GUAYANILLA – Con la llegada de la temporada pico de huracanes, empleados municipales limpian el cause del río Guayanilla.
El alcalde Raúl Rivera Rodríguez explicó que su administración recibió el permiso por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) “hace varios meses”. Sin embargo, se dilató la obra al tener que esperar por el endosos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, lo que recibieron hace dos semanas.
Empleados municipales se dieron a la tarea de limpiar el cauce, ya que esperar por el apoyo de la Guardia Nacional para la obra demorará 120 días. Esto porque, al momento, los soldados de la Guardia Nacional están trabajando en Arroyo. Luego, se dirigirán a Patillas antes de llegar a Guayanilla.
“Yo no puedo esperar 120 días”, comentó el alcalde.
La labor consiste en retirar los sedimentos acumulados por deslizamos provocados por los temblores y vegetación con maquinaria municipal de unos 300 metros en el poblado Sitios.
“Nos enfocamos primero en esta área porque ahí es que el río se sale de su cauce y entra al pueblo. Es el área de mayor devastación. Previo a esto, como teníamos el endoso de Recursos Naturales, nosotros hemos limpiado kilómetros y kilómetros de las quebradas intermitentes (cuerpos de agua que desembocan en el río) y lo eliminamos todos los vegetativos, toda la basura”, detalló.
Próximamente, la Guardia Nacional podría prestarle dos camiones, dos operadores y una máquina para agilizar el proceso. Por su parte, el municipio de San Sebastián le suministró una cavadora D7.
“No tenemos una maquinaria como la tiene la Guardia Nacional. Tenemos varias cavadoras, tenemos unos ‘loaders’, pero no tenemos una maquinaria muy grande y por eso es que vamos a un paso ligero”, explicó.
Esperando fondos para canalización
Unos $8.2 millones se asignarán en el 2022 para la canalización del río Guayanilla, anticipó Rivera Rodríguez. Los fondos serán para la fase de diseño.
“Estamos cabildeando a ver si el Cuerpo de Ingenieros nos saca un presupuesto de $189 millones en una partida de $3 mil millones a ver si se apiaden de nosotros”, manifestó.
El joven imputado de asesinar a su compañera en la madrugada de hoy -jueves- dormirá en la cárcel al no pagar la fianza de un millón de dólares que le fue impuesta.
A Rafael Bermúdez Ortiz, de 25 años y residente en Ponce, se le imputa asesinar a su compañera, identificada como Ithamary Rivera Martínez, de 23 años.
Enfrenta cuatro cargos:
Asesinato en primer grado
Tentativa de asesinato
Dos por violación a la Ley de Armas
El juez Ángel Candelario Cáliz, del Centro Judicial de Ponce, le impuso una fianza de $250,000 por cada cargo para un total de $1,000,000.
El imputado no pudo prestar la fianza y fue ingresado en el complejo correccional Las Cucharas, en Ponce.
El caso fue investigado por el agente José Pérez Montes, de la División Homicidios de Ponce y la fiscal Ruth Miriam Pérez.
El crimen fue tras alegada discusión
La fémina murió tras recibir varios disparos que supuestamente le hizo Ortiz Bermudez, quien arrastra un expediente criminal por violación a la Ley de Armas.
El ataque a disparos ocurrió en las primeras horas de la madrugada, supuestamente en el residencial público La Ceiba, en Ponce. Esto producto de una discusión entre la pareja.
“Había unas desavenencias, unas discusiones, que provocaron este acto vil”, informó el capitán Daniel Justiniano, jefe del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en Ponce.
Una amiga de la occisa- de 25 años- la sacó de la escena, pero en vez de llevarla al hospital- aparentemente confundida- entró a la marquesina de una cabaña de un motel en Juana Díaz.
“Ella no sabía del área”, indicó el capitán Justiniano sobre la acción de la amiga de tomar una ruta distinta a la del hospital. El vehículo era alquilado, se informó.
Allí, alguien llamó al Sistema 9-1-1 para alertar que había llegado una mujer con el cadáver de otra fémina en el vehículo. Los vidrios rotos del automóvil -producto del impacto de bala- hirieron a la amiga de Rivera Martínez.
