El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, anunció el viernes, la renuncia del vicealcalde, Heriberto Acevedo.
“Entendemos las razones de esta decisión, que pospuso por años, el Vice-Alcalde. Esta ciudad y su alcalde le guardará al compañero Acevedo un profundo agradecimiento, por todos los asuntos importantes, que atendió durante sus funciones, entre ellas la limpieza del Río Yagüez”, dijo Rodríguez Rodríguez en comunicación escrita.
“Éxito y mis mejores deseos para él y su querida esposa Mabel”, indicó.
La renuncia fue sometida para ser efectiva el 30 de junio y aceptada para terminar funciones el 15 de julio de 2021.
“No es necesaria, una posición para servir y con ese compromiso de servicio, el compañero Acevedo, continuará colaborando, con Mayagüez. Mi agradecimiento también al licenciado Samuel González”, indicó Rodríguez.
El comisionado interino del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, solicitó hoy -viernes- el desistir del acercarse y bañarse en playas en la zona Sur y Oeste debido al paso cercano del huracán Elsa.
“Se trata de que todo se convierte en un área de peligro cuando nos emiten este tipo de información que, aunque no tenemos un sistema que nos va a afectar, sí las condiciones marítimas nos van a afectar”, dijo Correa Filomeno al tiempo que exhortó a no acudir a las playas para evitar incidentes.
Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres sostuvo que estarán atentos a cualquier situación que ocurra.
“El plan de trabajo continua de la manera que está especificado. Estamos atentos al huracán y si tenemos que ajustar lo haremos”, dijo Torres.
De otra parte, el comisionado del Cuerpo de Emergencias Médicas, doctor José Antonio Colón Grau dijo que están preparados.
“Hemos reforzado la presencia en el área sur y en el área este y oeste. Estaremos disponibles para la población”, aseguró el funcionario.
El gobernador Pedro Pierluisi pidió tiempo a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para buscar lo que denominó «alternativas fiscalmente responsables» que aseguren los pagos a los pensionados.
Las expresiones fueron en respuesta a la demanda que presentó la JSF contra el gobierno para que se anule la Ley 7-2021, conocida como ‘Ley de Retiro Digno’.
Pierluisi:
«La política pública de mi administración siempre ha sido clara en cuanto a los recortes a las pensiones de los retirados del Gobierno de Puerto Rico. Mi compromiso es proteger y honrar las pensiones».
«Firmé la Ley de Retiro Digno para reiterar mi posición en cuanto al sistema de pensiones del gobierno. Reconozco que la ley tiene disposiciones que son significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal Certificado y que hay una controversia con la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) en cuanto a la viabilidad de la misma».
«Por consiguiente, le cursé ayer una carta a la JSF en la que le solicité tiempo para buscar alternativas fiscalmente responsables que aseguren los pagos a nuestros pensionados actuales y garanticen una pensión justa a los empleados que laboran en el gobierno desde antes del año 2000, quienes contaban con un compromiso de una pensión definida».
«Entiendo que no es necesario litigar en este momento y así lo haremos saber al tribunal. Al mismo tiempo, me voy a continuar enfocando en buscar las soluciones a esta controversia que protejan a nuestros pensionados y que sean fiscalmente viables. Seguiré el curso de trabajo para presentar las medidas legislativas necesarias y resolver esta controversia en beneficio de Puerto Rico y su gente».
“La Ley 7 le hace la falsa promesa de un ‘retiro digno’ a los empleados retirados del gobierno mediante mayores beneficios que Puerto Rico no puede pagar”, expresó el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel, al anunciar la radiación de la demanda.
La Junta de Control Fiscal (JCF) demandó al Gobierno para que se anule la Ley 7-2021, conocida como ‘Ley de Retiro Digno’.
“La Ley 7 le hace la falsa promesa de un ‘retiro digno’ a los empleados retirados del gobierno mediante mayores beneficios que Puerto Rico no puede pagar”, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel en comunicación escrita.
