Por Redacción Es Noticia
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La red social TikTok informó que cesará sus operaciones en Estados Unidos a partir del próximo domingo, 19 de enero, si la administración del presidente Joe Biden no garantiza la suspensión de la ley que prohíbe su funcionamiento en el país.
La legislación, aprobada por el Congreso en marzo bajo el argumento de proteger la seguridad nacional, exige que la empresa matriz de TikTok, ByteDance, con sede en China, venda sus activos estadounidenses para continuar operando.
TikTok ha librado una prolongada batalla legal para detener la aplicación de la medida, argumentando que la prohibición vulnera derechos fundamentales y carece de pruebas que demuestren que representa una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, la situación dio un giro definitivo el pasado viernes, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a suspender la implementación de la ley.
Impacto inminente
De no producirse una intervención gubernamental de último momento, el cese de operaciones dejaría a millones de usuarios estadounidenses sin acceso a una de las plataformas sociales más populares del mundo, utilizada por creativos, emprendedores y empresas para la creación de contenido y estrategias de marketing.
TikTok expresó su descontento y reiteró su compromiso de negociar. «Hemos trabajado incansablemente para cumplir con las regulaciones y proteger los datos de nuestros usuarios. Estamos abiertos a soluciones, pero necesitamos garantías claras de que esta ley no se aplicará mientras se discuten alternativas» afirmó la empresa.
Antecedentes y contexto
El debate sobre TikTok ha estado marcado por preocupaciones sobre el manejo de los datos de usuarios estadounidenses y la posibilidad de que el gobierno chino acceda a información confidencial. La empresa ha negado repetidamente estas acusaciones, señalando que los datos de los usuarios en EE. UU. se almacenan en servidores dentro del país y bajo estrictos controles de seguridad.
Mientras tanto, el futuro de TikTok en Estados Unidos pende de un hilo, en un caso que podría sentar precedentes sobre cómo se manejan las tensiones entre la seguridad nacional y las libertades digitales en el siglo XXI.