Las autoridades dieron con el paradero de Ortiz Bermúdez en la urbanzación Alta Vista, en Ponce. El arma de fuego utilizado en el asesinato, además, se ocupó.
El capitán Justiniano explicó que la occisa, vecina del residencial Lirios del Sur, tenía una relación con Ortiz Bermúdez, quien también tiene niños, pero de otra relación, informó la Policía.
La Policía analiza la evidencia recuperada en la escena y grabaciones de cámaras de seguridad, indicó Justiniano.
Una jueza Marinilda Aparicio encontró causa para arrestar a Milton Rosado Liciaga por actos lascivos y maltrato contra una menor de edad.
Las agresiones ocurrieron entre el 2019 y 2020 en la escuela intermedia Tallaboa Alta, en Peñuelas, informó la Policía.
Rosado Liciaga, de 52 años y residente en Ponce, supuestamente cometió los delitos contra una adolescente que en ese momento tenía 12 años.
La agente Karen Rivera, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de Ponce, realizó la investigación junto a la fiscal Patricia Lugo.
La jueza le impuso una fianza de $50,000, la cual prestó y quedó en libertad hasta el día de la Vista Preliminar pautada para el próximo 18 de agosto.
El Gobierno anunció hoy -jueves- el inicio del programa de ayuda a familias necesitadas para el pago de su factura de energía eléctrica.
“Este subsidio sin duda ayudará a los ciudadanos elegibles a pagar sus deudas en atraso directamente con LUMA Energy”, informó la secretaria del Departamento de la Familia (DF), Carmen Ana González Magaz.
Los solicitantes deben tener una cuenta activa con el proveedor del servicio de energía.
Los fondos para este subsidio proceden del Subsidio de Energía y Crisis de Energía del Low Income Housing Energy Assistance Program (LIHEAP, por sus siglas en inglés).
“El Programa de LIHEAP, provee ayuda para satisfacer necesidades inmediatas de energía a familias que viven bajo el 150 por ciento del nivel de pobreza establecido por la, Administración de Niños y Familias, Agencia federal que otorga los fondos. Los beneficios se otorgan una vez al año”, indicó González Magaz.
Mediante el programa, el DF transfiere los fondos de manera directa a las cuentas en atraso. «Este subsidio asistirá a las familias elegibles a mitigar sus gastos económicos y familiares los cuales se han agudizados a raíz de la pandemia provocada por el Coronavirus”, indicó.
Por su parte, el administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Alberto Fradera, destacó que la ayuda se realiza mediante transferencia electrónica interagencial por medio del intercambio de datos entre la ADSEF y Luma Energy LLC y recordó a los participantes que para acceder al componente de crisis de energía todo participante debe completar una solicitud en línea.
“El pasado año aproximadamente 278,000 familias se beneficiaron de esta asistencia, lo que lo que representó un desembolso de alrededor de $20 millones. Todo individuo o familia que entienda que puede cualificar para el beneficio, puede solicitar la misma a través del portal de servicios del Gobierno de Puerto Rico, pr.gov y llenar la información correspondiente. Las familias tienen hasta el 30 de septiembre de 2021 para llenar su solicitud”, exhortó Fradera.
El Administrador de la ADSEF destacó que este año las ayudas otorgadas mediante el programa LIHEAP ascienden a sobre $16 millones, lo que permitirá que 250,000 familias se beneficien de los subsidios.
Los documentos requeridos deben someterse a través del correo ayudaenergía@familia.pr.gov. Las familias pueden consultar la lista de documentos en el portal de solicitud. Estos incluyen una factura reciente de energía, talonario de salario o certificación de ingresos, identificación con foto del solicitante, entre otros.
El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó una nueva Orden Ejecutiva 2021-062 que, entre las nuevas restricciones para atajar el coronavirus, obliga a los contratistas del gobierno que frecuenten de manera presencial su trabajo, así como todos los empleados que trabajen en sector de la Salud público o privado a estar vacunados o contar con algunas de las excepciones para no vacunarse.
También ordena a todos los huéspedes de hoteles, paradores, hospederías o alquileres de corto plazo a presentar prueba de inoculación.
