de Wanda Vázquez Garced le envió una carta después de que fueron aprobadas la leyes 80 y 81, la cual se propone contestar. El contendio de la carta no fue revelado por Jaresko, dijo el líder policíaco.
Morales Rodríguez agregó que durante la reunión con Jaresko pudieron confirmar que no eran ciertas las alegaciones realizadas por el senador Gregorio Matías a la matrícula de COPS, sobre que la JSF había aprobado las dos ventanas de retiro.
“Ahora entendemos que estos proyectos, se radicaron por el senador Matías, con el único propósito de salir electo en las pasadas primarias. Matías debe decir la verdad a todos los policías que confiaron en él”, dijo Morales Rodríguez.
Pero el senador Matías indicó que las medidas de retiro recibieron el voto de la mayoría y de las minorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, lo que, alegadamente, desmiente que promovió los proyectos con el propósito de salir electo en las pasadas primarias.
“Nadie puede pensar que yo me puse de acuerdo con 29 senadores y 57 legisladores y con la gobernadora para que se aprobaran estos proyectos. La mayoría y la minoría votó a favor porque entendieron que favorecen a los empleados públicos”, dijo Matías. No obstante, el senador fue el segundo candidato con más votos en la papaleta del Partido Nuevo Progresista para la posición de senador por acumulación, al recibir 50,399 votos. Incluso, Matías obtuvo más votos que Rivera Schatz, que quedó en quinta posición con 44,933 votos.
Matías también indicó que no es necesaria la identificación de una nueva fuente de ingresos recurrentes como, alegadamente, ha planteado Jaresko.
“Las medidas generan un ahorro al gobierno porque las pensiones son el 50 % del salario de los que se jubilen. Las medidas cumplen con lo que ha dicho la JSF sobre achicar el gobierno y de hacer ahorros en el gasto de fondos públicos. No es necesaria una nueva fuente ingreso recurrente, aquí no se necesita dinero nuevo”, inistió Matías.
El senador agregó que del costo de la ventana de retiro para la Policía será mucho menos de $317 millones, que la mitad del presupuesto de nómina de la policía que asciende a $635 millones. “Yo exhortó a los líderes de estas organizaciones de policías a no continuar creando desasociego entre sus matrículas”, indicó Matías.
Por su parte, Angel Maldonado, quien ha sido portavoz de los empleados públicos que favorecen la Ley 80, sostuvo que confía en que eventualmente la JSF aprobará las ventanas de retiro.
“Estas ventanas le hacen un ahorro al gobierno porque se ahorra el 50 % del salario. Yo no dudo que la medidas fueron aprobadas con fines electorales, pero la JSF no es un partido político y no va a elecciones. Yo confío y tengo fe de que van a hacer justicia a los miles de empleados públicos que merecen jubilarse con una pensión digna”, dijo Maldonado, quien es empleado del Departamento de Justicia.
