Por Nydia Bauzá
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En sus primeros cien días en las riendas del país, la gobernadora Jenniffer González Colón apenas ha tenido presentaciones públicas en el sur de Puerto Rico, mientras, en la zona, siguen estancadas las obras de reconstrucción de las estructuras derrumbadas por los terremotos en 2020, aumenta la criminalidad y la violencia machista, y varios municipios tendrán que despedir empleados por la eliminación del llamado fondo de equiparación.
Contrario a las promesas de campaña, la administración de González Colón extendió el contrato a la empresa Applied Energy Systems (AES), en Guayama, lejos de los reclamos de los residentes que luchan contra altas tasas de enfermedades respiratorias por las cenizas de carbón que siguen arropando a sus comunidades. Los sureños también enfrentan meses de incertidumbre con anticipados apagones en el servicio eléctrico y alzas tarifarias, mientras queda en veremos la promesa electoral de cancelar el contrato a la empresa LUMA Energy.
En estos primeros 100 días, la gobernadora González Colón ha pisado el sur para inaugurar la reconstrucción de una carretera en Adjuntas y para asistir a dos festejos: la juramentación del alcalde de Villalba, Dan Santiago y un reconocimiento a mujeres empresarias de la Cámara de Comercio del Sur. González Colón es oriunda de Villalba.
“Hasta ahora no he visto nada significativo que vaya a mejorar, que haya sido por iniciativa nueva, no hemos visto nada que nos llame la atención, que sea algo extraordinario”, sostuvo el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla.
El alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) abogó por la propuesta que presentó el pasado 26 de marzo a una Comisión Total del Senado, celebrada en Villalba, como parte de las medidas municipales para lidiar con los estorbos públicos y combatir la eliminación del fondo de equiparación por la Junta de Supervisión Fiscal. La propuesta busca enmendar la Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para ajustar la retroactividad de la tasación al tiempo real de una propiedad en estado de abandono, en lugar de aplicarle un término fijo de cinco años.
La pieza legislativa fue aprobada en el Senado, bajo la firma del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz y el senador popular, Josean Santiago Rivera, el pasado 31 de marzo y está pendiente ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes.
Según García Padilla la propuesta busca facilitar la rehabilitación y disposición de propiedades abandonadas en respuesta a la escasez de vivienda asequible y frenar la emigración de jóvenes por falta de acceso a viviendas a un costo justo según su salario.
En la prángana varios municipios del sur
“Hay cuatro municipios del sur que se quedan sin fondos de equiparación que se van a afectar con el aumento en la emigración y se afecta las posibilidades y la capacidad de los municipios de poder hacer obras. Uno de los problemas más graves que afecta a los municipios es la emigración y esto lo que hace es abonar a eso”, sostuvo.
El alcalde también dijo que con la pérdida del fondo de equiparación algunos municipios pierden su capacidad de reclutar policías municipales. “Hay una preocupación bien grande por la cantidad de policías que se están retirando y los pocos que están entrando, cómo se va a manejar eso, no veo conversaciones al respecto con los municipios y tampoco veo un plan para mitigar eso. Me preocupa mucho la seguridad”, remachó.
“El Estado no tiene la capacidad en estos momentos de convocatoria para la Policía estatal y hay un retiro de policías en un ritmo acelerado lo que va a traer un disloque en la seguridad pública.
En cuanto a las finanzas de Coamo dijo que están estables, pero a partir del nuevo año fiscal que comienza el primero de julio “cogemos un golpe grandísimo de dos millones por la eliminación del fondo de equiparación que suplíamos con fondos no recurrentes, pero este año no van a estar”.
Aunque sostuvo que ya empezaron a hacer ajustes “muchos servicios y actividades en el pueblo se van a afectar, no solo en Coamo, eso va a pasar en Santa Isabel, en Guayanilla, Orocovis, Villalba y Salinas”.
“En muchos municipios va a haber despidos. Ya ha habido despidos”, dijo. En Coamo, reclamó que no vislumbra cesantías.
“Hicimos los ajustes en el momento correcto, cuestión de ajustar un poquito más la nómina con personas que se retiran. Detalló que la plantilla total coameña es de 320 empleados, entre ellos, 110 regulares y la nómina asciende a $4 o $5 millones.
Reconoció, sin embargo, que algunos programas federales se ven amenazados por las políticas fiscales del presidente Trump. “La situación se vislumbra complicada”, dijo.
García Padilla describió como buena la reunión que sostuvo en febrero la gobernadora con alcaldes en La Fortaleza, pero cuestionó la falta de un plan. “Cuál es el plan para los municipios, para poder descentralizar o mejorar los servicios a la gente, eso no lo conozco”, insistió García Padilla, quien, además, expuso que el proceso de reconstrucción con fondos federales de obras afectadas por los terremotos y huracanes se ha complicado “por la nueva burocracia” que ha impuesto la administración del presidente Donald Trump.
Sobre la propuesta de llevar gas al puerto de Ponce, García Padilla indicó que “hay que conversar” con la ciudadanía y con los alcaldes.