“La Ley 7 resulta en todo lo contrario a un ‘retiro digno’; pondría en peligro los beneficios de retiro en el futuro, ya que la ley no puede ni podrá financiar adecuadamente lo que promete. Puerto Rico permanece en una crisis fiscal y la implementación de la Ley 7 descarrilaría el progreso logrado en alcanzar una reestructuración de deuda consensuada, prolongaría la bancarrota, resultaría en inestabilidad fiscal y retrasaría la recuperación”, indicó.
La demanda incluye al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, en su capacidad oficial; a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF); al presidente del Senado, José Luis Dalmau, en su capacidad oficial como representante del Senado; y a Rafael Hernández Montañez, en su capacidad oficial como presidente de la Cámara de Representantes.
El gobernador aprobó la Ley 7 el 9 de junio de 2021, pero certificó, por medio de AAFAF, que la ley es “significativamente inconsistente” con el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico de 2021.
La certificación del gobernador señala que la ley podría violar varias otras disposiciones de PROMESA, incluyendo la autonomía de la Junta de Supervisión (Sección 108(a); implementar una reprogramación de fondos gubernamentales sin la aprobación de la Junta de Supervisión (Sección 204 (c)), y modificar miles de millones de dólares de deuda sin la aprobación de la Junta de Supervisión, (Sección 207).
Según Skeel, la Ley 7 debe ser anulada porque le prohíbe al Gobierno cooperar con cualquier plan de ajuste que contradiga las disposiciones de la Ley 7, incluido el Cuarto Plan de Ajuste Enmendado presentado el 29 de junio de 2021. La negativa del Gobernador a confirmar que no implementará la ley, y la negativa de la Legislatura a derogar cualquier parte de la ley deja a la Junta de Supervisión sin otra opción que recurrir al litigio.
Esta ley establece un nuevo Fideicomiso de Pensiones que probablemente resultará insolvente para el 2053, y posiblemente mucho antes.
La ley 7 revierte además las políticas de pensiones de los gobiernos anteriores, que fueron diseñadas para promover la sostenibilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital, regresándonos así a la mala administración fiscal que resultó en niveles insostenibles de deuda y la bancarrota de Puerto Rico.
El estatuto restablecería los planes de beneficios definidos fallidos del pasado, en efecto, eliminaría el actual sistema PayGo y las cuentas de contribución definida implementadas por la Ley 106-2017, señalaron.
Asimismo, la ley aumentaría la deuda de las pensiones del Gobierno en unos 17,000 millones de dólares hasta el año fiscal 2049, y propone pagarlo al desviar los fondos designados para el servicio de la deuda sin demostrar que dichos fondos serán suficientes para satisfacer estas obligaciones. Por lo tanto, es inconsistente con el mandato de PROMESA para que Puerto Rico logre la responsabilidad fiscal.
La Ley 7 intenta además dictar los términos de un plan de reestructuración de la deuda que invalidaría el acuerdo consensuado propuesto por la Junta de Supervisión para reducir la deuda de Puerto Rico de 35,000 millones a 7,000 millones de dólares y ahorrar a Puerto Rico casi 60,000 millones de dólares en pagos del servicio de la deuda al prohibir que el gobierno haga uso de recursos para ayudar a alcanzar y hacer posible cualquier plan de ajuste que difiera de los requisitos de la Ley.
“Durante cuatro años, la Junta de Supervisión, el gobierno de Puerto Rico, los retirados y los acreedores han estado negociando para llegar a un acuerdo consensuado que permitiría a Puerto Rico salir de la bancarrota”, dijo por su parte, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF.
“Esta ley descarrilaría ese progreso y podría resultar en años de estancamiento y litigios. La Ley 7 no le conviene a nadie, ni a los trabajadores gubernamentales retirados ni a los puertorriqueños que trabajan con ahínco”, añadió.
Por último, Jaresko señaló que la Ley es incompatible con las disposiciones de PROMESA, las cuales otorgan a la Junta de Supervisión la autoridad exclusiva para proponer o modificar un plan de ajuste. Destacó que también perjudica y frustra los propósitos de PROMESA al obstaculizar la capacidad de la Junta de Supervisión de proporcionar un método para que Puerto Rico logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital.