La Orden establece que todo contratista del gobierno que trabaje de forma presencial tendrá que presentar evidencia de vacunación o prueba negativa semanalmente. Los que se vacunen deben terminar el proceso en o antes del 30 de septiembre.
Como en la pasada Orden Ejecutiva contra el COVID-19, las excepciones serán las personas con condición médica cuya salud pueda perjudicarse, pero deberán tener un certificado médico a esos fines certificado por un profesional de la salud. Asimismo, personas que por motivos religiosos decidieron no vacunarse tendrá que ser certificado mediante declaración jurada del líder de su congregación o denominación religiosa. Sin embargo, deberán presentar pruebas negativas de COVID-19 o prueba positiva con certificado médico de recuperación.
“Como he dicho en otras ocasiones estamos ante una emergencia de salud pública mundial y está en cada uno de nosotros protegernos y por tanto proteger a nuestra comunidad. Todos tenemos que remar juntos en la misma dirección para vencer este virus. Estas estrategias de vacunación, así como las acciones del Departamento de Salud haciendo pruebas por todo Puerto Rico, llevando las vacunas a zonas remotas y exigiendo las mascarillas en espacios cerrados o en lugares donde existen aglomeraciones, son esenciales para combatir el COVID-19. Continuamos monitoreando el avance de los contagios y no descartamos tomar medidas adicionales, tales como limitar horarios de actividades públicas y comerciales o reducir la capacidad permitida en los establecimientos. Todos tenemos que cooperar”, sentenció.
El Gobernador hizo el anuncio durante una conferencia de prensa convocada a mediodía de hoy, cuando el Departamento de Salud reportó 5 muertes, 235 personas hospitalizadas y sumó a las estadísticas otros 558 casos de COVID-19.
Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo que “continuamos la lucha para hacerle frente al COVID-19. Mientras haya personas sin vacunar, vamos a continuar viendo escenarios como el de las últimas dos semanas; aumento de contagios y nivel de posibilidad alta. Sin embargo, en nuestra misión de salvaguardar la salud de todos los ciudadanos en la Isla nos dirigimos a tomar medidas importantes de seguridad. La exhortación es la inmunización mediante la vacuna contra el virus, lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento y protegeremos para cuidar a los nuestros. Es nuestra responsabilidad comunitaria. Queremos controlar la pandemia, pero necesitamos la cooperación de toda la ciudadanía”.
El Secretario de Salud dio a conocer una enmienda a Reglamento Núm. 138-A para establecer como requisito para la expedición de Certificados de Salud en Puerto Rico, presentar la tarjeta de vacunación contra el COVID-19. “A partir de hoy toda persona que requiera un certificado de salud deberá estar vacunado contra el COVID-19 para obtenerlo”, indicó.
En el caso de las instalaciones de salud, se requerirá la vacunación o en la alternativa una prueba negativa de COVID-19 semanalmente a todos los empleados. Esto incluye, pero no se limita, a hospitales, laboratorios clínicos, oficinas médicas, centros de salud y de terapias, bancos de sangre, farmacias. Este requerimiento es extensivo a todos los que laboran en centros de cuido diurno o prolongados de adultos mayores.
En torno a la industria turística, los huéspedes de hoteles-paradores-hospederías incluyendo los alquileres de corto plazo a través de plataformas como AIRBNB/VRBO/Join a Join entre otras tendrán de igual forma que presentar evidencia de vacunación o prueba negativa de COVID-19. En el caso de turistas que llegaron a Puerto Rico con prueba negativa de COVID-19 y su estadía se prolonga por más de una semana, tendrán que realizarse otra prueba.
Este requerimiento es extensivo a los empleados de los hoteles-paradores y hospederías, quienes deberán tener su ciclo de vacunación completado antes del próximo 30 de septiembre. De hecho, Pierluisi y Mellado recomendaron a los concesionarios de estos establecimientos que apliquen reglas como esta a sus empleados.
Cada agencia o empresa será responsable de asegurar el cumplimiento de esta Orden y de no cumplirla se exponen a multas de hasta seis meses de cárcel, multa que no exceda $5 mil o ambas a discreción del Tribunal.
