La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) enfrenta una nueva controversia luego de que surgieran alegaciones de presunto abuso de poder, represalias y uso indebido de influencias por parte de exfuncionarias de la agencia contra empresas privadas vinculadas a la expareja de una amiga cercana.
La actual comisionada de la OCIF, Mónica Rodríguez Villa, rechazó categóricamente haber participado en cualquier esquema de persecución o represalia y defendió el proceso administrativo que mantiene la agencia contra las compañías investigadas.
“Nosotros entendemos que esto es un artificio más para dilatar un proceso administrativo que lleva corriendo ya varios meses; yo no tenía conocimiento de los textos ni cuando ocurrió, ni posteriormente; nunca es algo que yo converse con la excomisionada, no recibí presiones por nadie ni nada por el estilo para que se lleve a cabo ningún proceso administrativo contra ninguna persona”, sostuvo Rodríguez.
La controversia involucra además a la excomisionada de la OCIF, Natalia Zequeira, quien presuntamente habría utilizado su posición para perjudicar negocios relacionados con el empresario Sebastián Carazo Forastieri, gerente general de Allied Fleet Services y AAA Car Rental.
Las alegaciones fueron reveladas por el portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Domingo Torres García, quien sometió un referido al Departamento de Justicia solicitando una investigación sobre las actuaciones de las funcionarias de la OCIF.
Según una declaración jurada presentada por Carazo Forastieri, las alegadas represalias comenzaron tras la ruptura sentimental con la empresaria Natalia Castiel, propietaria de la tienda “Barquito de Papel” en Guaynabo. El documento sostiene que Castiel mantenía una relación cercana con Zequeira y que ambas intercambiaron mensajes de texto donde supuestamente discutían imponer multas a las empresas del querellante.
Entre los mensajes citados en la declaración jurada figura uno en el que Castiel alegadamente expresó: “No sé cuánto tiempo te quedas, pero para cuando vayas a multar le añadas ‘Croqueta fee’ y cabr… fee”, en referencia a una mascota compartida por la expareja llamada “Croqueta”.
La respuesta atribuida a Zequeira ha generado controversia adicional. Según el documento, la entonces funcionaria respondió: “Yo lo mataría por ti. But he deserves a long and painful death”.
Posteriormente, de acuerdo con Carazo Forastieri, la OCIF inició auditorías, investigaciones y procesos administrativos contra Allied Fleet Services y AAA Car Rental, incluyendo multas que ascendieron a $30,300 y posteriormente otra sanción de $361,000.
Rodríguez Villa insistió en que no participó de las conversaciones ni conocía sobre los mensajes. “Ni sabía, ni participé en esos textos, ni aparezco mencionada en los textos. De ser ciertos, el lenguaje contenido en dichos textos es reprochable, los repudio y no estoy de acuerdo con los mismos. No conozco al querellante, ni participé de ninguna vendetta personal”, afirmó.
La comisionada añadió que las acciones administrativas contra las empresas responden a incumplimientos regulatorios, entre ellos la ausencia de reportes trimestrales durante varios años y la falta de estados financieros auditados.
El referido presentado ante el Departamento de Justicia solicita investigar posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, así como posibles conflictos de interés y conductas incompatibles con la profesión legal. También se pidió evaluar si la evidencia recopilada debe ser referida al Tribunal Supremo de Puerto Rico para determinar posibles faltas éticas por parte de Zequeira.
El caso continúa bajo evaluación mientras aumentan los cuestionamientos sobre el manejo interno y la supervisión regulatoria dentro de la OCIF.
