Por Marga Parés Arroyo
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Melissa (seudónimo) tiene 55 años y vive en uno de los municipios de la costa sur de Puerto Rico. Aunque es una profesional y lleva una vida ajetreada entre sus compromisos profesionales y su vida familiar, siempre ha sido responsable con el cuidado de su salud. Por eso, sintió frustración, incertidumbre y coraje cuando recientemente se encontró con varias barreras en el acceso a los servicios de salud que necesitaba con relativa premura.
Aunque prefirió no revelar su identidad por temor a encontrar mayores dificultades al buscar más servicios médicos en un futuro cercano, narró lo que en meses recientes vivió, luego de que en una visita de seguimiento a un subespecialista le ordenaran una serie de estudios médicos cuyos resultados revelan que deben realizarle una intervención.
“El doctor me ordenó un MRI y al ver los resultados me refirió a un subespecialista para una intervención. Me dijo que en toda la isla solo había tres que la hacían y me apuntó sus nombres, uno era en Ponce, otro en Mayagüez y otro en Cayey. Llamé a uno y me dijeron que las citas estaban para febrero 2027, casi un año… Llamé a otro y conseguí cita para julio, pero solo para que el médico me vea y decida cuándo hacerme el procedimiento. Uno se queda pensando, “Wow, pero si el médico no sabe ni cómo me siento, ni si he tenido que ir a sala de emergencias, nada”. Es bien frustrante, solo esperar”, dijo.
El problema de las citas tardías es uno “bastante serio y que mucha gente sufre”, relató Melissa. Su alcance es tal que básicamente es “un pecado” faltar a una cita médica ya que probablemente tendrás que esperar seis meses o más para conseguir otra, agregó.
En el camino, comentó, hay otros dilemas. El galeno que la refirió, un subespecialista que utiliza básicamente como su médico primario, no acepta su plan médico privado y cada visita son $100. Aunque puede gestionar el reembolso con su aseguradora, debe hacer el trámite en menos de 30 días y no siempre lo logra. De cualquier forma, el recobro de esos $100 se reduce a unos $40, apuntó.
Además, su médico le recomendó que se realizara el MRI en un hospital específico por la calidad de las imágenes y el personal altamente especializado. Aunque allí aceptaron su plan médico, pagó $325 de deducible. De igual forma, anualmente su médico le ordena una tomografía computarizada (CT Scan), lo cual le resulta otros $200 a $300.
“Suerte que solo voy a ver a ese médico dos veces al año. Y no puedo faltar porque las citas están volás (de tarde). Es una tragedia”, lamentó Melissa.
Además, deploró el tiempo de espera en los médicos, aunque aclaró que acude a varios que atienden por hora y en los cuales no suele esperar más de media hora a una hora. No obstante, comentó que cuando recientemente acudió a un cardiólogo y este le indicó que necesitaba ponerle un “holter” (dispositivo portátil que registra el ritmo cardíaco por 24 a 48 horas), le dieron cita para julio, tres meses después, ya que no había ni el espacio para cita ni el equipo disponible para que lo pudiera utilizar.
“La espera frustra. Todo el mundo tiene un malestar de salud y quisiera saber qué tiene, pero la respuesta no va a estar rápido. Entonces entra la ansiedad por saber qué es. Uno paga un plan (de salud), va al médico, quiere cuidarse, pero tienes esas barreras de tiempo”, expresó.
A pesar de estar agradecida por, hasta la fecha, poder costear sus gastos médicos, reconoció que “no todo el mundo puede”, lo que hace que no acudan a sus médicos, no se tomen sus medicamentos o simplemente no cuiden de su salud. Algunos, comentó, hacen un “serrucho” entre sus familiares y allegados cuando se enfrentan a una necesidad médica que deben atender, mientras otros recurren a cuentas “GoFundMe” u otras actividades de recaudación de fondos. Sin embargo, advirtió que otros simplemente desisten y solo buscan servicios en accidentes o emergencias médicas.
Al respecto, comentó que la madre de un colega se cayó recientemente, durante la Semana Santa, y fue un dilema encontrar un hospital que pudiera atender la emergencia de la adulta mayor en esos días festivos, aunque la mujer cuenta con un seguro de salud. Tras comunicarse con varios hospitales, finalmente uno aceptó evaluarla.
No obstante, la fémina tuvo que esperar semana y media hasta finalmente ser intervenida, recibiendo solo medicamentos para el dolor durante el tiempo que tuvo que esperar para atender su emergencia.
Apoyo legal para educar y defender a pacientes
La falta de servicios legales en el suroeste del país, particularmente para atender situaciones relacionadas a la salud, fue parte de lo que originó el Proyecto Derecho, Justicia y Salud, con base en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), informó la doctora Nilca Muñoz Sosa, directora del Proyecto que lidera la Escuela de Derecho de esta universidad.
“La necesidad y los problemas que las organizaciones sin fines de lucro han ido documentando de acceso a servicios de salud de forma crónica nos hicieron saber la necesidad de representación legal que personas de bajos recursos enfrentaban”, sostuvo.
