Por Miguel Díaz Román
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La reducción de los ingresos del gobierno por aproximadamente $1,600 millones, el cambio en los patrones de consumo de la población, la amenaza de que la economía local se vea afectada por una ola de emigración como secuela directa la emergencia causada por el coronavirus, fueron algunos de los temas principales que hoy discutió el task force económico del gobierno local durante un programa difundido en la estación de televisión del gobierno WIPR.
El task force planteó la intención de aumentar el gasto público por medio de hacer uso de los ahorros del gobierno y revisar el plan fiscal del próximo año fiscal y los acuerdos con los acreedores para el pago de la deuda, tres asuntos sobre los cuales tiene jurisdicción la Junta de Control Fiscal. También se reveló que el impacto del manejo de la emergencia de coronavirus será de $4,000 millones.
El secretario de Hacienda, Francisco Parés, indicó que ya anticipan cambios en los patrones de consumo de la población lo cual tendrá un severo impacto en los recaudos del gobierno por medio de una merma en las contribuciones sobre ingresos y de los impuestos, la que estimó entre $1,500 millones y $1,600 millones.
Esa merma de ingresos implica que el presupuesto para el presente año fiscal, que fue estimado en $11,000 millones, se reducirá hasta alcanzar la cifra de entre $9,300 y $9,400 millones. No obstante, Parés indicó que los gastos reales del gobierno están por debajo de esas cifras por lo que no se contemplan recortes en los serviciosy en la nómina gubernamental.
El secretario indicó que además se anticipa que no se experimentará una revitalización económica acelerada como sucedió tras el huracán María, y que incluso existe el riesgo de que se experimente una oleada de emigración cuyos efectos puede ser detrimentales para la economía local.
“Tenemos que mejorar los servicios de salud y de educación para que se queden aquí la gente trabajadora, que es la mueve la economía”, dijo Parés.
Ante esa realidad Parés y Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría deFinanciera y Agencia Fiscal (Aafaf) señalaron que la estrategia del gobierno estará centrada en mejorar los servicios de salud, seguridad y educación con el fin de desalentar la emigración y fortalecer los servicios y la salud de los trabajadores.
“Estamos contemplando aumentar los gastos a los servicios de salud, seguridad y educación”, dijo Marrero.
Incluso, Marrero indicó que el gobierno se propone informar a la Junta de Control Fiscal la nueva estrategia del gobierno ante la crisis económica que ya se percibe como resultado de la emergencia del coronavirus y que para mejorar la salud, seguridad y educación será necesario aumentar las asiganciones a estos renglones sobre los montos asignados en el presupuesto vigente y en el presupuesto para el próximo año fiscal.
Marrero indicó que todavía están evaluando el cambio que toda esta nueva realidad represesentará en el presupuesto del próximo año fiscal.Ya la Junta de Control Fiscal avaló el desembolso de cerca de $800 millones de los ahorros del gobierno local para incentivar diversos sectores como los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores en general y las pequeñas empresas.
El funcionario sostuvo que ante esta realidad será necesario revisar el plan fiscal del presente año fiscal y también revisar los acuerdos alcanzados con los acreedores, que contemplan determinados recortes en el monto de la deuda pero también el recorte de las pensiones, el incremento de servicios esenciales como el de energía eléctrica y el alza escalonada en el servicio de la deuda.
Marrero dijo que el proximo 15 de mayo el gobierno se propone informar a la jueza Laura Taylor Swain sobre su nueva posición con respecto a la revision al plan fiscal, el alza del gasto público y la revisión de los acuerdos con los acreedores.
