El comisionado residente Pablo José Hernández envió una carta a la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (DOJ-OIG) solicitando una investigación sobre el manejo por parte del gobierno federal de un esquema de drogas por votos descubierto durante las elecciones de 2024 en Puerto Rico, así como la decisión del Departamento de Justicia de no presentar cargos relacionados a delitos electorales.
La carta, liderada por el Comisionado Residente, fue firmada por los representantes Robert Garcia, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes; Nydia Velázquez; Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso; y Chuy García, miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
En una carta dirigida al Inspector General Interino Don R. Berthiaume, el Comisionado Residente citó una investigación de ProPublica que reportó que investigadores federales recopilaron evidencia implicando a confinados y personal correccional en un esquema para intercambiar drogas por votos.
Explicó que a pesar de esos hallazgos, que incluyeron el uso de citaciones federales y el despliegue de personal de las fuerzas del orden federal, la acusación resultante imputó a 34 acusados únicamente por delitos relacionados al tráfico de drogas, lavado de dinero y armas de fuego. No se presentaron cargos por fraude electoral.
“Estas alegaciones no parecen haber sido reclamos generalizados o especulativos. Más bien, el reportaje indica que las autoridades federales consideraron las alegaciones lo suficientemente creíbles como para tomar medidas investigativas, incluyendo el uso de citaciones y la participación de personal federal de ley y orden,” escribieron el Comisionado Residente y los legisladores. (Traducción de inglés)
“Este resultado contradice el énfasis reiterado de la Administración y del liderato del Departamento en priorizar la integridad y la seguridad electoral como prioridades de cumplimiento federal”, dijo.
La carta coloca estas alegaciones dentro de un patrón más amplio y documentado de irregularidades electorales en Puerto Rico. En 2020, la escasez de papeletas obligó a posponer elecciones en múltiples colegios, y surgieron interrogantes sobre papeletas por correo que llegaron lisas y sin dobleces.
Señaló que en 2024, la firma digital de una votante fue falsificada para hacer constar que respaldaba a un candidato al que no apoyaba; máquinas de votación reportaron resultados invertidos en un referéndum, mostrando falsamente un 29.52% de apoyo a la independencia, y personas fallecidas continuaron apareciendo como votantes activos en los registros oficiales.
El Comisionado Residente y los legisladores añadieron: “Tomadas en conjunto, estas circunstancias demuestran por qué alegaciones creíbles de fraude electoral descubiertas mediante investigaciones federales ameritan un escrutinio serio y una explicación transparente”.
La carta también señala la reciente declaración de culpabilidad federal de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced por una violación de financiamiento de campaña y su posterior indulto por parte del presidente Trump, como evidencia de por qué la supervisión independiente sobre la conducta del Departamento de Justicia en Puerto Rico no puede esperar.