El Centro Nacional de Huracanes (CNH) con sede en Miami, Florida, ubicó al huracán Elsa -en el boletín de las 11:00 am.- en la latitud 13.4 grados norte, longitud 61,2 grados oeste.
Sobre Puerto Rico esperan precipitaciones de 1 a 3 pulgadas de lluvia con cantidades localizadas de 5 pulgadas cerca de la medianoche del viernes y madrugada del sábado. Esta lluvia puede conducir a inundaciones repentinas aisladas y a pequeñas inundaciones de río, junto con el potencial de deslizamientos de barro.
El huracán Elsa se mueve hacia el oeste-noroeste cerca de 29 millas por hora (mph) (46 km / h), y este movimiento se espera que continúe durante los próximos días, con alguna disminución de la velocidad de avance esperada el domingo por la noche.
El fenómeno atmosférico se alejará de las Islas de Barlovento durante las próximas horas, se moverá por el Este del Mar Caribe más tarde hoy viernes y esta noche, y se moverá cerca de la costa sur de La Española el sábado por la noche.
El domingo, se pronostica que Elsa se moverá cerca de Jamaica y partes del este de Cuba, y cerca de partes del centro y oeste de Cuba el domingo por la noche y el lunes temprano.
Los vientos máximos sostenidos están cerca de 75 mph (120 km / h) con mayores ráfagas. Se pronostican pocos cambios en la fuerza durante los próximos 48 horas. Es posible una disminución de los vientos el lunes, ya que Elsa interactuará con Cuba.
Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 25 millas (35 km) desde los vientos centrales y con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 140 millas (220 km). El aeropuerto de Hewanorra en Santa Lucía informó recientemente vientos sostenidos de 46 mph (74 km / h) y una ráfaga de viento de 79 mph (127km / h).
La presión central mínima estimada es de 995 mb (29,39 pulgadas).
Ahora hay una advertencia de huracán en vigor para la parte sur de Haití, desde Puerto Príncipe hasta la frontera Sur con República Dominicana.
El Servicio Meteorológico de República Dominicana ha emitido un Alerta de huracán para la costa sur de la República Dominicana desde Punta Palenque a la frontera con Haití, un Aviso de Tormenta Tropical para la costa sur desde Cabo Engaño hasta la frontera con Haití, y una Vigilancia de Tormenta Tropical para la costa norte desde Cabo Engaño hasta Bahía de Manzanillo.
El Gobierno de Jamaica ha emitido una alerta de huracán y tropical Advertencia de tormenta para Jamaica.
El Centro Nacional de Huracanes (CNH) en Miami, en Florida, informó en el boletín de las 5:00 a.m. que la tormenta tropical Elsa se fortaleció y se convirtió en el primer huracán de la temporada 2021 con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora.
A eso de las 7:45 de la mañana, el sistema se encontraba en la latitud 12.9 Norte y longitud 59.8 Oeste a unas 20 millas de Barbados.
El huracán categoría 1 tiene vientos máximos sostenidos de 75 mph, y se mueve rápidamente a 28 millas por hora en dirección al oeste-noroeste.
Según el CNH, se espera que las bandas exteriores de lluvia impacten a Puerto Rico en la tarde del viernes y el sábado.
Inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra son posibles.
Los gobiernos de Barbados, San Vicente y Granada emitieron una alerta de huracán.
GUÁNICA – A poco más de un mes para que inicie el curso escolar los estudiantes de este pueblo comenzarán otro año escolar -lo que sería un quinto semestre- sin pisar un salón de clases.
Maquinaría de demolición aun trabaja en la tarea de derrumbar lo que quedó en pie el 6 de enero de 2020 cuando un terremoto, con miles de secuelas, sacudió ese costero pueblo del sur.
