Por Miguel Díaz Román
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Una semana después del despido fulminante del Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, y ante la evidente ausencia de fiscalización de parte de esa oficina a la industria de seguros, una legisladora le advirtió a las aseguradoras y a los ajustadores públicos, que la Legislatura estará al tanto de sus actividades ante los daños causados por los terremotos para evitar retrasos en el procesamiento de reclamaciones y estimados de pérdidas inflados.
“No vamos a permitir el mismo escenario que se desarrolló después del huracán María, donde las compañías aseguradoras colocaban trabas a los ciudadanos para poder procesar y adjudicar una solicitud de pago. Eso no va a suceder aquí”, sostuvo la representante del Partido Nuevo Progresista, Maricarmen Mas Rodríguez.
“Tampoco va a suceder que algunos ajustadores públicos, sin escrúpulos, vengan a inflar los estimados para retrasar los procesos de adjudicación de pólizas. Esto lo vimos con María y esa lección la aprendimos. Que nuestro pueblo este seguro que no los vamos a dejar solos en estos momentos difíciles. Sabemos lo importante que son estas reclamaciones de seguro, no solo para los ciudadanos que sufrieron daños en sus hogares, sino también para el pequeño y mediano comerciante, que actualmente lucha contra muchos obstáculos para volver a operar”, añadió Mas Rodríguez.
La legisladora hizo los señalamientos en el contexto de que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) se encuentra sin dirección tras el despido de Rivera Ríos por parte de la Gobernadora Wanda Vázquez Garced.
La pasada semana Rivera Ríos dijo que había renunciado y la gobernadora atribuyó su renuncia a “problemas familiares”,pero fuentes de EsNoticia indicaron que no existen tales problemas familiares y que el despedido responde a serios conflictos relacionados con las finanzas personales del excomisionado y al rechazo de su gestión por parte de miembros influyentes de la industria de seguros.
Mas Rodríguez reveló que evalúa legislación para establecer mayores controles y supervisión a las empresas aseguradoras, al igual que la profesión de ajustador público, con el objetivo de evitar estimados inflados y retrasos en el procesamiento de reclamaciones, dos áreas que son ampliamente atendidas en el Código de Seguros y cuya fiscalización es responsabilidad de la OCS.
A pesar del poder que posee esa oficina para hacer cumplir el Código de Seguros, al día de hoy más de $2,000 millones en reclamaciones no han sido pagadas por las aseguradoras y decenas de estimados por pérdidas inflados han sido impugandos en procesos administrativos y en los tribunales.
“Sabemos que las pólizas por terremoto tienen un deducible que fluctúa entre el 2 y el 9 por ciento. También sabemos que las empresas de seguros fueron bien afectadas por María, sin embargo, estas tienen que responder, de manera rápida y eficientemente, a los recalamos de sus asegurados. Esta Cámara de Representantes estará sumamente pendiente de todos los procesos relacionados a reclamaciones de seguros. No vamos a dejarlos solos en estos omentos”, añadió la Representante.
Sobre los ajustadores públicos, Mas Rodríguez instó a la ciudadanía a velar bien de cerca los estimados que estos realizan y de notar alguna irregularidad, referirlo inmediatamente a la Cámara de Representantes para iniciar una investigación.
Según información provista por la OCS, el 40 % de las residencias contaban con un seguro contra huracán y terremoto durante el azote del huracán María. Se estima que en la emergencia causada por los terremotos, ese porcentaje de casas aseguradas ha permanecido.
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