Por Redacción Es Noticia
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El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, confirmó este jueves que su agencia investigará las irregularidades reportadas con las máquinas de conteo de la empresa Dominion Voting Systems durante el plebiscito de estatus celebrado en las elecciones generales del 5 de noviembre.
La investigación surge tras un referido de la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika D. Padilla Rivera, quien señaló las fallas técnicas reconocidas por la compañía Dominion y calificó la respuesta de la empresa como inadecuada.
Padilla Rivera indicó que una auditoría interna de la CEE confirmó las fallas en las máquinas utilizadas para procesar las papeletas del plebiscito. Sin embargo, destacó que el análisis descartó cualquier otra incongruencia en la lectura y adjudicación de resultados de las demás papeletas: estatal, municipal, legislativa y presidencial.
“La responsabilidad clara e inequívoca por las fallas incurridas durante este evento recae en la compañía Dominion, y bajo ninguna circunstancia la Comisión permitirá que irregularidades tan serias como las señaladas sean tomadas de manera liviana,” afirmó Padilla Rivera.
Emanuelli Hernández aseguró que el referido ha sido remitido a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor y a la Secretaría Auxiliar de lo Civil del Departamento de Justicia para evaluar posibles acciones criminales o civiles.
«Examinaremos rigurosamente el referido recibido conforme a la jurisdicción del Departamento de Justicia,» declaró el secretario, reiterando su compromiso con la transparencia y la integridad del proceso electoral.
La compañía Dominion Voting Systems, responsable de las máquinas de conteo, no ha emitido declaraciones adicionales respecto a las fallas señaladas. Mientras tanto, la CEE ha enfatizado su compromiso con garantizar la confiabilidad de los procesos electorales y asegura que los resultados de las papeletas, exceptuando las del plebiscito, son completamente precisos.
La investigación del Departamento de Justicia marcará el próximo paso en esta controversia, que pone en el centro de atención la seguridad y efectividad de los sistemas electrónicos utilizados en los procesos democráticos.
