Por Redacción Es Noticia

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Los proyectos de energía de escala industrial representan la amenaza más latente contra la seguridad alimentaria en Puerto Rico y afectan el ambiente porque eliminan miles de cuerdas de alto valor agrícola y ecológico.

Esa fue la denuncia de una coalición de organizaciones y expertos que propusieron redirigir los fondos federales de reconstrucción a sistemas solares en los techos de estructuras existentes.

“En Salinas y Guayama hemos visto cómo arrasan con fincas agrícolas productivas para instalar proyectos de placas solares a nivel industrial. No es necesario ni recomendable sacrificar nuestros terrenos agrícolas y áreas ecológicas para esas instalaciones. Múltiples estudios proponen ubicar sistemas solares en techos y baterías para brindar mayor resiliencia a las y los clientes”, aseveró Ruth Santiago, abogada especialista en justicia ambiental y única persona de Puerto Rico nombrada al Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca.

La Coalición mencionó varios proyectos energía de escala industrial, entre ellos uno en Salinas y otro en Guánica, que no son sustentables porque requieren grandes extensiones de terreno que implican aumentar la huella de la infraestructura gris en Puerto Rico.

Mientras, David Sotomayor Ramírez, profesor de Ciencias de Suelo del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, dijo que “establecer instalaciones de generación de energía a gran escala en terrenos clasificados como agrícolas y en áreas ecológicamente sensitivas, ocuparía terrenos que se usan o pueden utilizarse para la agricultura y para la preservación de nuestros recursos naturales”.

El experto puntualizó que “otorgar permisos sin tener esto en cuenta, pone en riesgo la ya precaria situación de seguridad alimentaria que tenemos”.

El grupo expresó que pese a la falta de transparencia de las agencias, se han podido documentar más de 60 proyectos sometidos para ser seleccionados por las agencias gubernamentales. Además, el Negociado de Energía ha autorizado 16, que en conjunto, representan más de 14,000 cuerdas de valor agrícola y ecológico.

Mientras, Sotomayor Ramírez explicó que se ha documentado que Puerto Rico enfrenta una pérdida histórica de 70% del suelo para usos agrícolas desde 1966, por lo que esos proyectos agravarían más el problema.

La extensión de Puerto Rico es de  2.1 millones de acres, de los cuales 474,332 o un 22 por ciento, son clasificados como agrícolas según el censo del Departamento de Agricultura federal (USDA) en el 2018.

Sin embargo, el gobierno está obligado por ley a validar el Plan de Uso de Terrenos.  Dicho plan clasificó alrededor de 635,000 cuerdas de terrenos como Suelo Rústico Especialmente Protegidos de Valor Agrícola.  Esas áreas son exclusivamente para uso agrícola.

Representantes de la coalición recalcaron que estudios realizados por un panel de expertos en el pasado recomendó que para suplir las necesidades de una sociedad que llevase una dieta vegetariana se requerirían como mínimo 612,000, aunque para la dieta actual, la cantidad necesaria sería tres veces mayor.

Redirigir fondos federales para placas en techos

Santiago explicó que “queremos sistemas de energía solar en los techos y con capacidad de almacenamiento mediante baterías. Es ahí, a donde se deben dirigir los $9.6 mil millones de fondos de FEMA (Agencia federal de Manejo de Emergencias) y de otros programas de reconstrucción”.

Dijo que un estudio del Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía Federal concluyó que Puerto Rico tiene la capacidad para generar cuatro a cinco veces la demanda residencial de energía con la ubicación de sistemas solares en techos de estructuras existentes.

Otros estudios realizados por Cambio y IEEFA e investigadores del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, titulado “Las Metas de Energía Renovable Alcanzables”, estableció la viabilidad de esta propuesta por la cantidad del espacio en los techos, de la insolación y del recurso sol, señalaron.

Proyectos no sustantables en Salinas y Guánica

La coalición destacó que Puerto Rico debe moverse a sistemas solares en los techos para realmente ser cónsonos con las mejores prácticas ambientales. Los proyectos de energía de escala industrial no son sustentables porque requieren grandes extensiones de terreno que implican aumentar la huella de la infraestructura gris en Puerto Rico.

Los efectos de expandir la urbanización e impermeabilización de los terrenos para estos proyectos conllevan: la degradación de los suelos y del paisaje que impide los cultivos y afecta al turismo, la reducción de la capacidad para almacenar (secuestrar) carbono, afectar los abastecimientos de agua, aumentar la dependencia de comida importada del extranjero (actualmente de un 85 %) y la pérdida histórica del área agrícola.

