El Departamento de Justicia confirmó que recibió un referido sobre el supuesto uso no autorizado del nombre y de una firma de Enchanted Rock en el contrato otorgado al consorcio Power Expectations.
El referido, realizado por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Oficina del Zar de Energía, incluye señalamientos sobre la legitimidad de la firma del contrato por las entidades privadas que integraban el consorcio y las representaciones realizadas durante el proceso competitivo para contratar generación temporera.
“Desde el primer momento nuestra posición ha sido clara: cualquier alegación de fraude, falsificación, utilización no autorizada de una firma o cualquier otra posible irregularidad relacionada con un proceso de contratación pública tiene que investigarse con seriedad y hasta sus últimas consecuencias. No vamos a prejuzgar a ninguna persona o entidad, pero tampoco vamos a ignorar una alegación de esta naturaleza”, dijo el zar de Energía y director ejecutivo de la AAPP, Josué Colón Ortiz, en declaraciones escritas.
Las alegaciones están relacionadas con el contrato 2026-P0010, suscrito el 10 de junio de 2026 por la Autoridad de Energía Eléctrica y un consorcio presentado como compuesto por Power Expectations, Enchanted Rock y Reyes Construction.
La AAPP indicó que el bufete O’Neill & Borges presentó los señalamientos el 16 de junio en representación de Enchanted Rock. Añadió que el bufete también representa a la Junta de Supervisión Fiscal.
Ese mismo día, la AAPP remitió el asunto a Osvaldo Carlo, principal oficial de la Oficina de Compras de Terceros, conocida como 3PPO, para investigar el expediente del proceso competitivo y preparar hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
Los representantes de Enchanted Rock también fueron puestos en comunicación con esa oficina para que entregaran la documentación y evidencia que consideraran pertinentes.
El proceso de contratación fue administrado por la 3PPO, función que desempeña la empresa privada Regulatory Compliance Services Corporation, contratada por la AAPP desde 2023 para manejar determinados procesos relacionados con el sistema eléctrico.
Luego de evaluar los hallazgos de la investigación de la 3PPO, la AAPP determinó que la naturaleza de las alegaciones requería poner el asunto en conocimiento de las autoridades con jurisdicción investigativa.
La AAPP recalcó que los referidos no constituyen una determinación de que se haya cometido un delito ni una imputación criminal contra alguna persona o entidad.
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, confirmó que habían recibido el referido y que «la información recibida será evaluada conforme a nuestro ordenamiento jurídico y a los procedimientos legales aplicables, a fin de determinar las acciones que procedan dentro de nuestra jurisdicción. Atenderemos este asunto con la responsabilidad, seriedad y objetividad que caracterizan al Departamento de Justicia de Puerto Rico”.
