El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Mujica, dijo hoy -miércoles- que el presupuesto del año fiscal 2025-2026 puede considerarse como uno de los requisitos para la salida del ente fiscal creado bajo la Ley PROMESA.
“El presupuesto revisado del año fiscal 2026 fue elaborado por la Junta, ya que ni la Gobernadora ni la Asamblea Legislativa presentaron oficialmente un presupuesto revisado para la certificación por parte de la Junta de Supervisión dentro del calendario establecido al amparo de la Sección 202(a) de PROMESA. De hecho, en la tarde del 30 de junio de 2026, fecha de cierre del año fiscal, no se había alcanzado acuerdo sobre las enmiendas al presupuesto revisado del año fiscal 2026. Por lo tanto, la Junta de Supervisión aprobó un presupuesto revisado del año fiscal 2026 que es conforme con el Plan Fiscal para Puerto Rico, como también lo es el presupuesto final para el año fiscal 2026”, dijo Mujica en declaraciones escritas.
“El nivel del gasto del Gobierno no estaba en discusión. Más bien, la gobernadora y la Asamblea Legislativa no lograron alcanzar un consenso sobre ciertos asuntos, lo que dilató el proceso para elaborar un presupuesto revisado de forma conjunta para el año fiscal 2026″.
«El presupuesto revisado del año fiscal 2026 certificado por la Junta de Supervisión fue y continúa siendo un presupuesto que podría considerarse conforme con las condiciones para la disolución la Junta de Supervisión, en virtud de la Sección 209 de PROMESA, si la auditoría financiera independiente del Gobierno de Puerto Rico determina que el presupuesto del año fiscal 2026 se mantuvo equilibrado bajo los estándares de contabilidad de acumulación modificada, según lo exige PROMESA”, añadió.
Luego de que la Junta Fiscal emitiera la notificación la gobernadora Jenniffer González Colón anunció unas medidas en la noche del martes para evitar el señalamiento.
“La Junta de Supervisión Fiscal emitió una comunicación tarde esta noche aduciendo que la Legislatura no se había puesto de acuerdo sobre esas enmiendas. Y eso es falso. Aquí tengo el proyecto de ley.
«El proyecto de ley fue aprobado en la Legislatura con enmiendas, pero se pusieron de acuerdo y yo me puse de acuerdo. Y de hecho acabo de impartir un veto de línea a algunas partidas que, por ejemplo, la misma Junta había dicho y le puso unas enmiendas que consideraba onerosas diciendo en una comunicación que no son compatibles con el presupuesto.
«Tengo que decir que hablé con el director ejecutivo de la Junta, quien dijo que no, que sí, que es compatible con el presupuesto y que el presupuesto 2026 está balanceado. Me dijo a mí.
«Sin embargo, la carta que firmó dice que no es compatible con el presupuesto. Me dijo a mí que sí, pero la carta dice que no, para que eso quede claro, como todavía antes de las 12 de la noche yo puedo firmar el presupuesto de Puerto Rico y cualquier enmienda, estoy impartiendo veto de línea a una de las partidas que él dice en su que saca este presupuesto para hacerlo ‘no compliant’, que son 35 millones para arreglar carreteras en Puerto Rico.
«Así que yo no voy a permitir que nada ponga en riesgo el trabajo que hemos hecho para balancear el presupuesto de Puerto Rico por enmiendas de estilo y mucho menos cuando tenemos un superávit de 635 millones de dólares”, dijo la Gobernadora en un mensaje en Facebook.
Según el comunicado de prensa de la Junta, el presupuesto revisado se certifica como un presupuesto elaborado por la Junta, ya que la gobernadora y la Asamblea Legislativa no alcanzaron un consenso sobre las condiciones que rigen el desembolso de la asignación propuesta para el Plan de Rehabilitación de Carreteras Municipales y no aceptaron el marco alternativo propuesto por la Junta.
El documento incluye 35 millones de dólares destinados para la rehabilitación de carreteras, conforme al marco estructurado propuesto por la Junta, que toma en cuenta las millas de carreteras, el estado de las carreteras y la capacidad de pago de cada municipio.
El marco propuesto también dispone sobre la notificación a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de las asignaciones propuestas.
Además, el presupuesto revisado incluye varias partidas, entre ellas:
Un aumento de $222 millones en la Reserva para la Estabilización de Tarifas, que al momento cuenta con $683 millones. La reserva, bajo la custodia del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, se creó para estabilizar las tarifas eléctricas en virtud del Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.
Se destinan 90 millones de dólares adicionales al Departamento de Educación.
“Sigue habiendo incertidumbre en cuanto a si el financiamiento solicitado por el Gobierno y aprobado por la Junta de Supervisión para el año fiscal 2026 cubrirá de lleno las obligaciones contraídas en periodos anteriores en ciertos programas, incluyendo la necesidad urgente de asegurar un financiamiento adecuado para los servicios de Educación Especial”, expresó la Junta.
Se asignan $33 millones adicionales para financiar el Programa de Café de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias. El programa sigue enfrentando un déficit estructural, por lo que es necesario elaborar una proyección de ingresos y gastos que abarque 5 años para el Programa de Café, de modo que sea posible comprender su impacto en las futuras necesidades y prioridades de gasto del Fondo General.
