Por Redacción Es Noticia
El Proyecto de la Cámara 975 fue aprobado anoche -martes- a los fines de consultarle al pueblo mediante referéndum si aprueban o no la despenalización del cannabis.
La medida, de la autoría de los representantes populares Orlando Aponte Rosario y Juan José Santiago Nieves, dispone convocar al Pueblo de Puerto Rico para que exprese a través de su electorado elegible participante en un referéndum, si desea sancionar la posesión simple de catorce (14) gramos o menos de marihuana dirigidas al consumo personal con faltas administrativas no criminales.
Radicado el 7 de septiembre de 2020, la medida cuenta con la co-autoría de los representantes novoprogresistas Joel Franqui Atiles y José Pérez Cordero.
Aponte Rosario señaló que “en los pasados años se ha aprobado legislación de avanzada para permitir el consumo de cannabis para propósitos medicinales. No obstante, en torno al consumo recreativo se ha mantenido estrechamente un enfoque punitivo donde la encarcelación no sólo es un castigo expresamente estatuido, sino que es la pena utilizada con mayor frecuencia. Se debe desligar los problemas de drogodependencia y consumo del enfoque punitivo (la sanción penal)”.
Por su parte, Santiago Nieves aseguró que la aprobación de la medida logrará que eventualmente se alivie de manera notable la presión a la que están sometidos los organismos de aplicación de la Ley y los sistemas judicial y penitenciario. “De igual forma, se fomenta una utilización efectiva de recursos, los cuales deben utilizarse para perseguir aquellos delitos relacionados a la venta y distribución de sustancias controladas los cuales ciertamente generan una verdadera problemática social en términos de violencia”.
La política pública debe cumplir con las ocho (8) prioridades emitidas por el Gobierno federal en los Estados Unidos, de conformidad con la ‘Ley de Sustancias Controladas Federal’ y los memorandos emitidos por el Departamento de Justicia federal, a los efectos de enlazar la prohibición general de la posesión y uso de la marihuana con la esfera federal.
- Prevenir la distribución de la marihuana a menores;
- Prevenir que las ganancias por la venta de la marihuana vayan dirigida a bandas criminales, pandillas y carteles;
- Prevenir la desviación de la marihuana del estado donde se haya permitido su uso legal a otros estados;
- Prevenir que el manejo autorizado de la marihuana se utilice como pretexto para ocultar el tráfico de otras drogas u otra actividad ilegales;
- Prevenir la violencia y el uso de armas en la actividad de cultivo y distribución de la marihuana;
- Prevenir el conducir drogado y la excarcelación de otras consecuencias adversas para la salud pública que se relacione con el uso de la marihuana;
- Prevenir los cultivos en tierra o propiedad pública para evitar el riesgo a la seguridad pública y ambiental que ello conlleva; y
- Prevenir la posesión o el uso de la marihuana en propiedad del Gobierno federal.
La medida 975, que ahora pasa al Senado, y de aprobarse, iría a la firma del gobernador para convertirse en Ley, reconoce que las escuelas deben permanecer como zonas libres de drogas y, por tanto, la penalización que establece el Artículo 411-A de la Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971, ‘Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico’, debe continuar conformado como un disuasivo para mantener todo tipo de droga alejado de los menores.
Durante la discusión de la medida, los legisladores fueron enfáticos en señalar que la realidad prevaleciente en Puerto Rico exige redirigir los esfuerzos para combatir el trasiego de drogas y la criminalidad, y a redistribuir los recursos hacia el tratamiento contra la adicción a drogas tan devastadoras.
“En atención a las tendencias internacionales sobre la posesión y venta de cannabis, existen estados en la Unión Americana que han despenalizado o legalizado la marihuana para uso personal o fines recreativos. Sin embargo, en varios estados esta decisión ha sido consultada con los residentes mediante el voto popular. Eso es lo que le estamos ofreciendo al Pueblo de Puerto Rico”, sostuvo Aponte Rosario, quien preside la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.
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