Mencionaron que algunos de los controvertibles proyectos propuestos son:

• CIRO One Salinas LLC, en Salinas: 542 cuerdas de terreno para producir 90 megavatios a un costo de $330 millones.
• Montalva Solar Farm, en Lajas-Guánica: 2,800 cuerdas de terreno para producir 165 megavatios a un costo de $250 millones.
• Xzerta-Tec Solar I, LLC, en Hatillo: 203 cuerdas de terreno para producir 60 megavatios a un costo de $90 millones.

Los portavoces denunciaron que el costo estimado por producción de energía ronda entre los 10 y 14 centavos kilovatio por hora sin contar con los gastos de transmisión y distribución. Tienen costos adicionales como, por ejemplo, de interconexión que son reembolsables al desarrollar al menos 11.3 millones de dólares entre dos de los tres proyectos.

Falta de transparencia

Los portavoces alertaron que la evaluación de proyectos de energía ha carecido de transparencia y ha agravado el problema de falta de participación ciudadana en los procesos de planificación en Puerto Rico. Explicaron que en los pasados meses han intentado por distintos medios obtener información y llevar sus preocupaciones y su propuesta a las agencias concernidas, pero no han tenido respuesta.

Alfredo Vivoni, portavoz del Frente Unido en Pro-Defensa del Valle de Lajas, detalló que específicamente el secretario del Departamento de Agricultura y el presidente de la Junta de Planificación no han contestado sus cartas. Tampoco se ha dado paso a las querellas presentadas ante la Oficina de Gerencia de Permisos (Ogpe) y algunas mociones ante el Negociado de Energía.

“En este momento crítico necesitamos que el secretario del Departamento de Agricultura se manifieste pública, clara y decididamente a favor de la agricultura y de la protección de los terrenos agrícolas en Puerto Rico”, reclamó. “A pesar de que esta alianza le solicitó una reunión al secretario éste nunca la concedió. Existen otras opciones para el desarrollo de la energía renovable que no implican sacrificar terrenos de valor agrícola. Ante esta situación, el secretario de Agricultura no responde ante la amenaza de perder miles de cuerdas de terrenos agrícolas”, señaló Vivoni.

Añadió que existen leyes que prohíben el uso no agrícola en estos terrenos, como la Ley del Plan de Uso de Terrenos y las leyes de las reservas agrícolas. “Ni el secretario de Agricultura ni el de Recursos Naturales recurren a esas leyes para defender este recurso no renovable”, denunció Vivoni.

La agricultora agroecológica, Marissa Reyes, indicó que también solicitaron reunión a la Junta de Planificación, “porque entendemos la urgencia de que comprendan nuestra vulnerabilidad como archipiélago ante el cambio climático”.

“La pérdida de terreno agrícola aumenta nuestra inseguridad alimentaria. Vivimos tiempos urgentes y como país deberíamos aspirar a garantizar una seguridad alimentaria en el presente y el futuro desde la planificación integrada. Todavía no hemos tenido respuesta de la Junta de Planificación y estos proyectos representan una amenaza a largo plazo para la poca tierra agrícola disponible que tenemos”, recalcó Reyes.

Ante la urgente situación, la coalición de organizaciones y expertos iniciará una campaña educativa y de movilización a través de los medios de comunicación y las redes sociales con el fin de ilustrar la necesidad apremiante de proteger las tierras revirtiendo la política pública energética para que los sistemas fotovoltaicos se ubiquen en los techos de estructuras existentes, no en el suelo.

Insistieron en que la tierra, que no es un recurso renovable como otros, es la base del sustento y de los recursos naturales de las presentes y futuras generaciones. Y destacaron que Puerto Rico tiene ante sí la inmensa oportunidad de resolver la crisis energética de Puerto Rico dotando a cada estructura del país con sistemas de placas solares como se establece en la propuesta de la organización Queremos Sol y han evidenciado en la práctica los proyectos de The Alliance for Sustainable Resources Management (Amaneser 2025), Casa Pueblo, entre otros.

Exhortaron a cada persona, a cada comunidad, a seguir sus redes sociales para educarse, involucrarse y a llamar a sus líderes de gobierno, legisladores, jefes de agencia, para exigirles detener cualquier intento de construir proyectos energéticos de escala industrial en tierras agrícolas y de conservación.