La falta de acceso a especialistas es una de las situaciones que, aunque abarca a todo Puerto Rico, con mayor arraigo en los pueblos del suroeste del país, reiteró la abogada.
Burocracias en servicios médicos cubiertos donde se dificulta el acceso, así como denegaciones y otras barreras son parte del cuadro, advirtió. Denegatorias de equipos médicos, así como problemas en la continuidad de medicamentos por dilemas en la actualización del sistema, han sido otras dificultades encontradas, mencionó.
“La esperanza es poder resolver (situaciones), identificando por qué no están cumpliendo”, dijo.
Como ejemplo, se refirió a los pacientes de diálisis. Tras la aprobación de la cubierta catastrófica, muchos enfrentan dificultades que les impiden continuar con el cuidado establecido.
Otra situación que han encontrado es que los casos que llegan a la Administración de Seguros de Salud (ASES) a modo de querellas de beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno, no representan lo que realmente ocurre en las comunidades pues son pocos los que recurren a este recurso, considerando que hay aproximadamente 1.2 millones de asegurados en esta cubierta.
Mencionó que, como parte de una investigación en curso que realizan con el apoyo de la American Bar Association, la ASES les proveyó datos que reflejan que en el 2019 se radicaron 81 querellas (17% aprobadas), en el 2020 se radicaron 40 (28% aprobadas) y en el 2021 se radicaron 62 (27% aprobadas).
Según informó, en verano 2023 recopilaron los datos y evaluaron las querellas. Las tres principales razones fueron dificultades con: medicamentos recetados, estudios médicos ordenados y equipos médicos. En una segunda fase de investigación, en verano 2024, realizaron entrevistas en Adjuntas, Cabo Rojo, Guánica, Lajas, Sabana Grande, Coamo y Culebra. Ambos estudios están pendientes de someterse a publicación.
“Con las autorizaciones previas también hay una desconexión de cuándo los planes aprueban el servicio, no hay una documentación necesaria. Eso dilata los procesos, que requieren prontitud”, indicó el licenciado Héctor Hernández Delgado, director del Service Practice Area del National Health Law Program.
Dificultades de servicios y barreras en otros esfuerzos de prevención y tratamiento, antes de que la condición del paciente empeore, provocan más visitas a salas de emergencia y más tratamientos, advirtió.
“Hay que hacer un balance entre las regulaciones federales y qué puede hacer el gobierno, considerando la falta de (suficientes) profesionales de la salud”, dijo el abogado, quien también resaltó la necesidad de más esfuerzos educativos, con información clara y sencilla, para los participantes del programa Medicaid.
Confirman el déficit y sus consecuencias
“La fuga de médicos ha causado una escasez de especialistas y subespecialistas, lo que se ve marcadamente en el sur porque muchos se concentran en el área norte”, indicó la doctora Olga Rodríguez de Arzola, decana de la Escuela de Medicina de la Ponce Health Sciences University (PHSU).
Además de la alta demanda de servicios, la pediatra advirtió que hay una creciente población de adultos mayores en necesidad de atención médica. Pero también reconoció necesidad de servicios en poblaciones más jóvenes.
“Para un gastroenterólogo a veces hay que esperar ocho a doce meses para conseguir cita”, dijo.
Rodríguez de Arzola se refirió al estudio que le encomendó la Junta de Supervisión Fiscal a FTI Consulting para validar con datos la situación de la escasez de médicos en la isla.
Publicado en febrero 2025, este estudio confirmó un disloque entre la oferta y demanda de personal de salud en una variedad de sectores.
“La magnitud de este desajuste varía según la demografía, la condición del paciente y la ubicación geográfica. La avanzada edad de muchos profesionales sanitarios y la alta concentración de especialistas en los grandes centros urbanos agravan este desajuste”, reveló el documento.
Además de plasmar cómo sería el cuadro de aquí a unos cuantos años cuando profesionales de especialidades y subespecialidades de alta demanda se retiren a los 65 y 80 años, reconoció que el desajuste entre la oferta y la demanda es más agudo en las zonas rurales de Puerto Rico.
“En el caso de los médicos especialistas, el modelo muestra una brecha mayor en las regiones de Mayagüez, Arecibo y Ponce”, advirtió el estudio.
También reveló una menor cantidad de médicos dispuestos a atender servicios médicos de guardia, con un déficit mayor entre especialistas que generalistas, aunque en ambos casos eran menos de la mitad de los médicos disponibles.
“Las deficiencias en el personal sanitario no se limitan a los médicos, sino que afectan a todo el sector. Algunos ejemplos son enfermería, técnicos, codificación/gestión de información sanitaria, facturación, informática, soporte de tecnología de la información sanitaria y administración de oficinas/centros”, encontró también la investigación.
Entre las ineficiencias administrativas que afectan la disponibilidad de servicios de salud se menciona la desproporcionadamente alta carga administrativa que recae sobre el personal de salud; los procesos de concesión de licencias, registro y acreditación altamente burocráticos y las normas, prácticas de pago y facturación de las aseguradoras.