“Reiteramos nuestra recomendación a las otras Ramas de gobierno, corporaciones públicas, municipios, establecimientos privados y comerciales a adoptar esta Orden Ejecutiva de forma voluntaria”, concluyó Pierluisi.
La cifra de personas vacunadas contra el coronavirus era hoy de:
2,165,315 con al menos una dosis
1,898,330 con la serie completada
Más temprano, el Gobernador hizo unas expresiones de que los esfuerzos gubernamentales van dirigidos a que las personas se vacunen:
«Las estadísticas lo que demuestran es que la gran mayoría de las personas que están en los hospitales son personas no vacunadas y los que fallecen son personas no vacunadas», dijo.
El Departamento de Educación no avaló el Proyecto del Senado 44, que busca establecer un número máximo de estudiantes por salón en las escuelas públicas por entender que tiene un impacto presupuestario en las arcas de esa agencia.
“Como maestra que fui del DE reconozco que para nosotros los docentes poder tener una matrícula más reducida resulta necesario y apropiado para mejorar los resultados de la educación que impartimos y hacerla más efectiva…Nuestro país vive un momento histórico sin precedente, estamos de frente a un inicio escolar que vaticina grandes retos curriculares y de infraestructura”, destacó la senadora Ada García Montes, presidenta de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura.
Félix Pérez, representante del secretario interino, Eliezer Ramos Parés, durante una vista pública, expresó que “la presente medida, tal y como está redactada, presenta serios desafíos y los impactos adversos que esta tendría para el Departamento, y por ende, para su ejecución. Primeramente, la implementación de una medida como esta, representaría un impacto presupuestario indeterminado para las arcas del Departamento”.
Señaló que el presupuesto de cada escuela se realiza, entre otros aspectos, cónsono con la cantidad de estudiantes por salón. “El trastocar este elemento, imponiendo un máximo de estudiantes por salón, implicaría que el Departamento tenga que habilitar más salones, y por ende, emplear un presupuesto mayor en cada plantel. La medida no contempla una asignación presupuestaria para poder cumplir con su ejecución, en caso de convertirse en ley”, indicó Pérez.
El PS 44 establecería un máximo de estudiantes por salón desglosado de Pre-Kindergarten a Tercero 12 estudiantes por salón; de Cuarto a Sexto 13 estudiantes; de Séptimo a Noveno 14 estudiantes y de Décimo a Duodécimo 15 estudiantes.
La Presidenta de la Comisión preguntó al DE cuál es la cantidad de estudiantes por salón idónea para la agencia.
Wendy Colón, ayudante especial del Secretario del DE, explicó que 16 estudiantes o menos es la cantidad máxima de alumnos que debe haber para el pre-kinder; 25 estudiantes o menos de kinder a tercero; 30 estudiantes o menos de cuarto a duodécimo y 25 estudiantes en las escuelas especializadas de kinder a duodécimo.
Colón reconoció que “hay más estudiantes de lo requerido por el DE en un salón, la escuela hace la petición a la región educativa y posteriormente, a recursos humanos (en el caso que tenga que dividirse el grupo)”. Igualmente, resaltó que hay una cantidad limitada de maestros certificados y parte del proceso de nombramientos está lento y no les llegan candidatos con las cualificaciones necesarias.
Por otro lado, la presidenta de la Federación Maestros, Mercedes Martínez, avaló la medida y explicó que “la reducción de estudiantes por salón se hace actualmente más necesaria que nunca, si queremos hacerle justicia a nuestros estudiantes que han visto interrumpido su proceso educativo por desastres naturales, la pandemia y un gobierno que no pudo garantizarle al estudiantado los equipos tecnológicos, ni acceso gratuito a internet de marzo a diciembre 2020″.
«El permitir en tiempos de pandemia que haya hasta 28 estudiantes en un salón, de primer grado a tercer grado y hasta 30 estudiantes de cuarto grado a cuarto año, es sumamente peligroso”, advirtió.
Por su parte, Roberto Rivera, director de Asuntos Legislativos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), reconoció los méritos de la medida, pero señaló que el impacto fiscal que pudiera tener es indeterminado.
