El Departamento de Justicia informó este lunes que no encontró evidencia de ilegalidad por parte de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, tras investigar un referido relacionado con un contrato otorgado mientras laboraba en el Departamento de Salud.
De acuerdo con el informe, la funcionaria estuvo vinculada a un contrato con el Hogar Hacienda Don Luis para el cuidado de un paciente, por un monto de $60,000 mensuales. Sin embargo, la evaluación de la prueba documental —incluyendo declaraciones juradas— concluyó que no se desprende conducta ilegal.
“La prueba documental evaluada […] no arroja evidencia de ilegalidad alguna en relación con la señora Roig, sino más bien, procesos normales dentro de ese tipo de servicio a personas con discapacidad intelectual”, indicó la agencia en declaraciones escritas.
Pese a la determinación, la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado solicitó la renuncia de la funcionaria. El portavoz de la delegación, Luis Javier Hernández Ortiz, cuestionó la transparencia del proceso y reclamó que se reabra la investigación.
Asimismo, legisladores de la colectividad alegaron que, cuando Roig Fuertes dirigía la División de Discapacidad Intelectual en Salud, habría intervenido en la otorgación del contrato y favorecido la participación de una empresa privada en el proceso, sin cumplir —según alegan— con los procedimientos regulares de contratación gubernamental.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó que ese cuerpo legislativo solicitó el expediente del caso y que evaluará su contenido para hacerlo público.
Mientras tanto, la gobernadora Jenniffer González Colón no atendió preguntas de la prensa sobre la controversia durante su participación en un foro económico celebrado en el Hotel Vanderbilt, en San Juan.
Por su parte, Roig Fuertes rechazó cualquier señalamiento de irregularidad y aseguró que siempre actuó conforme a la ley y a principios éticos.
“Siempre he estado tranquila y confiada de que la verdad saldría a la luz […] Jamás le he fallado a mi conciencia, ni a nadie; he actuado siguiendo los más altos estándares, valores éticos y profesionales”, expresó la secretaria en declaraciones escritas.
La funcionaria añadió que continuará enfocada en su labor al frente del Departamento de la Familia, mientras el debate público y político sobre el caso continúa.