De acuerdo con el estudio, endocrinólogos, gastroenterólogos, nefrólogos, psiquiatras y psicólogos son los especialistas más críticos, además de otros profesionales relacionados a la salud, como fisioterapeutas, terapistas respiratorios, técnicos de laboratorio y paramédicos de salud mental. Mayagüez, Arecibo, Ponce y Fajardo son las regiones geográficas donde la escasez es más aguda.
“Según el estudio, Puerto Rico enfrenta importantes necesidades insatisfechas en múltiples especialidades médicas, con una escasez provocada por el envejecimiento de la población, la alta prevalencia de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la fuerza laboral, la emigración y la distribución geográfica desigual de los proveedores”, sentenció Rodríguez de Arzola.
Esta escasez, puntualizó, reduce la capacidad hospitalaria, así como la recuperación post cirugía, el tratamiento de condiciones crónicas y el acceso equitativo en toda la isla.
Impulsan más residencias en zonas rurales
“El estudio encontró dificultades de acceso en el área rural y el centro de la isla. Lo que hemos hecho (en PHSU) es aumentar las posiciones (de residencias) disponibles, aumentando las especialidades donde hay más necesidad”, dijo la decana.
Informó que recientemente les aprobaron un TRAC Rural o programa de residencia médica acreditado por el Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Posgrado (ACGME) en Psiquiatría. Según explicó, el entrenamiento transcurrirá 49% en un hospital y 51% en facilidades de área rural, específicamente en Adjuntas, Coamo y Santa Isabel.
El fin, dijo, es que los pacientes tengan acceso a este servicio más cerca de sus hogares. Además, se busca que cuando finalicen la etapa de entrenamiento, más médicos se queden sirviendo en estas comunidades.
Comentó están solicitando otra residencia en Medicina de Familia rural, la cual sería la primera de este tipo en Puerto Rico, de aprobarse. Esta se gestionaría en el Hospital General de Castañer.
Otras áreas de escasez que también apoya la PHSU con programas de residencia son Dermatología y Ortopedia, informó al destacar el fin es contribuir a una mayor disponibilidad de servicios médicos en el sur, suroeste y central del país, áreas donde se ha identificado escasez.
Además, indicó, atienden pacientes rurales que buscan servicios en el Hospital Damas y el Sistema de Salud Episcopal San Lucas, ambos en Ponce.
“No podemos quedarnos cruzados de brazos. Tenemos que implementar estrategias para que los médicos se queden (en la isla) y sirvan a estas poblaciones (rurales)”, planteó. En total, la PHSU es el “sponsor académico” de 26 programas de residencia en el área oeste y norte del país en varias especialidades y subespecialidades, incluyendo Psiquiatría (General, de Niños y Adolescentes, de Adicción y de Consultoría y Enlace), Geriatría y Endocrinología, entre otras. También como áreas de alta necesidad de más especialistas mencionó Medicina Interna y Medicina de Familia (con programas de residencia en el Hospital Menonita de Cayey) y otro de Cirugía que esperan comenzar allí el 1 de julio.
“El Departamento de Salud ha tenido la iniciativa de priorizar el pago de programas de residencia, especialmente de residencias nuevas. Y eso ayuda mucho en lograr esto”, señaló.
Advirtió que estudios realizados por agencias acreditadoras han encontrado que un 76% de los médicos que hacen su entrenamiento en Puerto Rico se quedan luego trabajando en la isla.
Por su parte, Heralda Cortés, directora de la Clínica de la PHSU (con facilidades en la misma universidad) comentó que, además de una Clínica de Dermatología, en la PHSU tienen un neurólogo que atiende a pacientes con distrofia muscular, un endocrinólogo y un médico de familia. Además, informó que a partir de septiembre contarán con más espacios en la Clínica Dental.
“Se reciben pacientes de toda la isla. La Clínica de Dermatología solamente recibe de 100 a 150 pacientes a la semana. Estamos en proceso de reclutar más dermatólogos y otros especialistas”, dijo.
Por la alta demanda de estos servicios, comentó que el tiempo de espera para una cita en la Clínica de Dermatología está en tres a cuatro meses, en Endocrinología en tres meses y en Psiquiatría en dos meses. En cambio, para el servicio de Medicina de Familia dijo usualmente hay disponibilidad en la misma semana, mientras para Psicología están también fácilmente disponibles, así como para Neurología en pacientes de distrofia muscular.
“Pero si hay alguna situación de emergencia se trabaja (por excepción)”, indicó.
Otra facilidad consciente de la necesidad que busca abrir más programas de residencias médicas es el Hospital Damas, en Ponce. Su director médico, el doctor Miguel Magraner Suárez, informó que aguardan por la respuesta de Juntas Acreditadoras a su solicitud de abrir dos residencias más en Endocrinología y Geriatría.
Además, informó, esperan solicitar otra en Reumatología para el próximo año, mientras en el tintero queda su interés de abrir otra en Cuidado Crítico Pulmonar. Según notificó, actualmente cuentan con residencias en Medicina Interna y Medicina Transicional.
Además de ayudar con la formación médica, estas iniciativas buscan mejorar el acceso a servicios de salud, atendiendo particularmente la situación de citas médicas tardías, puntualizó.