El alcalde Ismael Rodríguez confirmó que tardará unos meses en los que se instalan los prometidos módulos que servirán de plantel escolar a los niños guaniqueños.
Los meses de encierro por la pandemia del coronavirus no ayudaron a aligerar el proceso para que el Gobierno ofreciera a esos estudiantes la educación como lo tendrán los niños del resto del país.
“En los terrenos de la escuela Agripina Seda ya se adjudicó la subasta; se supone que la compañía haya comenzado los trabajos. Hemos visto el movimiento, aunque lento y todo lo demás, pero esperamos que en los próximos días (inicie la instalación de módulos)”, indicó el Alcalde.
“Obviamente para el mes de agosto las escuelas modulares no estarán. Las fechas que nos han indicado en el Departamento de Educación, sería para finales del mes de septiembre”, lamentó.
Explicó que en los que ocurre la instalación de los módulos y terminan de demoler -lo que le terremoto destruyó hace 18 meses- “nos encontramos en discusión y conversación” con el Departamento de Educación para conocer “cómo se estará trabajando” para que los niños puedan iniciar sus clases en agosto.
Informó que serán unos 28 módulos los que estarán instalando en ese municipio donde la población ha mermado grandemente debido a la situación de los sismos. El costo de esos módulos provisionales, hasta donde dijo tener conocimiento, ronda los $6.8 millones.
Explicó que en la escuela Franklin Delano Roosevelt también los trabajos están retrasados porque hubo problemas con la asignación de dinero y cuando pedían cotizaciones se encontraron “una diferencia abismal” y recién llegaron a un acuerdo y esperan que los trabajos puedan comenzar en los próximos días.
El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, anunció hoy -viernes- que, a partir del próximo semestre que inicia en agosto, eliminarán las deudas de los estudiantes por concepto de matrícula, cuotas y penalidades. La determinación tiene el propósito de asegurar que puedan continuar sus estudios universitarios a pesar de los retos provocados por la pandemia del COVID-19.
El alivio económico aplica a los estudiantes, subgraduados y graduados, matriculados en la UPR desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por coronavirus el 13 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.
Los estudiantes no tendrán que demostrar necesidad económica, se informó.
“Tomamos esta determinación toda vez que las regulaciones del American Rescue Plan amplían el uso de los fondos federales asignados a las instituciones de educación superior. Hemos dialogado con los rectores y rectoras a los efectos de cumplir con esta encomienda utilizando la partida de los fondos asignados a la institución, conforme a la disposición federal. Estos deberán realizar el análisis correspondiente para sufragar las deudas estudiantiles de acuerdo con los fondos asignados a cada recinto y unidad”, indicó Haddock.
“Continuaremos identificando e informando las oportunidades disponibles a nivel institucional y externamente. Para nosotros es importante que los estudiantes puedan continuar sus estudios en nuestra institución y estamos comprometidos con brindarles todas las ayudas posibles”, sostuvo el presidente mediante una comunicación oficial dirigida a la comunidad universitaria.
Además, la UPR cuenta con un nuevo programa de ayudas económicas que beneficia al 80% de los estudiantes, ya que permite sufragar la totalidad de los créditos de matrícula mediante fondos institucionales y federales.
Para obtener más información, los estudiantes podrán comunicarse, a partir de agosto, con la oficina a cargo de las cuentas por cobrar en los recintos y unidades.
GUÁNICA – Norberto Lugo Rodríguez presta atención cada vez que transita un camión frente a su casa con la esperanza de que sea de la empresa LUMA Energy.
“Cada vez que pasa un camión yo pienso que son los de LUMA y, estoy pendiente a ver. A veces estoy horas y horas, a ver si viene alguien, y nadie llega”, lamentó el hombre residente en el barrio La Joya, en Guánica.
Desde febrero, Lugo Rodríguez vive sin energía eléctrica. Cientos de llamadas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y ahora a LUMA Energy, han sido infructuosas.
La situación se complica porque Lugo Rodríguez tiene un hijo de crianza que es paciente de cáncer en el intestino y no puede vivir con él porque su casa no tiene el servicio de energía eléctrica.