“Al reducir estudiantes en los salones de clases, provocaría un alza en el número de maestros, salones, servicios educativos y en el caso de aquellos que pertenecen al Programa de Educación Especial el aumento podría ser aún más ya que requieren servicios especializados y adicionales”, indicó.
Un hombre enfrenta cargos criminales por maltratar y amenazar a su pareja en Ponce, reportó la Policía.
El acusado fue identificado como Israel Santana Otero de 56 años.
Las autoridades relataron que el pasado viernes -30 de julio- Santana Otero amenazó de muerte a la fémina de 47 años. Posteriormente, intentó tirarla de un balcón del segundo piso donde viven.
Los hechos ocurrieron en el residencial Dr. Pila en Ponce.
Por lo tanto, la fiscal Ruth M. Pérez instruyó a radicar cargos por tentativa de asesinato y violencia doméstica.
Al hombre se le impuso una fianza global de $75,000.
Por cuanto no prestó la fianza, el juez Ángel Candelario Cáliz ordenó su ingreso a la cárcel Las Cucharas de Ponce.
Un hombre enfrenta cargos por, presuntamente, haber golpeado y agredido sexualmente a su pareja.
Según se informó, el imputado -identificado como Alex C. Quiñonez Ortiz-cometió la agresión el 3 de agosto.
La querellante -de 37 años- relató que el agresor la emprendió contra ella, golpeándola con las manos en diferentes partes del cuerpo y la amenazó con un arma blanca. Luego de esto, cometió la agresión sexual, ocasionándole lesiones que requirieron atención médica.
No se precisó la condición de la perjudicada.
El individuo enfrenta cargos criminales por violencia doméstica, violación a la Ley de Armas, agresión y restricción a la libertad.
Al acusado se le impuso una fianza de $300,000, que no prestó.
Quiñonez Ortiz fue fichado e ingresado en la cárcel Las Cucharas de Ponce.
La Policía informó la ocupación de sustancias ilícitas durante una intervención que realizó a las 7:35 p.m. de ayer -miércoles- en la calle Duda, en Aguadilla.
En la intervención detuvieron a dos jóvenes, de 17 y 18 años, respectivamente.
Al hombre de 18 años, se le ocupó:
84 ‘decks’ de heroína
41 bolsas de ‘crack’
25 bolsas de cocaína
2 bolsas de marihuana
$333.00 en efectivo
El menor llevaba 1 bolsa 3×3 con marihuana y $758.00 en efectivo.
El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien citó las partes para fecha posterior.
Trabajadores de la Oficina Central de Servicios Legales de Puerto Rico detendrán sus labores hoy -jueves- a las 11:00 de la mañana, para exigirle al patrono la negociación de convenio colectivo, así como los beneficios adquiridos durante cuatro décadas.
Leticia Ortiz Matías, presidenta de la Unión de trabajadores de Servicios Legales (UITSL), denunció -en declaraciones escritas- que la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico “ha aprovechado la pandemia para mantenerlos (a los empleados) sin convenio colectivo y rebajarles sus salarios con el fin de obligarlos a entregar beneficios”.
Según Ortiz Matías, el convenio colectivo se comenzó a negociar hace dos años con la Corporación de Servicos Legales de Puerto Rico, dirigida por la licenciada Hadassa Santini Colberg, sin embargo “el patrono ha demostrado una actitud intransigente y hostil en la mesa de negociaciones”. Asegura que la organización sin fines de lucro ha dilatado el proceso en un “intento de reducir y eliminarle los beneficios que datan de 40 años sin razón justificada”.
“Resulta insólito que el llamado Bufete de los Pobres, pretende empobrecer a sus trabajadores. El patrono durante este estado de emergencia a causa del COVID-19 ha violentado las condiciones de trabajo al dejar de pagarles unos bonos que son parte de sus salarios, esto a pesar de que nuestros trabajadores se mantuvieron laborando remoto y presencial durante esta pandemia”, dijo Ortiz Matías.
Sostuvo, además, que la Corporación no ha experimentado ninguna reducción en sus asignaciones presupuestarias y ha recibido ayudas económicas adicionales durante la emergencia provocada por el COVID-19.