“Ya se ha demostrado dos veces que los gasoductos en Puerto Rico no son posibles”, sostuvo. Dijo también que hay que exigir transparencia en la comunicación con LUMA y con Genera PR. “¿No vamos a tener generación suficiente, por qué?, si se prometió generación hace tres años atrás cuando se privatizó, pues ya es hora de dar resultados y que la gente sepa lo que está pasando de verdad porque en la medida en que sigamos vendiendo cuentos de camino la gente nunca va a entender lo precario que está el sistema y lo que tenemos que hacer para mejorarlo”, consideró.
García Padilla dijo también que hay que buscar consenso en la educación con todos los sectores para lidiar con el alza en la violencia machista que están reportando municipios del sur.
“La semana pasada en un taller del Instituto de Estadísticas en Coamo una joven se paró y dijo por qué la información del cambio demográfico tenía que dársela el municipio y no se la podían dar en la escuela. De igual manera preguntó por qué la educación sexual se había eliminado cuando ellos lo tienen que buscar en el teléfono y lo encuentran de una manera distinta de la que a lo mejor la escuela se la puede ofrecer. Los jóvenes van a por un lado y el gobierno y las iglesias van por otro. Yo voy a misa todos los domingos, soy un católico práctico, pero la realidad es que hay una desconexión entre lo que piensan los jóvenes de lo que está pasando en la sociedad, versus lo que queremos que se deje de hacer. Hay que educar con responsabilidad”, dijo el Alcalde coameño.
“Tenemos que sentarnos todos a la mesa, el gobierno, las iglesias, las organizaciones sin fines de lucro, liberales, la comunidad LGBTQ+. Tenemos que sentarnos a la mesa a desarrollar un currículo con el que podamos estar conformes y tranquilos, sino los niños lo buscan con el amiguito, con el vecino o en la internet y eso es peor”, agregó.
Aumenta la violencia machista en el sur
La violencia en la región se ha disparado en los primeros 100 días del año. Una de las dos masacres reportadas en el país ocurrió en Ponce. a lo que se suma el que la mitad tres de seis feminicidios reportados en los primeros 100 días ocurrieron en esta región: Adjuntas, Guayama y Villalba. Dos de los actos de violencia machista se reportaron el mismo día y los tres feminicidios tienen un denominador común: las víctimas eran madres.
Al menos, una de ellas, Caroline Bou, asesinada por su esposo en un complejo de vivienda pública en Adjuntas, en presencia de seis de sus siete hijos, en 2023 había apretado el botón de pánico en la Procuraduría de las Mujeres por episodios previos de violencia de género, pero no pudo salvarse de su agresor.
El caso de Bou llegó hasta el Centro Paz para Ti, en Adjuntas, un programa de la Coordinadora Paz para la Mujer. La joven madre no optó por la vía legal y requirió ayuda para mudarse de una casa en la que compartía con su pareja en un sector rural de Adjuntas, relató Alana Feldman, encargada del Centro Paz Para Ti.
“No puedo hablar de qué hizo la Procuraduría de las Mujeres, pero si puedo dar fe de que la OPM nos llamó para hacernos un referido porque habían recibido una llamada a la línea de ayuda, hace alrededor de año y medio. Por eso y otras fuentes de la comunidad habíamos entrado en contacto con Caroline Bou para ofrecerle los servicios que tenemos aquí en el centro. En el caso de ella estaba aislada y parte de ese aislamiento venía porque se muda a Adjuntas con su pareja y estaba alejada geográfica y físicamente de su familia, de amistades, insertada en un espacio rural por el entorno de su pareja”, sostuvo.
Dijo que la prioridad de ella era identificar una vivienda para ella y sus hijos, un problema común en municipios de la montaña por la escasez de estructuras disponibles.
“Hay mucha demanda y poca disponibilidad de servicios de programas que puedan apoyar vivienda, pago de vivienda, ubicación de vivienda, alquiler y adquisición de vivienda”, indicó Feldman, quien destacó que la víctima tenía dificultades para transportarse con sus hijos pequeños porque no tenía vehículo.
“Ella estaba clara en que albergarse (ingresar a un albergue para mujeres maltratadas) no era factible porque no tenía una orden de protección. Ella llevó la situación a varios espacios y foros, pero no hizo una querella criminal”, sostuvo.
Explicó que la víctima actuó de forma proactiva para romper el ciclo de violencia de género, buscó ayuda para mudarse, fue reubicada, había empezado a trabajar como cuidadora, logró resolver el problema de transportación con un vehículo propio y estaba creando lazos de apoyo propios.
“Está pasado ya que el Estado se dé cuenta del vacío de servicios que hay en la gran parte de la Isla, especialmente en el área sur”, puntualizó. En 2024 se reportaron en la Isla unos 20 feminicidios íntimos (ocurridos en una relación de pareja), de los cuales, el Observatorio de Equidad de Género (OEG) identificó dos en Yauco, uno en Ponce y uno en Guánica. También estaban bajo investigación, uno en Villalba y tres en Ponce.
Entre los feminicidios ocurridos el pasado año, figuró el de Annete Gaya Concepción, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 9 de noviembre en el interior de una maleta abandonada en Guánica.
La joven de 37 años había sido estrangulada por su pareja, Omar Vega Ayala. En 2023 Annette Gaya Concepción acudió al tribunal con una querella de violencia machista contra su pareja, pero no quiso continuar con el proceso.