“Todo es por mi hijo. Si fuera por mí, me alumbraba con velas”, expresó. “Ya no puedo más. Tengo un hijo enfermo y él quiere venir aquí, a la casa, y no puede”, lamentó el hombre.
Iván Rodríguez Acosta tiene 31 años y un diagnóstico de cáncer en el intestino Tipo 2.
La primera vez que fue ingresado en el hospital, para recibir tratamientos por supuestas úlceras, su estadía duró 22 días. “Cuando lo vi, pensé que se me moría”, dijo Lugo Rodríguez sin poder evitar que sus ojos se le pusieran llorosos.
Iván tuvo que buscar donde albergarse. Un amigo le abrió las puertas de su casa, en Ponce.
Mientras, a la espera del servicio de energía eléctrica para regresar a su casa en el barrio La Joya. Al no tener electricidad no puede conectar nevera ni abanicos para el calor.
Además, para ventilarla debe abrir las ventanas de par en par y le resulta insostenible descansar con tantos mosquitos.
“Desde el (pasado) 9 de abril he estado llamando (para que provean el servicio)”, precisó Lugo Rodríguez antes de mostrar evidencia escrita de las fechas y gestiones que ha realizado para la conexión de energía eléctrica.
Explicó que la primera semana de marzo solicitó el servicio de energía eléctrica. Los celadores de la AEE que acudieron a atender la situación le informaron que no podían completar los trabajos porque la obra era “invasiva”, ya que tenían que conectar un cable desde el poste que queda al otro lado de la calle hasta el techo de su casa. Pasaron los meses y la brigada nunca regresó para conectar el cable.
Lugo Rodríguez fue citado varias veces a las oficinas de la AEE en respuestas de sus continuas llamadas para que atendieran el caso. Ni las visitas ni las múltiples llamadas a la AEE tuvieron resultado.
Cuando LUMA Energy asumió la administración de la AEE, en junio pasado, personal de la empresa le indicó que tenían que esperar 10 días para la llegada de brigadas, porque estaban “atrasados en los trabajos”.
A los 10 días, Lugo Rodríguez volvió a llamar y fue citado a la oficina nuevamente. Sin embargo, recibió por respuesta el que estaban “esperando equipo que no tenían”.
“(Me dijeron) ‘lamentablemente va a tener que buscar otro lugar para llevar a (Iván) hasta que se arregle la situación, porque esto va a tardar bastante’. Me comunicó una señora una vez (me dijo) ‘mientras más llames, más se van a tardar porque a ellos no les gusta que estén molestando tanto’; así me dijo”, relató incrédulo por la respuesta de la empleada.
El municipio tampoco le ha brindado ayuda. Lugo Rodríguez no recibió ayuda por parte de la administración municipal y la respuesta fue que no tenían generadores de energía disponibles para los ciudadanos.
“Con una planta, aunque se vaya la luz, por lo menos puedo seguir”, comentó sobre una casa que también sufrió daños con los sismos que estremecieron a Guánica, en enero de 2020.
La situación continúa complicándose para esta familia. A la falta de energía eléctrica se suma que el plan médico no cubre todas las necesidades de Iván, como las medias de compresión, medicamentos y dieta.
“Aún no sé si la sangre le van a cobrar o no, porque dijeron que eso había que buscar donadores para la sangre”, dijo el hombre que trabaja a tiempo parcial como paramédico y también en una panadería.
Si la situación no mejora, Lugo Rodríguez considera mudarse a otro municipio o a los Estados Unidos. “Esto es inaceptable; tanto tiempo sin luz”, subrayó el hombre.
Iván, quien antes del diagnóstico trabajaba en una sucursal bancaria en Ponce, es uno de los cinco hijos de Lugo Rodríguez, tres de crianza y dos biológico: uno de 15 años y otra de 14 años.
Norberto Lugo Rodríguez expresó frustracción a la espera del servicio de energía eléctrica que necesita su hijo paciente de cáncer.
