Por Redacción Es Noticia
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“Las pensiones de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica las han colocado abusivamente a pender de un fino hilo”. Así lo manifestó el representante José “Cheito” Rivera Madera, reaccionando a la negativa de la Junta de Control Fiscal, en dar paso al alza presupuestaria solicitada por la corporación pública para cumplir con sus responsabilidades, entre las que se encuentra el pago de pensiones a sus retirados.
Según reza una moción presentada por la corporación pública ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), la JCF solo aprobó una asignación de $65 millones, lo que apenas cubriría esta partida de retiro hasta junio.
Para Rivera Madera, la decisión de la JCF descansa sobre lo que calificó como, “defectuosa apreciación y aplicación”, pues según explica la propia ley que regula los procesos de la corporación pública establece como imprescindible el pago de compromisos obligados como las pensiones.
“El propio Trust Agreement, que gobierna los bonos de la AEE establece un rango en la cascada de pagos a base de un orden, donde los bonistas ocupan el tercer lugar y la prioridad tiene que ser, en primera instancia, la operación de energía eléctrica a través del pago de salarios de los empleados y cumplimiento con el retiro de los jubilados” detalló el representante.
El legislador popular advirtió que, si la JCF determina ir por encima de los acuerdos existentes, retando de esta manera la validez de estos, “tiraría por la borda incluso sus decisiones y acuerdos anteriores.
«Nadie podrá entonces confiar en convenio o contrato alguno con nuestro gobierno y corporaciones pues unilateralmente pueden ser derogadas”.
“Con esta errónea apreciación la JCF da la impresión de colocar en peligro las pensiones de los jubilados de la AEE. El nivel de ansiedad que les provoca esta situación, -a ellos y sus familiares- es inhumano y raya en acecho, al tiempo que dice mucho de la manera abusiva en que la Junta (JCF) interpreta las leyes, reglamentos y acuerdos existentes con anterioridad a este proceso impuesto, donde se defienden los intereses económicos de buitres por encima del bienestar de los jubilados y trabajadores”, manifestó Rivera Madera.
