Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, radicaron una medida para que se realice una investigación sobre denuncias de un esquema de intercambio de votos por drogas y otros favores ilícitos dentro de las cárceles, alegadamente con fines de beneficio electoral para la administración novoprogresista.
La medida -Resolución del Senado 500- ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano en el Senado y a su contraparte en la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre dichas denuncias.
El anuncio fue realizado por los portavoces del PIP en ambos cuerpos legislativos, María de Lourdes Santiago y Denis Márquez Lebrón.
“Las alegaciones de intervención partidista indebida en los espacios carcelarios anteceden al reportaje de ProPublica, al igual que los señalamientos sobre trasiego de sustancias. Ninguna pretensión seria de fiscalizar la gestión de esta y de pasadas administraciones puede ignorar esa situación, con las severas implicaciones que tiene”, expresó la senadora Santiago.
La Resolución, además de hacer referencia a lo divulgado por el medio estadounidense, reseña lo vertido por la Comisión de Derechos Civiles en torno al proceso electoral en las cárceles con especial énfasis en las denuncias hechas a través de su director, licenciado Ever Padilla, en cuanto a violaciones a la privacidad de los reclusos durante el proceso de votación, así como las quejas presentadas por escrito por reclusos describiendo experiencias de presión para votar en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) de 2024.
Por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón subrayó la necesidad de examinar el manejo de las autoridades ante estas denuncias. “No debemos tomar a la ligera información que apunta a que hechos descritos en un pliego acusatorio no se traducen en la radicación de cargos, ni descartar la impresión de que ello responde a instrucciones de Fiscalía Federal. Si en otros casos se exige investigar la actuación del Departamento de Justicia de Puerto Rico, no puede aplicarse un criterio distinto cuando la duda recae sobre instancias federales”, puntualizó.
